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EE.UU.Y RUSIA DEBEN DAR EJEMPLO EN EL CONTROL DE ARMAS

Estados Unidos enfrenta el urgente desafío de limitar este año la proliferación nuclear y así reducir el nivel de las armas nucleares en el mundo. El logro de estos objetivos es fundamental para un siglo de paz.  El Presidente Barack Obama ha emprendido diversas iniciativas para reducir los arsenales de armas nucleares estadounidenses y rusos y disuadir a los Estados que han adquirido armas nucleares a renunciar a ellos y poner fin a la producción de material bélico con fines militares, reforzar las medidas para que nunca se utilicen las armas nucleares, evitar que las nuevas  tecnologías caigan en manos de los terroristas y promover el uso pacífico de la energía nuclear.

A finales de septiembre del año pasado, los líderes de las Naciones Unidas y la cumbre del G-20 en Pittsburgh se comprometieron a todos estos objetivos. Sin embargo, en medio de esas reuniones, el Presidente de los EE.UU. Barack Obama, el Primer Ministro británico Gordon Brown y el presidente francés, Nicolas Sarkozy revelaron que Irán ha estado construyendo en secreto una instalación de enriquecimiento nuclear con el potencial de producir uranio para armamento.
Los EE.UU. y Rusia deben liderar el mundo en la reducción de los riesgos asociados con las armas nucleares. Ya que poseen el 96 por ciento de las armas nucleares del mundo, pueden, en conjunto, reducir significativamente hasta las más bajas reservas, mientras que al mismo tiempo, serian un ejemplo para otros estados y catalizar el progreso en los acuerdos multilaterales.
En los EE.UU., los acuerdos internacionales que regulan el tamaño y la composición de las defensas nacionales a menudo han sido objeto de controversia, y un nuevo tratado de armas estratégicas y el Tratado no será la excepción. Arms control and nonproliferation agreements earn the support of the citizenry and Congress only when a president makes a convincing case that such treaties are in the national interest. El control de armamentos y los acuerdos de no proliferación pueden ganar el apoyo de la ciudadanía y el Congreso sólo cuando un presidente hace un caso un convincente manifiesto de que esos tratados son de interés nacional. El nuevo tratado de armas estratégicas, que sigue siendo un trabajo en progreso, han despertado ya las expresiones de escepticismo o la franca oposición de los legisladores claves y líderes de opinión. La ratificación de ambos será la de la ventaja internacional de los Estados Unidos.
El Tratado es especialmente importante para el objetivo de reducir las armas nucleares. Su ratificación por los EE.UU. y de otros ocho países, vera fortalecer el régimen mundial de no proliferación de muchas maneras. Buscando activamente la ratificación, los EE.UU. será más capaz de persuadir a la no proliferación nuclear de los Estados miembros del Tratado de levantar las barreras más fuertes contra la adquisición de armas nucleares. Ratificado el Tratado será importante agilizar la aprobación de más rigurosos controles de exportación, medidas de protección contra el robo de materiales peligrosos y los conocimientos técnicos y las medidas para impedir la propagación de las instalaciones de enriquecimiento y reprocesamiento. Implantación de un sistema de vigilancia internacional del Tratado incrementarán significativamente la capacidad nacional de EE.UU. para detectar pruebas nucleares secretas en todo el mundo. También obstaculizan la capacidad de los países con armas nucleares a desarrollar y desplegar sistemas nucleares más avanzados, incluyendo la adopción de medidas para minimizar y otra forma más fácil de usar su capacidad ofensiva nuclear.
La ratificación de un nuevo tratado de armas estratégicas y el Tratado será difícil. La administración tendrá que convencer al Senado que los dos acuerdos son estratégicos,  para mejorar la seguridad estadounidense y la seguridad mundial. Con respecto a este Tratado, la ratificación será necesario abordar las preocupaciones - que garantice la seguridad y la fiabilidad de las reservas nucleares de los EE.UU. - que llevó varios años de servicio aún a los senadores a votar en contra del tratado hace una década.
El éxito de Obama en la gestión de la política nacional de defensa y la diplomacia será un factor importante en su efectividad como un líder mundial en los próximos años. Se organizará una cumbre mundial de la seguridad nuclear en Washington en abril, con el objetivo de reforzar la determinación internacional para combatir el contrabando nuclear y el terrorismo. En mayo, los EE.UU. será un participante clave en una conferencia en Nueva York, en la que los 189 Estados miembros del TNP se revise su situación y las perspectivas. Cuando el TNP entró en vigor en 1970, se tenía intención de limitar el número de estados con armas nucleares a cinco (los EE.UU., la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China). Desde entonces, tres estados que nunca firmaron el TNP, han adquirido armas nucleares (India, Israel y Pakistán). In addition, North Korea violated its treaty obligations and exploded two crude devices. Además, Corea del Norte ha violado sus obligaciones en virtud de tratados. Sospecha de armas nucleares de Irán pone de relieve el peligro del programa de desintegración del régimen mundial de no proliferación, con consecuencias potencialmente desastrosas.
Evitar el peligro requiere múltiples y coordinadas acciones sostenidas durante muchos años por venir, pero la ratificación de un  nuevo tratado de reducción de armas con Rusia en el 2010 y el compromiso del Senado ayudará. Por ejemplo, un nuevo acuerdo de reducción de armas dará contenido a restablecer la relación Estados Unidos-Rusia, y que, a su vez, podría traducirse en una posición más constructiva de Rusia a Irán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en otros lugares. El progreso en el Senado, el Tratado hará avanzar la credibilidad de EE.UU. a los esfuerzos para poner los controles sobre las armas nucleares.
A fin de garantizar que el proceso START no se detiene con el tratado que suceda, los EE.UU. deberían pedir a Rusia un compromiso con el seguimiento de las negociaciones que hará avanzar los objetivos a corto plazo de las reducciones significativas en las fuerzas estratégicas, la mejora de la "estabilidad de crisis" ( menos probabilidad de que las armas nucleares se utilizarían en una confrontación política o militar) y una mayor transparencia (intercambio y acceso a la información acerca de las capacidades de ambos lados).
El seguimiento a las nuevas armas estratégicas han tratado de inducir la disminución de los niveles y la dependencia de las armas nucleares de todos los rangos, incluyendo las armas nucleares tácticas en las que Rusia tiene una ventaja considerable.
A largo plazo, el proceso debe iniciar conversaciones con China, Francia y Gran Bretaña para comprender mejor las condiciones de transparencia y verificación, puesto que ayudará a hacer que en un régimen multilateral de control de armamentos.
El tratado sucesor debería - tanto en lo que los mandatos y en lo que permite - reforzar los compromisos de defensa de los Estados Unidos a sus aliados, incluida la disuasión extendida.
Si bien el tratado bilateral, los EE.UU. y Rusia deberían alentar las negociaciones entre otras potencias nucleares (China, Gran Bretaña, Francia, India y Pakistán), estas reiteran su apoyo conjunto a los esfuerzos internacionales para inducir a Corea del Norte para reunirse con el TNP como un no-Estado con armas nucleares e Irán a cumplir con sus obligaciones como Estado no miembro nuclear del TNP.
Si bien el tratado que suceda sólo tratará de las armas estratégicas ofensivas, los EE.UU. y Rusia deben establecer en los futuros debates para negociar la regulación de las defensas de misiles a fin de preservar la estabilidad de la disuasión mutua.
Dado que los debates sobre el nuevo tratado y TPCE, es probable que se superpongan en el tiempo y el contenido, la secuencia de su presentación para su ratificación será un cálculo complejo y consecuente de la administración. Sería útil que se avance en el Senado el Tratado antes de la conferencia de examen del TNP en mayo, pero la consideración de prioridad debe ser contar con suficientes votos afirmativos en el Senado - incluso si eso significa postergar la ratificación hasta el otoño o más tarde - ya que una segunda derrota para el tratado sería un golpe devastador, tanto para los EE.UU. y para la causa de la no proliferación.

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LA MEDIDAS CONCRETAS DE WASHINGTON DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DE SUS POSICIONES POLITICO-MILITARES EN LA REGION SOBRE TODO EN MARCO DE LA CAMPAÑA ANTITERRORISTA.

El contexto internacional se caracteriza por ser un período de transición generalizado, donde convergen una tendencia al multipolarismo, el unipolarismo militar, la globalización con la resultante de una creciente interdependencia (globalismo en el terreno eco­nómico, militar, medioambiental, social y cultural), una tercera revolución tecnológica en un entorno interdepen-diente y transnacionalizado, la inme­diatez de las comunicaciones, y el resurgimiento de conflictos que, aunque latentes, estuvieron sumergidos en el contexto bipolar, entre otros. Convergen una pugna por insertarse en espacios geoeconómicos y geopolíticos en un mundo mar­cado por la multidimensionalidad, y una inseguri­dad generalizada que resulta en un incremento de la complejidad e incertidumbre. La desaceleración de la economía global y las crisis financieras eran parte del paisaje global en que Estados Unidos redefinían sus intereses de se­guridad, la política exterior y las prioridades de la misma.

El atentado terrorista al WTC y el Pentágono -el 11 de septiembre de 2001- marca un punto de inflexión decisivo en el sistema internacional y resulta en una recomposición de las alianzas en el ámbito global, donde lo que primará serán los intereses particulares y específicos de cada uno. Paulatinamente, a partir del impacto mismo del hecho que evidenció la vulnerabilidad estadouni­dense y de un intenso y fluido debate interno en la lógica de una guerra de posiciones, van con­formándose alianzas puntuales de gran movilidad dentro de la administración Bush. Los Estados Unidos llevaron a la conformación de una coali­ción, lo que indica que ni siquiera una superpo­tencia puede estar sola. El intenso debate inter­no y el manejo de opciones desembocó, a quince días del atentado terrorista al WTC y el Pentágo­no, en una definición que venía perfilándose: para Estados Unidos, el desarrollo de una guerra irre­gular prolongada. Esta definición requiere, a su vez, de un cambio en la percepción de amenaza, que ya se está produciendo y va desde lo global a lo individual y un cambio en la definición del enemigo. Todos los elementos mencionados ten­drán un impacto en las relaciones interame­ricanas.

Impacto en las relaciones interamericanas

La incertidumbre que se deriva de un contexto internacional en transición se refleja en las rela­ciones interamericanas, tradicionalmente carac­terizadas por el escaso interés de Estados Uni­dos en el continente y por una política que sigue estando determinada por el factor crisis. En la lógica geopolítica, la Cuenca del Caribe -por su cercanía geográfica y niveles de interdependen­cia- tendrá prioridad, en tanto que el Cono Sur tendrá una importancia relativamente menor.

Los elementos básicos que guían la política exterior estadounidense son el mercado y la de­mocracia, y el desarrollo de la cooperación. La Administración Clinton no contaba con un diseño de política exterior y ésta más bien se desarrolló en términos ad hoc. El tema de la defensa de la democracia, como veta ideológica, estaba en el trasfondo del papel que ha jugado –y siguen jugando- Estados Unidos en la reformulación del sistema interamericano, lo que fue evidente en la ocupación de Haití, con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. El comercio ha tenido una coherencia y continuidad, y en este plano, la Cumbre de las Américas (1994) abría una dinámica múltiple en la que se destacaba el ALCA como prioridad y en la cual no estaban ausentes los temas vinculados a la seguridad y defensa.

Pasan a primer plano conflictos que estaban sumergidos en el contexto bipolar: problemas étnicos, migratorios, drogas y narcotráfico, terrorismo y conflictos tradicionales, como son los relacionados con las fronteras. La tendencia será a la solución de los conflictos por la vía de la negociación y la mediación: es el caso de Ecuador – Perú, Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas, las medidas de confianza entre Chile y Argentina, y la mediación de la OEA en el caso de los problemas suscitados entre Nicaragua y Costa Rica a partir de derechos de navegación en el río San Juan. En el caso de Colombia, la mediación de un grupo de países latinoamericanos y europeos se desarrolla con características diferentes y extremadamente complejas y de más largo plazo.

La agencia de política exterior en el hemisferio

La política hemisférica de Estados Unidos –con su secuencia de atención esporádica- y los diversos procesos de integración con sus respectivos impactos, generaban planteamientos en cuanto a un posible fraccionamiento del hemisferio en zonas diferenciadas. En esta lógica, “América del Norte crecerá económicamente y mantendrá la estabilidad política, sobre la base del TLCAN y a la relación con México, y a la paridad del TLCAN con América Central y El Caribe. Los países andinos pueden estancarse económicamente y deteriorarse políticamente. Los países del Cono Sur elegirán avanzar con la expansión y profundización del MERCOSUR”.

La agenda de seguridad está sesgada por convergencias y contradicciones entre Estados Unidos, como potencia hegemónica, y América Latina y el Caribe. Son comunes los temas de la droga y el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la migración, los problemas del medio ambiente, la no-proliferación de armamento avanzado, la seguridad nuclear, las medidas de confianza mutua, la gobernabilidad y la estabilidad. En el terreno militar, los temas principales se relacionan con el rol y la modernización de las fuerzas armadas, las relaciones civil-militares, la participación en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Desde el punto de vista estadounidense, los desastres naturales son calificados actualmente de “soft tretas”. El tema de los desastres naturales es lo suficientemente universal como para unir a todo el continente, sobrepasando las preocupaciones en torno a posibles injerencias en los asuntos internos. Inciden también problemas de antigua data y aquellos derivados de la integración (fronteras, aduanas, etc.). La reestructuración y homologación de los sistemas judiciales, el intercambio y articulación entre los aparatos policiales y militares, el intercambio de inteligencia, etc., en la perspectiva de enfrentar problemas que son de carácter transnacional –el crimen organizado y el narcotráfico y delitos conexos, entre otros ha sido una parte importante de la cooperación impulsada en el marco intrahemisférico.

La Administración de G.W. Bush daba continuidad a la política hemisférica establecida, aunque los matices son importantes en este caso. El enfoque hacia la región se iniciaba con un discurso que parecía indicar la prioridad de América Latina en la política exterior. Sin embargo, el enfoque ha sido selectivo: México como país frontera y NAFTA; el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) como proyecto geocomercial, y Colombia como problema de seguridad nacional. En el terreno multilateral, el avance en la reconstrucción del sistema interamericano (OEA, TIAR, JID, etc.) seguía su curso matizado por contradicciones y convergencias en el seno del mismo. Es en este punto que se produce el atentado terrorista al WTC y el Pentágono.

La campaña antiterrorista impulsada por Estados Unidos parecía relegar a la región a un esca lón aún más remoto en el rango de prioridades de la política exterior estadounidense. La agenda de política exterior cambia de acento y de priori­dades y los temas relacionados con la seguridad -la agenda negativa- pasan a un primer plano. El eje en términos de seguridad no será el narcotráfico, sino el terrorismo, que se articulará con el narcotráfico, tráfico de armas, fronteras, y otros temas de la agenda.

Los efectos de los problemas sociales en las sociedades latinoamericanas y caribeñas -pobre­za, marginalidad, minorías descontentas, proble­mas étnicos, falta de justicia social- son elemen­tos medulares a considerar en el marco hemis­férico que tienden a crear inseguridad y podrían derivar en inestabilidad. En la medida en que las tensiones provocadas por los problemas mencio­nados se prolonguen en el tiempo, se incrementan las probabilidades de que se generen nuevos con­flictos. Desde Estados Unidos se reconocía que «la vasta mayoría de los latinoamericanos han experimentado poco o ningún mejoramiento en las condiciones de vida (...). Los recientes pro­blemas económicos han alimentado el desempleo, crimen y pobreza, minando el compromiso con el libre mercado y la liberalización económica.

Surgen preocupaciones, entre algunos obser­vadores, en cuanto a que América Latina vuel­va a recurrir a los gobiernos autoritarios y, en este sentido, los ejemplos son Perú y más recien­temente Ecuador, donde finalmente se llegaron a soluciones que tuvieron «alguna semblanza con la continuidad constitucional», desplazando en el tiempo una problemática cuyo nudo medular persiste y que no es sólo atribuible a la falta de reformas económicas, sino a las características de las mismas. Desde la administración estado­unidense se planteaba que los militares latinoa­mericanos estaban conscientes de que la inter­vención militar abierta en conflictos internos oca­sionaría condena y sanciones internacionales. Para Estados Unidos, la dinámica latinoamerica­na y caribeña constituía una llamada de atención al reconocer que «la desigualdad del ingreso es más grande en esta región que en ninguna otra” Al mismo tiempo, las crisis financieras y la pau­latina desaceleración de la economía global con­tribuían crear inseguridad económica.

América Latina y el Caribe: problemas y retos

En América Latina y el Caribe, el problema cen­tral de la falta de equidad y desequilibrio inmenso entre la riqueza, el ingreso y el poder, el proble­ma de la educación y la brecha tecnológica que se incrementan, “las tensiones entre las ventajas de la integración global en términos económicos y políticos y los riesgos de la vulnerabilidad; el conflicto entre las exigencias del capital y la in­versión y los de la equidad; las contradicciones entre los imperativos políticos y la liberalización económica; las contradicciones entre las deman­das de las élites económicas y los reclamos de la población (...) requieren de la maestría política para construir y mantener las coaliciones nece­sarias y manejar estas tensiones y retos exitosamente, cuestión bastante escasa hoy”. La crisis de los partidos políticos, la falta de con­fianza en la democracia y el desplazamiento del desarrollo como parte del esquema económico social, las tensiones derivadas de la inserción in­ternacional y el ALCA, constituyen elementos del contexto regional -con el consiguiente impacto en el hemisferio- que pueden desembocar en una espiral de inestabilidad.

Colombia. Con un conflicto interno de casi me­dio siglo, Colombia ha pasado a ser un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. En el contexto de la sociedad colombiana con­vergen cuatro capas armadas: las Fuerzas Armadas, la guerrilla, los narcotraficantes y los paramilitares. Cabe recordar que históricamen­te los movimientos armados tienen su origen en las milicias campesinas de autodefensa y que -en el caso de las FARC y el ELN- controlan una parte considerable de territorio del país. El quinto elemento en este escenario son los asesores mi­litares estadounidenses que, según todo parece indicar, habría que incluirlos en el análisis como «capa armada”.

La instrumentación del eje militar del Plan Co­lombia implicaba que Estados Unidos, de hecho, estaban cumpliendo una función operacional. La asistencia estadounidense durante la administra­ción Clinton estuvo condicionada por factores domésticos relacionados con el Ejecutivo y el Congreso y también con las elecciones presi­denciales. La administración demócrata solicita­ba US$ 1,27 millones en el 2000, para los dos años siguientes, destinados a apoyar el Plan del Presidente Pastrana para “enfrentar el narcotráfico, restablecer la responsabilidad fiscal, y lograr un acuerdo de paz”, con el tema derechos humanos como condicionante en lo que se refiere a asistencia militar. El Plan Colombia se transformaba en una de las principales prioridades para la Administración Clinton, y se articulaba también con el FMI, el Banco Mundial y el BID. Se trataba de un paquete de ayuda que ponía el acento en la dimensión militar, cuestión que provocaba reacciones cautelosas en Europa. Cabe señalar que el apoyo al proceso de paz en Colombia, por parte de la Unión Europea, se concretaba en E$ 350 millones destinados al apoyo al proceso de paz, orientados a la detección de las causas de la guerra, la protección de los derechos humanos y el apoyo a las víctimas del conflicto, en la lógica de un “laboratorio de paz”. De acuerdo con una resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2001, el Plan Colombia contiene aspectos que son contrarios a las estrategias de cooperación y proyectos en que se compromete la Unión Europea.

América Latina, aunque dividida sobre el tema, tendía a inclinarse por la opción de la negociación. Un elemento a considerar es el volumen y las características de una progresiva asistencia militar que –a partir del levantamiento de la condicionalidad con respecto a los derechos humanos- puede incrementar y prolongar la guerra. La posibilidad de un desbalance estratégico regional con repercusiones difícilmente controlables, redundarían negativamente en la estabilidad hemisférica. El temor más generalizado en el continente se relaciona con la posibilidad de que el conflicto cobre una dimensión regional y se expanda a través de la multiplicidad de fronteras comunes en el área, con imprevisibles consecuencias para Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. De hecho, el desplazamiento de población, el contrabando, los traficantes de droga, etc., a través de las fronteras es ya un hecho.

La administración Clinton intentaba, a partir de la gira de la Secretaria de Estado Madelaine Albright por algunos países de América latina, recabar apoyo y dispar las reservas de la región relacionadas con la política estadounidense hacia Colombia, así como también lograr el apoyo de Brasil –y su participación- en algunos escalones del Plan Colombia, cuestión que no tuvo éxito. El canciller brasileño L.F. Lampreia declaraba que su país “no (tiene) el mismo grado de compromiso de Estados Unidos en el programa de combate al narcotráfico en Colombia” y apoyaba el proceso colombiano de paz y consolidación democrática “de acuerdo con la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

De otra parte, desde algunos sectores se planteaba que no había una propuesta de América Latina que contribuyese a la pacificación en el caso colombiano y la interrogante era si la región podría o debía asumir un papel a partir de los organismos multilaterales. América Latina, por su parte, alertaba contra la militarización implícita en el Plan Colombia y apoyaba mayoritariamente la solución negociada del conflicto. El creciente involucramiento estadounidense en el conflicto colombiano partía del argumento del combate al narcotráfico, pero su lógica subyacente se ubicaba en una neocontrainsurgencia. La administración de G. W. Bus agregaba la Iniciativa Regional Andina como puntal al Plan Colombia, solicitando US$882,29 millones al presupuesto del Departamento de Estado para el 2002. Se incluían en esta solicitud US$ 731 millones para financiar el proyecto de la Iniciativa Andina Antidrogas.

Las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla seguían un curso complejo en el que incidían la dinámica de la política interna colombiana, la política exterior estadounidense y el impacto en la política colombiana y hemisférica de los atentados terroristas ocurridos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre y el contexto internacional. Como resultado de dichos atentados y la readecuación de la postura de Estados Unidos en el plano de la seguridad y defensa, el Plan Colombia no sólo se mantendrá sino que se reajustará acorde con la situación contingente y los intereses de Estados Unidos en esta etapa.

La cuestión está en si el conflicto en Colombia será utilizado para impulsar la redefinición de un esquema de seguridad hemisférica a partir de una acción en el terreno. El nudo medular y la interrogante con respecto a Colombia es la posibilidad de una intervención y sus modalidades –una intervención humanitaria en la lógica de la OTAN o una invocación del TIAR, puesto que el enfrentamiento irregular ya se está produciendo, o una intervención “militar-humanitaria” como en Afganistán- y en qué medida los avances de la negociación pudieran desplazar en el tiempo una escalada en la regionalización del conflicto.

Venezuela. El apoyo masivo a Hugo Chávez en Venezuela resultaba de la alineación política y falta de esperanzas, el desgaste de los partidos políticos tradicionales, la corrupción y la necesidad de cambio. La propuesta del presidente Chávez rescataba el ideal bolivariano combinado con una visión nacionalista del que no están ausentes rasos del más tradicional populismo militar latinoamericano, con rasgos geopolíticos y geoeconómicos. En este sentido, son relevantes, en lo interno, la idea de los ejes de equilibrio (el eje Apure-Orinoco) y, en lo externo, una tendencia a una expansión de las alianzas y a retornar intereses que tradicionalmente estuvieron presentes en la proyección venezolana, como son las relaciones con Brasil y con el Caribe. El eje geopolítico se traduce, además, en el proyecto de Constitución para la V República que “... considera nulos los tratados, sentencias arbitrales o concesiones que puedan disminuir la integridad territorial” y también en lo que se refiere a las riquezas naturales. En este sentido, cabe recordar la importancia del petróleo para Venezuela y la iniciativa del presidente Chávez con respecto a la OPEP, sus visitas a Irak y Libia y, no menos importante, su rol como abastecedor de petróleo a Estados Unidos. En un sentido amplio, “Venezuela se abre al mundo sin hacer excepciones” y en el marco hemisférico, ALCA es percibida como “una invitación”.

El presidente H. Chávez enfrentaba problemas en el terreno económico, el fraccionamiento de su base de apoyo en el terreno del Movimiento V República y de los militares que lo apoyaron en el intento de golpe de 1992. Los sucesivos triunfos electorales reafirmaban el mandato del presidente Chávez y aunque no lograba la mayoría absoluta en el legislativo, aseguraba la continuidad del proceso que, acompañado de un crecimiento de la economía del 2.5%, en la primera mitad del 2000 y el incremento de los precios del petróleo, beneficiaba al grueso de la población venezolana que vive en la pobreza. El proceso venezolano, se orienta a una reestructuración de la sociedad, venezolana o a un nuevo contrato social. Mientras el Presidente Chávez mantenga el apoyo popular y la economía funcione, Estados Unidos no abandonarán su política de observar la evolución del proceso muy de cerca.

El petróleo es un tema medular en este contexto y Venezuela es uno de los principales abastecedores de Estados Unidos en el hemisferio. A pesar de la airada reacción estadounidense frente a las declaraciones del Presidente venezolano en su gira por algunos países miembros de OPEP, la tendencia general es a no crear roces insalvables. Un elemento favorable es la reciente evaluación del gobierno estadounidense en lo que se refiere a la positiva colaboración de Venezuela en la lucha antinarcóticos. A partir de punto de inflexión resultante del atentado terrorista al WTC y el Pentágono, Venezuela queda ubicada bajo “la más rigurosa lupa” de la diplomacia estadounidense.

México. La administración de G.W. Bush ubicaba a México en la primera línea de su discurso de política hemisférica. La problemática relacionada con la relación bilateral con Estados Unidos pasa por el TLCAN, y temas como la frontera, migración, drogas, narcotráfico y corrupción y el impacto de la desaceleración de la economía estadounidense en la economía mexicana. En el plano interno, gravita el conflicto no resuelto en Chiapas y el impacto de la contracción económica a nivel nacional.

El triunfo electoral de Vicente Fox, en un contexto donde los contrastes económicos y sociales son altamente polarizados, tuvo mucho de voto de castigo al PRI, cuestión que fue subrayada en la votación en Chiapas. La dinámica que se iniciaba, en la cual ningún partido tenía la mayoría congresional, se caracterizaba por la reestructuración de las alianzas, ya que sin una amplia coalición de centroderecha sería difícil que el nuevo presidente gobernase. El presidente V. Fox mantenía la política económica sin cambios sustanciales, e incluía algunas medidas de “ingeniería empresarial” y paliat ivos sociales y realizaba reestructuraciones en lo que se refiere a seguridad interna, creó un ministerio de seguridad y justicia, que controla a la policía federal y la acción judicial así como también un Consejo Nacional de Seguridad. En el plano externo, se dinamizaba la proyección hacia Centroamérica a través del Plan Puebla-Panamá, y se producía un acerca­miento al MERCOSUR. En el plano multilateral, México tendía a jugar un rol mediador y a fortale­cer su proyección en la ONU. En lo que se refiere a Estados Unidos, se fortalecerá una relación que se hará cada vez más estructural y las posturas del gobierno mexicano hacia América Latina y el Caribe tenderán a ser cada vez más convergen­tes con las estadounidenses.

La propuesta del presidente V. Fox para la creación de una asociación similar a la Unión Europea entre los países que integran el TLCAN, básicamente orientada a lograr una dinámica migratoria y de flujo de fuerzas de trabajo similar a la europea, era recepcionada fría y evasivamen­te por parte de Estados Unidos y el primer minis­tro canadiense Jean Chretien, rechazaba la pro­puesta. Los términos en que se formulaba ini­cialmente el apoyo de México a Estados Unidos a partir de los atentados terroristas contra el WT y el Pentágono producía un intenso debate inter­no relacionado con los términos en que debía brin­darse dicho apoyo y se subrayaba la exclusión de fuerzas militares. El presidente V. Fox decla­raba en la ONU, en el marco de su visita a Esta­dos Unidos, la disposición de México a «partici­par, colaborar y ayudar» en un momento inter­nacionalmente complejo y en el que México aspi­ra a formar parte del Consejo de Seguridad de ONU. Los temas medulares de la agenda bilate­ral se relacionaban con la sensibilidad de la eco­nomía mexicana frente a la recesión económica estadounidense y el papel fundamental de Méxi­co como país productor de petróleo.

Panamá. En el contexto de la Cuenca del Caribe, Panamá sigue desempeñando un papel en el es­quema de seguridad de Estados Unidos. A pesar de que la propuesta para instalar un centro multi­nacional antidrogas en alguna de las bases re­vertidas no prosperó, a Estados Unidos les inte­resa mantener en el istmo una presencia tempo­ral con el carácter de «fuerza visitante», por moti­vos de adiestramiento, maniobras y actividades conexas. Cabe destacar que un elemento funda­mental subyacente en la solicitud del gobierno estadounidense para un acuerdo con Panamá que regule el status de dichas fuerzas en el istmo es el la frontera con Colombia y el incremento de la presencia militar en la región.

Caribe. En el Caribe -con sus economías peque­ñas y abiertas- gravitan problemáticas derivadas de la inserción global y regional, la posibilidad de acceder a nichos y oportunidades a partir de los espacios reales, y las ansiedades generadas por la globalización. Convergen en el plano multilateral CARICOM, CARIFORUM, los actores europeos en el marco de ACP y el reciente Acuer­do de Cotonou y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que inciden en el marco regional. La AEC combina una población de 220 millones y un PIB de US$ 600 mil millones, con un gran potencial y oportunidades de expansión del mer­cado; los vínculos comerciales y relaciones de­sarrolladas dentro de la AEC pueden ampliarse y servir a toda la región, especialmente a los pe­queños estados de habla inglesa, sentando la base para relaciones comerciales con otros paí­ses y regiones.

El banano es un problema sensible en el Cari­be Oriental. Como resultado del fin del trato pre­ferencial que se le brindaba al producto en la Co­munidad Europea por un lado y las presiones en la OMC para favorecer la producción bananera de América Central, traen a primer plano la viabi­lidad económica como problema de seguridad nacional para las pequeñas islas. En la agenda de seguridad en el área caribeña se destacan el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas, la corrupción, el transpor­te de desechos nucleares por el Mar Caribe, la actividad criminal transnacional, el incremento de la inmigración ilegal, los desastres naturales y el calentamiento global, cuestiones, todas, que requieren de un esfuerzo coordinado conjunto. La seguridad de los pequeños estados es uno de los temas medulares de la agenda del Caribe.

El Caribe enfrenta los retos de las tensiones sociales derivadas de la depresión económica, alienación política, desempleo, violencia y proble­mas sociales. La alienación política y falta de es­peranza son rasgos que se combinan con el des­gaste de los partidos políticos y la necesidad de cambio. La migración es una consecuencia y se produce un incremento de la misma, aunque con ritmos desiguales, dependiendo del país de que se trate; así, en el año 2000 se estimaba que un cuarto de millón de jamaiquinos habían emigrado al sur de Florida. En el caso de Haití, a partir de los obstáculos del llamado “ n ation building” se evidenciaba, una vez más, que el desarrollo es un elemento medular y, por otro lado, la disfuncionalidad de las políticas aplicadas hasta ahora.

En lo que se refiere al narcotráfico en el Cari­be, el Shiprider Agreement es el resultado de una perspectiva enfocada a la previsión por parte es­tadounidense, y también tiene que ver con la even­tual compactación y redistribución de tareas de seguridad en la Cuenca del Caribe. En este sen­tido, es relevante señalar que la lógica estado­unidense en el terreno de seguridad, en general, se orienta, además de la cooperación, a la dele­gación de tareas y al reforzamiento de las fuer­zas locales. Por parte del Caribe, el acuerdo es asumido puntualmente de acuerdo con la pers­pectiva específica e intereses y necesidades de cada uno de los países que lo integran.

Los efectos desastrosos del Huracán Mitch en 1998 ubicaba a los desastres naturales en el pri­mer plano de los problemas a enfrentar en la re­gión. En este sentido, se creaba en la AEC el Comité Especial de Desastres Naturales que rea­lizaba su primera reunión en Puerto España, Tri­nidad, como resultado de la importancia del tema; contaba con la participación de representantes de la Agencia para el Caribe de Respuesta ante Emergencias de Desastres (CDRA) y del Centro de Coordinación para la Prevención de Desas­tres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y delegaciones invitadas de Colombia, Cuba, Francia y México. Se creaba un grupo técnico destinado a priorizar y analizar los puntos fuertes y débiles de cada país caribeño, así como también a identificar los proyectos que dichos países estaban desarrollando y a identifi­car -con la ayuda del Fondo Especial de la AEC-las fuentes de financiamiento para desarrollar los proyectos incluidos dentro de las prioridades es­tablecidas.

Paralelamente, se planteaba la posibilidad de la creación de un centro de entrenamiento para el manejo de emergencias cuya ubicación podría ser Panamá. La propuesta parecía surgir a partir de un encuentro, en el que participaron 16 nacio­nes del Caribe, 6 de América Central, la Casa Blanca y la Federal Emergency Management Agency y expertos del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, auspiciado por el International Hurricane Center de Florida International University y el Center for Disaster Management and Humanitarian Assistance de la Universidad del sur de Florida. La iniciativa contaría con fon­dos del Banco Mundial y el apoyo de la Casa Blanca. A comienzos de agosto, se realizaba en Miami un encuentro en esta misma perspectiva con presencia de funcionarios de la Casa Blanca y agencias del gobierno estadounidense, el Co­mando Sur y representantes de la CDRA y del CEPREDENAC, que apuntaría a la concreción de una cooperación articulada en materia de de­sastres naturales en el área. La lógica de una amplia cooperación para el desarrollo debería caracterizar los esfuerzos de esta naturaleza, en la perspectiva de aplicar medidas de seguridad orientadas a la prevención y a enfrentar una es­cala de problemas generados por este tipo de al­teración atmosférica y su efecto en las ya preca­rias condiciones económicas, sociales y medio ambientales. En lo inmediato, el impacto de los mismos en América Central requería -y requiere-de un esfuerzo multilateral.

En términos comerciales, el Caribe, a través de la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Iniciative-GBI), obtenía el acuerdo final de tratamiento preferencial simi­lar al TLCAN. En el plano comercial, esta inicia­tiva ¡e proporcionaba al área preferencias adicio­nales a las ya obtenidas y, por otro lado, requería que los países elegibles instrumentasen “estric­tas y efectivas» salvaguardas aduaneras para evitar que las facilidades obtenidas fueran utiliza­das como trampolín de trasbordo a terceros paí­ses. Cabe destacar que las leyes de aduanas ya fueron enmendadas con el TLCAN, pero se hace necesaria una readecuación constante. Los países que quieran acogerse a los beneficios con­tenidos en esta ley deberán, no obstante, cumplir una serie de condiciones, entre ellas el respeto al medio ambiente, la protección de los derechos laborales, de la niñez y de los derechos huma­nos, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la observancia de la Ley de Propiedad Intelectual; así también, una serie de medidas que se inscriben en el marco de los temas vinculados a la seguridad (fronteras, aduanas, control antinarcóticos, etc.).

La realidad demográfica de la interrelación entre la Cuenca del Caribe y Estados Unidos es significativa en términos de inmigración. El grueso de los inmigrantes proviene de México, República Dominicana, Haití y Cuba. Los inmigrantes del Caribe y América Central proporcionan una fuente de ingreso significativa a sus países de origen por medio de las remesas de divisas, pero también aportan elementos que se insertan en la “agenda negativa”, como la criminalidad. Al mismo tiempo, la política y la cultura de los países de origen de los inmigrantes y de Estados Unidos están cada vez más vinculadas y el peso de los inmigrantes hispanos es cada vez más decisivo en el panorama electoral estadounidense.

Prioridades y agenda de seguridad
Los temas que van cobrando inmediatez para Estados Unidos en el hemisferio –y que son parte de la agenda global- en la perspectiva del incremento del comercio y eventualmente el Ärea de Libre Comercio para las Américas (ALCA), y que ya están presentes en la Cuenca del Caribe son: el contrabando, el tráfico de narcóticos, el tráfico de armas, la seguridad marítima, la seguridad de aeropuertos, el lavado de dinero, la seguridad de aduanas, la falsificación de documentos, el tráfico de inmigrantes, el tráfico de deshechos nucleares, los desastres naturales y los problemas relacionados con el medio ambiente. En el Caribe son especialmente relevantes por ser un área donde el turismo tiene un peso específico en la economía y donde confluyen las rutas marítimas para el comercio.

La falta de recursos, personal y tecnología, en el caso del Caribe, dificulta el enfrentamiento de algunos de los retos y amenazas que se presentan en este ámbito, de ahí que el enfoque multilateral sea un imperativo. Cuestiones como el intercambio de inteligencia son una necesidad, así como el control policial de puertos, la articulación entre aduanas, guardacostas, ejércitos y policías para enfrentar el problema de seguridad en cuanto al monitoreo de las exportaciones y del comercio. Cabe destacar que CARICOM ha fortalecido el intercambio de inteligencia con América Latina en esta dirección.

Por último, para Estados Unidos, el Caribe es una zona de trasbordo, de tránsito, en la cual aspiraba a desarrollar y fortalecer una dinámica de cooperación; sin embargo, desde el Caribe se percibía que el grueso del esfuerzo en esta dirección es básicamente caribeño. La cooperación se construye y la aplicación de la lógica de “compartir la carga” en términos tan desiguales no contribuye a una cooperación efectiva y equilibrada en temas sensibles para todas las partes.

A partir del impacto de los atentados terroristas en el WTC y el Pentágono, los desplazamientos militares y logísticos de Estados Unidos incrementan la sensibilidad de la Cuenca del Caribe dado que convergen en ella las vías marítimas de comunicación (SLOCS), los corredores aéreos, las bases e instalaciones de Estados Unidos en el área (Puerto Rico, Islas Vírgenes-USA, Antigua, Centroamérica, etc.), las diversas instalaciones militares y nucleares en la costa este y sur de Estados Unidos y los peligros que esto implica, entre otros. La situación bélica complica el escenario, afectando las rutas del turismo –rubro básico de las economías caribeñas-; a ello se agrega la amenaza de fuertes sanciones económicas a cualquier banco extranjero que no coopere con los investigadores estadounidenses, cuestión que afectará no sólo a las islas de Gran Caimán, sino a toda el área que cuenta con gran número de bancos offshore. Tanto el turismo como la banca offshore constituyen ejes fundamentales de las economías del Caribe.

En el terreno de la seguridad se planteaba que “la alternativa es hacer un llamado para combinar medidas adicionales de seguridad con una investigación cuidadosa y la detención de los responsables. Ello demanda la adhesión a los principios del derecho internacional y trabajar para alcanzar un genuino consenso internacional basado en el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas. Requiere también prestarle mayor atención a la acción de asegurar una resolución política a problemas presentes desde hace mucho tiempo en el escenario de conflictos a nivel mundial. La región debe considerar cuidadosamente qué tipo de acercamiento a esta problemática es el que mejor se adecua a sus intereses para lograr un ambiente internacional donde reinen la seguridad y la paz”. Cuba, por su parte, invocaba la necesidad de la paz y de la cooperación internacional y la reintegración de las funciones de la ONU en lo que refiere a ambas, y subrayaba que no apoyaba ni el terrorismo ni la guerra.

El paisaje multilateral
Un enfoque desde el ángulo del globalismo, la multimensionalidad, el incremento de la interdependencia y la forma en que hechos ocurridos en un área geográfica pueden influir en otra, incluye considerar los ejes multilaterales. En este sentido, son relevantes el sistema interamericano y su rearticulación, así como la Cumbre de las Américas (1994) en lo que se refiere al proceso de cumbres derivadas del mismo, como proceso paralelo. Un elemento ineludible a considerar es la hegemonía de Estados Unidos y la asimetría básica a partir de la cual se intenta conformar un nuevo sistema de seguridad. También son relevantes la diplomacia preventiva, la cooperación en temas de interés mutuo, el paradigma sentado en los Balcanes –especialmente en Kosovo- y las intervenciones humanitarias. A partir de los atentados terroristas en Nueva York y Washington se agrega el impacto de una doble amenaza en el plano internacional: el terrorismo y los efectos de la reacción de Estados Unidos.

La reformulación paulatina del sistema interamericano (OEA, JID, TIAR, etc.) había sido iniciada en la última década, con enfoques que giraban desde la defensa colectiva hacia la seguridad colectiva. El desgaste de las instancias asociadas al sistema requería de la revisión de las mismas y su sustitución, y es a partir del debate que se sucedieron diversas iniciativas que han dado –o darán- origen a nuevas instancias dentro del sistema, como CICAD y MEM, en relación con drogas y narcotráfico, y la Comisión de Seguridad Hemisférica, que deberá brindar una nueva definición de seguridad. Se dieron algunos pasos en este sentido, aunque no exentos de contradicciones con Estados Unidos, fundamentalmente derivadas de la asimetría que caracteriza las relaciones intrahemisféricas.

El tema de la seguridad humana, propuesto e impulsado por Canadá, tenía su espacio en el sistema interamericano e incluía la seguridad humana en las Américas y la reestructuración del sistema interamericano a la luz de las Cumbres de las Américas y el fortalecimiento y modernización de la OEA, como temas del diálogo entre jefes de delegación. Cabe considerar que el tema de la seguridad humana, como concepto emergente, despierta reacciones encontradas: Estados Unidos lo considera una forma de fortalecer la postura canadiense, mientras que algunos países perciben que se trata de un enfoque no del todo desarrollado y de compleja aplicación en el mundo subdesarrollado, donde podría articularse utilitariamente a la lógica de los postulados doctrinales asociados a la injerencia humanitaria en detrimento de la promoción de la cooperación multilateral.

A pesar de las divergencias en los enfoques sobre el tema, la “seguridad humana” era un tema relevante en la III Cumbre de las Américas celebrada en Québec, en abril de 2001. La lectura del concepto por parte de los delegados de Estados Unidos incluía: (a) la necesidad de fortalecer la seguridad hemisférica regional a través de la prevención y adecuada resolución de conflictos; (b) la necesidad de prevenir y actuar adecuadamente ante catástrofes naturales; c) el fortalecimiento de la democracia, considerando la consolidación del estado de derecho, los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; d) el combate a las drogas, el crimen organizado y la corrupción; e) la incorporación de la noción de “responsabilidad social” en las prácticas de las empresas que operan en las Américas. De acuerdo con Estados Unidos, la sociedad civil organizada tiene un papel central en la construcción de esta noción de seguridad humana tal como se demostró con la aprobación, por parte de la OEA, de la estrategia interamericana para la promoción de la participación ciudadana en temas de desarrollo sostenido.

La dinámica renovadora cobraba un nuevo impulso a partir de la III Cumbre de las Américas realizada en Québec, Canadá, donde la seguridad hemisférica tenía un espacio relativamente relevante. En este terreno, el Plan de Acción reconocía a la democracia como esencial para la paz, así como también la subordinación de las fuerzas armadas y de seguridad a las autorida­des legalmente constituidas. En la perspectiva del fortalecimiento de la confianza mutua se plantea­ba realizar una Conferencia Especial sobre Se­guridad en el 2004, para lo cual la Comisión de Seguridad concluiría la revisión de todos los te­mas relacionados con los enfoques de la seguri­dad internacional en el hemisferio, tal como ha­bían sido definidos en la Cumbre de Santiago. Se planteaba la continuación priorizada de activida­des de prevención de conflictos y la solución pa­cífica de disputas; las respuestas a preocupacio­nes de seguridad y defensa tradicionales y no tra­dicionales; el apoyo a medidas para mejorar la seguridad humana; apoyar los esfuerzos de las pequeñas islas-estados en desarrollo en cuanto a su seguridad, y reconocer que la seguridad es multidimensional e incluye componentes políticos, económicos, sociales y naturales, y que las pe­queñas islas-estados habían concluido que entre las amenazas a su seguridad están la vulnerabili­dad económica, particularmente relacionada con el comercio, la susceptibilidad a los desastres naturales y el transporte de deshechos nucleares y nuevas amenazas a la salud, incluyendo el SIDA y el incremento de los niveles de pobreza, ade­más del trafico de drogas, armas ilegales, aumen­to de los niveles de corrupción y vulnerabilidad medioambiental.

Se invocó también el apoyo a la Conferencia de la ONU sobre el tráfico ilícito de armas peque­ñas y armas livianas en todos sus aspectos, rea­lizada en julio de 2001 y que llamaba a una re­unión de expertos -que antecediera a la Confe­rencia especial de Seguridad- para dar seguimien­to a las conferencias de Santiago y San Salvador sobre medidas de confianza mutua. Se estable­ció promover el apoyo financiero al Fondo para la paz de la OEA para la solución pacífica de dispu­tas territoriales y apoyar el trabajo para la y Con­ferencia de Ministros de Defensa de las Américas que tendrá lugar en Chile en el curso del año 2002. En lo que se refiere al terrorismo, se acordó apoyar el trabajo iniciado por el Comité Interamericano sobre Terrorismo (CICTE) esta­blecido a partir del Compromiso de Mar del Plata de 1998 e impulsar la cooperación hemisférica en la prevención, combate y eliminación de todas las formas de terrorismo, considerando la apro­bación del Estatuto y Plan de Trabajo del CICTE. Por último, se planteó considerar la firma y ratifi­cación o acceso -cuanto antes y de acuerdo al caso- a aquellos acuerdos internacionales rela­cionados con la lucha contra el terrorismo de acuerdo con sus respectivas legislaciones entre otros.

La aprobación de la Carta Democrática, en Lima en septiembre de 2001, se realizaba tenien­do como telón de fondo un prolongado debate en el contexto interamericano, a lo cual se agregaba el impacto de los atentados terroristas en el World Trade Center y el Pentágono. El apoyo brindado por la región a Estados Unidos -en un primer momento- se matizaba y articulaba paulatinamen­te. Cabe considerar que la cooperación y la sumi­sión no son conceptos equivalentes ni global­mente ni en el contexto hemisférico y se hace necesario establecer una diferencia.

La invocación del TIAR -propuesta por Brasil y luego apoyada por México, país que semanas antes había planteado retirarse del mismo en un plazo de tres meses- y, por ende, su superviven­cia, fue una medida pragmática, en la lógica de que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, en una coyuntura extremadamente flui­da y sensible. El debate hemisférico y la redefinición en el marco del sistema inter-ameni­cano sobre temas de seguridad seguía siendo desplazado para el 2004.

América Latina temía, a partir del legado de desconfianza entre América Latina y Estados Uni­dos, que en la redefinición de la política exterior y el cambio de prioridades, los temas de la agenda interamericana en el terreno económico y comer­cial, especialmente las negociaciones del ALCA, se postergaran, sobre todo si consideramos que el Congreso estadounidense concentrará su aten­ción en los temas generados a partir de los aten­tados. Sin embargo, cabe señalar que Estados Unidos hacían algunos movimientos tranquiliza­dores con respecto a Brasil y Argentina, entre otros.

La tendencia en América Latina es la de forta­lecer las iniciativas integradoras, la solidaridad continental, la diplomacia, el intercambio y la co­operación y las medidas de confianza mutua en la perspectiva de crear un clima favorable a la reducción de tensiones en un continente que as­pira a eliminar los factores que generan inseguri­dad y favorecer la integración en términos del in­terés común. Sin embargo, la inestabilidad laten­te en el continente, producto de tensiones en el terreno económico, político y social, podría afec­tar considerablemente esta tendencia en detri­mento del desarrollo de una cooperación en el largo plazo. Asimismo, la inseguridad generada a partir del impacto tanto de los atentados terro­ristas en Estados Unidos como de la reacción estadounidense, hacían necesario el fortaleci­miento del entorno multilateral.

Reflexiones Puntuales

La línea gruesa de la política de Estados Uni­dos hacia el hemisferio occidental fue delinea­da durante los dos períodos de la Administra­ción del Presidente W. Clinton y contó con dos ejes centrales: el mercado y la democracia, y el desarrollo de la cooperación intrahemisférica. Desde el punto de vista de la seguridad primó un enfoque que combina la lógica de las esfe­ras de influencia con la articulación geoeconó­mica global. El ejercicio de la política exterior combinó un ejercicio bilateral ad-hoc y elemen­tos del multilateralismo en el marco del pragmatismo y la flexibilidad en el manejo de crisis. En el terreno de la seguridad -en el caso de América Latina- el Plan Colombia, la diná­mica de la Cumbre de las Américas (ALCA, Conferencias Ministeriales de Defensa, etc.), y la reformulación del sistema interamericano marcan un hito.

· En lo que se refiere a la agenda de seguridad, sesgada por convergencias y contradicciones entre Estados Unidos y América Latina y el Ca­ribe, los temas son: terrorismo, drogas y narcotráfico, tráfico de armas pequeñas, corrup­ción, terrorismo, los problemas del medio am­biente y los desastres naturales, la migración, la no-proliferación de armamento avanzado, la seguridad nuclear, las medidas de confianza mutua, la gobernabilidad y la estabilidad. En el terreno militar, los temas principales se han relacionado con el papel y la modernización de las fuerzas armadas, las relaciones cívico-militares, la participación en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Inciden también proble­mas de antigua data y aquellos derivados de la integración (fronteras, aduanas, etcétera). La reestructuración y homologación de sistemas judiciales, intercambio y articulación entre apa­ratos policiales y militares, intercambio de inte­ligencia, etcétera, en la perspectiva de enfren­tar problemas que son de carácter transna­cional han sido parte importante de la coope­ración intrahemisférica establecida e impulsa­da por las sucesivas administraciones estado­unidenses en la ultima década.

· El contexto global generaba nuevas oportuni­dades para la cooperación bilateral y multilateral en el terreno económico, político, social y mili­tar, pero también nuevas amenazas y nuevos retos derivados de la globalización y de la in­serción en el marco internacional.

· La velocidad de retroalimentación entre Esta­dos Unidos y América Latina -cuestión que du­rante décadas no sucedió- y que sólo se hizo evidente en los últimos 25 años del siglo XX, incrementaba en algunos sectores la capaci­dad de comprensión sobre la región. Así, la política exterior estadounidense integraba, en los años 90, temas originados desde la agen­da latinoamericana: es el caso del tema de la «seguridad cooperativa», del ALCA, entre otros.

· Los Estados Unidos proponen, a mediados de la década del 90, que la cooperación sea el eje de su política hemisférica. El reconocimiento de la necesidad de cooperación está acompa­ñado de obstáculos. En el caso de Estados Unidos y América Latina y el Caribe un elemen­to fundamental es enfrentar con realismo el le­gado de desconfianza y fragmentación de los siglos XIX y XX, y fortalecer la confianza en 1 perspectiva de la estabilidad del continente. En este sentido, cabe considerar los encuentros desencuentros -entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe- en el marco del debaten torno a las definiciones de seguridad en u contexto asimétrico como es el contexto interamericano.

· La dinámicas de integración regional -y los procesos de apertura de fronteras comerciales impulsan la coordinación y cooperación en e terreno de la seguridad. Inciden los retos que se derivan de la eliminación de barreras comer dales (TLCAN, ALCA, MERCOSUR, CARICOM, AEC, entre otros) en cuanto a con­troles de fronteras, la función de las aduanas, las transacciones comerciales y el lavado de dinero, así como el incremento de la interre­lación e interdependencia en el nivel económi­co y financiero, entre otros. Inciden también el tránsito de fuerza de trabajo y los inmigrantes. En el hemisferio, la cooperación, la protección de los mares, del espacio, de los recursos na­turales, le otorgan al concepto de vecindad una perspectiva amplia. Los intereses comunes en torno a la protección medioambiental y las ne­cesidades compartidas de acceder al desarro­llo tecnológico, así como la voluntad política de complementarse, transforma el concepto de ve­cindad en una interrelación más compleja.

· La Cuenca del Caribe sigue siendo un área priorizada para Estados Unidos. En el caso de la subregión caribeña, se plantea que la coope­ración en el contexto del CARICOM debería cambiar, básicamente en la perspectiva de la inserción en el ALCAN, y se reiteran preocupa­ciones en torno a la seguridad de los peque­ños estados insulares, fundamentalmente re­lacionada con su viabilidad económica, cues­tión que incide en un incremento de la violen­cia como resultado de las tensiones económi­cas y sociales e inseguridad.

· En el terreno de las diferencias sobre los temas de seguridad se destacan las relacionadas con los roles y funciones de las fuerzas armadas y su compromiso directo en el combate al narcotráfico, al terrorismo o al crimen organiza­do. El papel básico de las fuerzas armadas si­gue siendo la defensa del territorio y de la sobe­ranía nacional. Por otra parte, la diferenciación entre las legítimas necesidades de defensa -y por tanto de modernización de las fuerzas ar­madas- y una carrera armamentista, es funda­mental en la perspectiva de la seguridad y la paz en el hemisferio, así como también la consi­deración de aspectos relacionados con el con­trol y la limitación del armamento.

· La tendencia en América Latina sería la de for­talecer las iniciativas integradoras, la solidari­dad continental, la diplomacia, el intercambio y la cooperación y las medidas de confianza en la perspectiva de crear un clima favorable a la reducción de tensiones en un continente que aspira a eliminar los factores que generan in­seguridad y favorecer la integración en térmi­nos de sus propios intereses. Un factor central en la perspectiva de desarrollar la cooperación es la voluntad política. Esto requiere de con­senso, convergencia de intereses y flexibilidad de todas las partes. Sin embargo, la inestabili­dad latente en el continente podría afectar con­siderablemente esta tendencia en detrimento del desarrollo de una cooperación en el largo plazo.

· La Administración de G. W. Bush pretendía dar continuidad a la política hemisférica estableci­da, con matices importantes y un enfoque se­lectivo. En este caso, el enfoque hacia la re­gión se iniciaba con un discurso y algunas ac­ciones que parecían indicar la prioridad de América Latina en la política exterior. La lógi­ca, sin embargo, ha sido selectiva: se destaca­ban el TLCAN y ALCA como proyecto geocomercial y Colombia como problema de seguridad nacional.

· El atentado al WTC y el Pentágono marca un punto de inflexión decisivo en el sistema inter­nacional y resulta en una recomposición de las alianzas en el ámbito global, donde lo que pri­mará serán los intereses particulares y especí­ficos de cada uno.

· Para Estados Unidos se trata de una guerra irregular prolongada, definición que requiere un cambio en la percepción de amenaza, el que ya se está produciendo y que va desde lo glo­bal a lo individual, y un cambio en la defini­ción del enemigo. A su vez, la lógica de la gue­rra irregular prolongada requiere de un replan­teamiento de las tareas y enfoques de las agen­cias de inteligencia y fuerzas especiales. En este sentido, los debates internos y la reestruc­turación de dichas agencias en la posguerra fría y la reciente demostración de que la tecno­logía no hace inexpugnable desembocará en una reorientación hacia las operaciones encu­biertas (covert aperatians), con el consecuen­te acento en la inteligencia humana (humint).

· La agenda de política exterior cambia de acen­to y de prioridades, y los temas relacionados con la seguridad pasan a un primer plano. En términos de seguridad, el eje será el terroris­mo, el cual se articulará con el narcotráfico, trá­fico de armas, fronteras, y otros temas de la agenda. En este contexto, algunos países van a caer en el área gris, en el «terreno de nadie».

· Los Estados Unidos articularán el apoyo en el hemisferio caso a caso, de acuerdo con las capacidades y posibilidades de cada uno en la «guerra irregular prolongada» contra el terro­rismo. Habrá que ver qué le toca a cada uno en la redistribución de tareas en el continente.

· América Latina teme, a partir del legado de desconfianza entre América Latina y Estados Unidos, que en la redefinición de la política ex­terior y el cambio de prioridades, los temas de la agenda interamericana en el terreno econó­mico y comercial, especialmente las negocia­ciones del ALCA, pasen a un segundo plano; sobre todo si consideramos que el Congreso estadounidense concentrará su atención en los temas generados a partir del atentado.

· La agenda de seguridad -la «agenda negati­va»- tiene grandes posibilidades de pasar a un primer plano con los consiguientes implícitos que esto conlleva. En cuanto a un posible in­cremento en el gasto militar y el desplazamiento de los temas vinculados a la economía y el de­sarrollo. El impacto afectará al comercio, mi­gración, economía y fronteras.

· Se mantendrá el Plan Colombia con los ajus­tes y acentuaciones adecuados a la situación contingente.

· Las consecuencias de un ataque futuro dependen de su naturaleza. Es más probable que un atentado visto como algo aislado, como la explosión del edificio gubernamental en Oklahoma City en 1995, tenga un impacto local y pasajero. Un ataque percibido como uno de varios (que involucre armas químicas, biológicas o nucleares) seria más que dañino.

Arriba

 


LOS ATENTADOS TERRORISTAS AL WTC Y EL PENTÁGONO: PUNTO DE INFLEXIÓN EN LAS RELACIONES INTERAMERICANAS

El contexto internacional se caracteriza por ser un período de transición generalizado, donde convergen una tendencia al multipolarismo, el unipolarismo militar, la globalización con la resultante de una creciente interdependencia (globalismo en el terreno eco­nómico, militar, medioambiental, social y cultural), una tercera revolución tecnológica en un entorno interdepen-diente y transnacionalizado, la inme­diatez de las comunicaciones, y el resurgimiento de conflictos que, aunque latentes, estuvieron sumergidos en el contexto bipolar, entre otros. Convergen una pugna por insertarse en espacios geoeconómicos y geopolíticos en un mundo mar­cado por la multidimensionalidad, y una inseguri­dad generalizada que resulta en un incremento de la complejidad e incertidumbre. La desaceleración de la economía global y las crisis financieras eran parte del paisaje global en que Estados Unidos redefinían sus intereses de se­guridad, la política exterior y las prioridades de la misma.

El atentado terrorista al WTC y el Pentágono -el 11 de septiembre de 2001- marca un punto de inflexión decisivo en el sistema internacional y resulta en una recomposición de las alianzas en el ámbito global, donde lo que primará serán los intereses particulares y específicos de cada uno. Paulatinamente, a partir del impacto mismo del hecho que evidenció la vulnerabilidad estadouni­dense y de un intenso y fluido debate interno en la lógica de una guerra de posiciones, van con­formándose alianzas puntuales de gran movilidad dentro de la administración Bush. Los Estados Unidos llevaron a la conformación de una coali­ción, lo que indica que ni siquiera una superpo­tencia puede estar sola. El intenso debate inter­no y el manejo de opciones desembocó, a quince días del atentado terrorista al WTC y el Pentágo­no, en una definición que venía perfilándose: para Estados Unidos, el desarrollo de una guerra irre­gular prolongada. Esta definición requiere, a su vez, de un cambio en la percepción de amenaza, que ya se está produciendo y va desde lo global a lo individual y un cambio en la definición del enemigo. Todos los elementos mencionados ten­drán un impacto en las relaciones interame­ricanas.

Impacto en las relaciones interamericanas
La incertidumbre que se deriva de un contexto internacional en transición se refleja en las rela­ciones interamericanas, tradicionalmente carac­terizadas por el escaso interés de Estados Uni­dos en el continente y por una política que sigue estando determinada por el factor crisis. En la lógica geopolítica, la Cuenca del Caribe -por su cercanía geográfica y niveles de interdependen­cia- tendrá prioridad, en tanto que el Cono Sur tendrá una importancia relativamente menor.

Los elementos básicos que guían la política exterior estadounidense son el mercado y la de­mocracia, y el desarrollo de la cooperación. La Administración Clinton no contaba con un diseño de política exterior y ésta más bien se desarrolló en términos ad hoc. El tema de la defensa de la democracia, como veta ideológica, estaba en el trasfondo del papel que ha jugado –y siguen jugando- Estados Unidos en la reformulación del sistema interamericano, lo que fue evidente en la ocupación de Haití, con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. El comercio ha tenido una coherencia y continuidad, y en este plano, la Cumbre de las Américas (1994) abría una dinámica múltiple en la que se destacaba el ALCA como prioridad y en la cual no estaban ausentes los temas vinculados a la seguridad y defensa.

Pasan a primer plano conflictos que estaban sumergidos en el contexto bipolar: problemas étnicos, migratorios, drogas y narcotráfico, terrorismo y conflictos tradicionales, como son los relacionados con las fronteras. La tendencia será a la solución de los conflictos por la vía de la negociación y la mediación: es el caso de Ecuador – Perú, Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas, las medidas de confianza entre Chile y Argentina, y la mediación de la OEA en el caso de los problemas suscitados entre Nicaragua y Costa Rica a partir de derechos de navegación en el río San Juan. En el caso de Colombia, la mediación de un grupo de países latinoamericanos y europeos se desarrolla con características diferentes y extremadamente complejas y de más largo plazo.

La agencia de política exterior en el hemisferio
La política hemisférica de Estados Unidos –con su secuencia de atención esporádica- y los diversos procesos de integración con sus respectivos impactos, generaban planteamientos en cuanto a un posible fraccionamiento del hemisferio en zonas diferenciadas. En esta lógica, “América del Norte crecerá económicamente y mantendrá la estabilidad política, sobre la base del TLCAN y a la relación con México, y a la paridad del TLCAN con América Central y El Caribe. Los países andinos pueden estancarse económicamente y deteriorarse políticamente. Los países del Cono Sur elegirán avanzar con la expansión y profundización del MERCOSUR”.

La agenda de seguridad está sesgada por convergencias y contradicciones entre Estados Unidos, como potencia hegemónica, y América Latina y el Caribe. Son comunes los temas de la droga y el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la migración, los problemas del medio ambiente, la no-proliferación de armamento avanzado, la seguridad nuclear, las medidas de confianza mutua, la gobernabilidad y la estabilidad. En el terreno militar, los temas principales se relacionan con el rol y la modernización de las fuerzas armadas, las relaciones civil-militares, la participación en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Desde el punto de vista estadounidense, los desastres naturales son calificados actualmente de “soft tretas”. El tema de los desastres naturales es lo suficientemente universal como para unir a todo el continente, sobrepasando las preocupaciones en torno a posibles injerencias en los asuntos internos. Inciden también problemas de antigua data y aquellos derivados de la integración (fronteras, aduanas, etc.). La reestructuración y homologación de los sistemas judiciales, el intercambio y articulación entre los aparatos policiales y militares, el intercambio de inteligencia, etc., en la perspectiva de enfrentar problemas que son de carácter transnacional –el crimen organizado y el narcotráfico y delitos conexos, entre otros ha sido una parte importante de la cooperación impulsada en el marco intrahemisférico.

La Administración de G.W. Bush daba continuidad a la política hemisférica establecida, aunque los matices son importantes en este caso. El enfoque hacia la región se iniciaba con un discurso que parecía indicar la prioridad de América Latina en la política exterior. Sin embargo, el enfoque ha sido selectivo: México como país frontera y NAFTA; el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) como proyecto geocomercial, y Colombia como problema de seguridad nacional. En el terreno multilateral, el avance en la reconstrucción del sistema interamericano (OEA, TIAR, JID, etc.) seguía su curso matizado por contradicciones y convergencias en el seno del mismo. Es en este punto que se produce el atentado terrorista al WTC y el Pentágono.

La campaña antiterrorista impulsada por Estados Unidos parecía relegar a la región a un esca lón aún más remoto en el rango de prioridades de la política exterior estadounidense. La agenda de política exterior cambia de acento y de priori­dades y los temas relacionados con la seguridad -la agenda negativa- pasan a un primer plano. El eje en términos de seguridad no será el narcotráfico, sino el terrorismo, que se articulará con el narcotráfico, tráfico de armas, fronteras, y otros temas de la agenda.

Los efectos de los problemas sociales en las sociedades latinoamericanas y caribeñas -pobre­za, marginalidad, minorías descontentas, proble­mas étnicos, falta de justicia social- son elemen­tos medulares a considerar en el marco hemis­férico que tienden a crear inseguridad y podrían derivar en inestabilidad. En la medida en que las tensiones provocadas por los problemas mencio­nados se prolonguen en el tiempo, se incrementan las probabilidades de que se generen nuevos con­flictos. Desde Estados Unidos se reconocía que «la vasta mayoría de los latinoamericanos han experimentado poco o ningún mejoramiento en las condiciones de vida (...). Los recientes pro­blemas económicos han alimentado el desempleo, crimen y pobreza, minando el compromiso con el libre mercado y la liberalización económica.

Surgen preocupaciones, entre algunos obser­vadores, en cuanto a que América Latina vuel­va a recurrir a los gobiernos autoritarios y, en este sentido, los ejemplos son Perú y más recien­temente Ecuador, donde finalmente se llegaron a soluciones que tuvieron «alguna semblanza con la continuidad constitucional», desplazando en el tiempo una problemática cuyo nudo medular persiste y que no es sólo atribuible a la falta de reformas económicas, sino a las características de las mismas. Desde la administración estado­unidense se planteaba que los militares latinoa­mericanos estaban conscientes de que la inter­vención militar abierta en conflictos internos oca­sionaría condena y sanciones internacionales. Para Estados Unidos, la dinámica latinoamerica­na y caribeña constituía una llamada de atención al reconocer que «la desigualdad del ingreso es más grande en esta región que en ninguna otra” Al mismo tiempo, las crisis financieras y la pau­latina desaceleración de la economía global con­tribuían crear inseguridad económica.

América Latina y el Caribe: problemas y retos
En América Latina y el Caribe, el problema cen­tral de la falta de equidad y desequilibrio inmenso entre la riqueza, el ingreso y el poder, el proble­ma de la educación y la brecha tecnológica que se incrementan, “las tensiones entre las ventajas de la integración global en términos económicos y políticos y los riesgos de la vulnerabilidad; el conflicto entre las exigencias del capital y la in­versión y los de la equidad; las contradicciones entre los imperativos políticos y la liberalización económica; las contradicciones entre las deman­das de las élites económicas y los reclamos de la población (...) requieren de la maestría política para construir y mantener las coaliciones nece­sarias y manejar estas tensiones y retos exitosamente, cuestión bastante escasa hoy”. La crisis de los partidos políticos, la falta de con­fianza en la democracia y el desplazamiento del desarrollo como parte del esquema económico social, las tensiones derivadas de la inserción in­ternacional y el ALGA, constituyen elementos del contexto regional -con el consiguiente impacto en el hemisferio- que pueden desembocar en una espiral de inestabilidad.

Colombia. Con un conflicto interno de casi me­dio siglo, Colombia ha pasado a ser un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. En el contexto de la sociedad colombiana con­vergen cuatro capas armadas: las Fuerzas Armadas, la guerrilla, los narcotraficantes y los paramilitares. Cabe recordar que históricamen­te los movimientos armados tienen su origen en las milicias campesinas de autodefensa y que -en el caso de las FARC y el ELN- controlan una parte considerable de territorio del país. El quinto elemento en este escenario son los asesores mi­litares estadounidenses que, según todo parece indicar, habría que incluirlos en el análisis como «capa armada”.

La instrumentación del eje militar del Plan Co­lombia implicaba que Estados Unidos, de hecho, estaban cumpliendo una función operacional. La asistencia estadounidense durante la administra­ción Clinton estuvo condicionada por factores domésticos relacionados con el Ejecutivo y el Congreso y también con las elecciones presi­denciales. La administración demócrata solicita­ba US$ 1,27 millones en el 2000, para los dos años siguientes, destinados a apoyar el Plan del Presidente Pastrana para “enfrentar el narcotráfico, restablecer la responsabilidad fiscal, y lograr un acuerdo de paz”, con el tema derechos humanos como condicionante en lo que se refiere a asistencia militar. El Plan Colombia se transformaba en una de las principales prioridades para la Administración Clinton, y se articulaba también con el FMI, el Banco Mundial y el BID. Se trataba de un paquete de ayuda que ponía el acento en la dimensión militar, cuestión que provocaba reacciones cautelosas en Europa. Cabe señalar que el apoyo al proceso de paz en Colombia, por parte de la Unión Europea, se concretaba en E$ 350 millones destinados al apoyo al proceso de paz, orientados a la detección de las causas de la guerra, la protección de los derechos humanos y el apoyo a las víctimas del conflicto, en la lógica de un “laboratorio de paz”. De acuerdo con una resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2001, el Plan Colombia contiene aspectos que son contrarios a las estrategias de cooperación y proyectos en que se compromete la Unión Europea.

América Latina, aunque dividida sobre el tema, tendía a inclinarse por la opción de la negociación. Un elemento a considerar es el volumen y las características de una progresiva asistencia militar que –a partir del levantamiento de la condicionalidad con respecto a los derechos humanos- puede incrementar y prolongar la guerra. La posibilidad de un desbalance estratégico regional con repercusiones difícilmente controlables, redundarían negativamente en la estabilidad hemisférica. El temor más generalizado en el continente se relaciona con la posibilidad de que el conflicto cobre una dimensión regional y se expanda a través de la multiplicidad de fronteras comunes en el área, con imprevisibles consecuencias para Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. De hecho, el desplazamiento de población, el Ocontrabando, los traficantes de droga, etc., a través de las fronteras es ya un hecho.

La administración Clinton intentaba, a partir de la gira de la Secretaria de Estado Madelaine Albright por algunos países de América latina, recabar apoyo y dispar las reservas de la región relacionadas con la política estadounidense hacia Colombia, así como también lograr el apoyo de Brasil –y su participación- en algunos escalones del Plan Colombia, cuestión que no tuvo éxito. El canciller brasileño L.F. Lampreia declaraba que su país “no (tiene) el mismo grado de compromiso de Estados Unidos en el programa de combate al narcotráfico en Colombia” y apoyaba el proceso colombiano de paz y consolidación democrática “de acuerdo con la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

De otra parte, desde algunos sectores se planteaba que no había una propuesta de América Latina que contribuyese a la pacificación en el caso colombiano y la interrogante era si la región podría o debía asumir un papel a partir de los organismos multilaterales. América Latina, por su parte, alertaba contra la militarización implícita en el Plan Colombia y apoyaba mayoritariamente la solución negociada del conflicto. El creciente involucramiento estadounidense en el conflicto colombiano partía del argumento del combate al narcotráfico, pero su lógica subyacente se ubicaba en una neocontrainsurgencia. La administración de G. W. Bus agregaba la Iniciativa Regional Andina como puntal al Plan Colombia, solicitando US$882,29 millones al presupuesto del Departamento de Estado para el 2002. Se incluían en esta solicitud US$ 731 millones para financiar el proyecto de la Iniciativa Andina Antidrogas.

Las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla seguían un curso complejo en el que incidían la dinámica de la política interna colombiana, la política exterior estadounidense y el impacto en la política colombiana y hemisférica de los atentados terroristas ocurridos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre y el contexto internacional. Como resultado de dichos atentados y la readecuación de la postura de Estados Unidos en el plano de la seguridad y defensa, el Plan Colombia no sólo se mantendrá sino que se reajustará acorde con la situación contingente y los intereses de Estados Unidos en esta etapa.

La cuestión está en si el conflicto en Colombia será utilizado para impulsar la redefinición de un esquema de seguridad hemisférica a partir de una acción en el terreno. El nudo medular y la interrogante con respecto a Colombia es la posibilidad de una intervención y sus modalidades –una intervención humanitaria en la lógica de la OTAN o una invocación del TIAR, puesto que el enfrentamiento irregular ya se está produciendo, o una intervención “militar-humanitaria” como en Afganistán- y en qué medida los avances de la negociación pudieran desplazar en el tiempo una escalada en la regionalización del conflicto.

Venezuela. El apoyo masivo a Hugo Chávez en Venezuela resultaba de la alineación política y falta de esperanzas, el desgaste de los partidos políticos tradicionales, la corrupción y la necesidad de cambio. La propuesta del presidente Chávez rescataba el ideal bolivariano combinado con una visión nacionalista del que no están ausentes rasos del más tradicional populismo militar latinoamericano, con rasgos geopolíticos y geoeconómicos. En este sentido, son relevantes, en lo interno, la idea de los ejes de equilibrio (el eje Apure-Orinoco) y, en lo externo, una tendencia a una expansión de las alianzas y a retornar intereses que tradicionalmente estuvieron presentes en la proyección venezolana, como son las relaciones con Brasil y con el Caribe. El eje geopolítico se traduce, además, en el proyecto de Constitución para la V República que “... considera nulos los tratados, sentencias arbitrales o concesiones que puedan disminuir la integridad territorial” y también en lo que se refiere a las riquezas naturales. En este sentido, cabe recordar la importancia del petróleo para Venezuela y la iniciativa del presidente Chávez con respecto a la OPEP, sus visitas a Irak y Libia y, no menos importante, su rol como abastecedor de petróleo a Estados Unidos. En un sentido amplio, “Venezuela se abre al mundo sin hacer excepciones” y en el marco hemisférico, ALCA es percibida como “una invitación”.

El presidente H. Chávez enfrentaba problemas en el terreno económico, el fraccionamiento de su base de apoyo en el terreno del Movimiento V República y de los militares que lo apoyaron en el intento de golpe de 1992. Los sucesivos triunfos electorales reafirmaban el mandato del presidente Chávez y aunque no lograba la mayoría absoluta en el legislativo, aseguraba la continuidad del proceso que, acompañado de un crecimiento de la economía del 2.5%, en la primera mitad del 2000 y el incremento de los precios del petróleo, beneficiaba al grueso de la población venezolana que vive en la pobreza. El proceso venezolano, se orienta a una reestructuración de la sociedad, venezolana o a un nuevo contrato social. Mientras el Presidente Chávez mantenga el apoyo popular y la economía funcione, Estados Unidos no abandonarán su política de observar la evolución del proceso muy de cerca.

El petróleo es un tema medular en este contexto y Venezuela es uno de los principales abastecedores de Estados Unidos en el hemisferio. A pesar de la airada reacción estadounidense frente a las declaraciones del Presidente venezolano en su gira por algunos países miembros de OPEP, la tendencia general es a no crear roces insalvables. Un elemento favorable es la reciente evaluación del gobierno estadounidense en lo que se refiere a la positiva colaboración de Venezuela en la lucha antinarcóticos. A partir de punto de inflexión resultante del atentado terrorista al WTC y el Pentágono, Venezuela queda ubicada bajo “la más rigurosa lupa” de la diplomacia estadounidense.

México. La administración de G.W. Bush ubicaba a México en la primera línea de su discurso de política hemisférica. La problemática relacionada con la relación bilateral con Estados Unidos pasa por el TLCAN, y temas como la frontera, migración, drogas, narcotráfico y corrupción y el impacto de la desaceleración de la economía estadounidense en la economía mexicana. En el plano interno, gravita el conflicto no resuelto en Chiapas y el impacto de la contracción económica a nivel nacional.

El triunfo electoral de Vicente Fox, en un contexto donde los contrastes económicos y sociales son altamente polarizados, tuvo mucho de voto de castigo al PRI, cuestión que fue subrayada en la votación en Chiapas. La dinámica que se iniciaba, en la cual ningún partido tenía la mayoría congresional, se caracterizaba por la reestructuración de las alianzas, ya que sin una amplia coalición de centroderecha sería difícil que el nuevo presidente gobernase. El presidente V. Fox mantenía la política económica sin cambios sustanciales, e incluía algunas medidas de “ingeniería empresarial” y paliat ivos sociales y realizaba reestructuraciones en lo que se refiere a seguridad interna, creó un ministerio de seguridad y justicia, que controla a la policía federal y la acción judicial así como también un Consejo Nacional de Seguridad. En el plano externo, se dinamizaba la proyección hacia Centroamérica a través del Plan Puebla-Panamá, y se producía un acerca­miento al MERCOSUR. En el plano multilateral, México tendía a jugar un rol mediador y a fortale­cer su proyección en la ONU. En lo que se refiere a Estados Unidos, se fortalecerá una relación que se hará cada vez más estructural y las posturas del gobierno mexicano hacia América Latina y el Caribe tenderán a ser cada vez más convergen­tes con las estadounidenses.

La propuesta del presidente V. Fox para la creación de una asociación similar a la Unión Europea entre los países que integran el TLCAN, básicamente orientada a lograr una dinámica migratoria y de flujo de fuerzas de trabajo similar a la europea, era recepcionada fría y evasivamen­te por parte de Estados Unidos y el primer minis­tro canadiense Jean Chretien, rechazaba la pro­puesta. Los términos en que se formulaba ini­cialmente el apoyo de México a Estados Unidos a partir de los atentados terroristas contra el WT y el Pentágono producía un intenso debate inter­no relacionado con los términos en que debía brin­darse dicho apoyo y se subrayaba la exclusión de fuerzas militares. El presidente V. Fox decla­raba en la ONU, en el marco de su visita a Esta­dos Unidos, la disposición de México a «partici­par, colaborar y ayudar» en un momento inter­nacionalmente complejo y en el que México aspi­ra a formar parte del Consejo de Seguridad de ONU. Los temas medulares de la agenda bilate­ral se relacionaban con la sensibilidad de la eco­nomía mexicana frente a la recesión económica estadounidense y el papel fundamental de Méxi­co como país productor de petróleo.

Panamá. En el contexto de la Cuenca del Caribe, Panamá sigue desempeñando un papel en el es­quema de seguridad de Estados Unidos. A pesar de que la propuesta para instalar un centro multi­nacional antidrogas en alguna de las bases re­vertidas no prosperó, a Estados Unidos les inte­resa mantener en el istmo una presencia tempo­ral con el carácter de «fuerza visitante», por moti­vos de adiestramiento, maniobras y actividades conexas. Cabe destacar que un elemento funda­mental subyacente en la solicitud del gobierno estadounidense para un acuerdo con Panamá que regule el status de dichas fuerzas en el istmo es el la frontera con Colombia y el incremento de la presencia militar en la región.

Caribe. En el Caribe -con sus economías peque­ñas y abiertas- gravitan problemáticas derivadas de la inserción global y regional, la posibilidad de acceder a nichos y oportunidades a partir de los espacios reales, y las ansiedades generadas por la globalización. Convergen en el plano multilateral CARICOM, CARIFORUM, los actores europeos en el marco de ACP y el reciente Acuer­do de Cotonou y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que inciden en el marco regional. La AEC combina una población de 220 millones y un PIB de US$ 600 mil millones, con un gran potencial y oportunidades de expansión del mer­cado; los vínculos comerciales y relaciones de­sarrolladas dentro de la AEC pueden ampliarse y servir a toda la región, especialmente a los pe­queños estados de habla inglesa, sentando la base para relaciones comerciales con otros paí­ses y regiones.

El banano es un problema sensible en el Cari­be Oriental. Como resultado del fin del trato pre­ferencial que se le brindaba al producto en la Co­munidad Europea por un lado y las presiones en la OMC para favorecer la producción bananera de América Central, traen a primer plano la viabi­lidad económica como problema de seguridad nacional para las pequeñas islas. En la agenda de seguridad en el área caribeña se destacan el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas, la corrupción, el transpor­te de desechos nucleares por el Mar Caribe, la actividad criminal transnacional, el incremento de la inmigración ilegal, los desastres naturales y el calentamiento global, cuestiones, todas, que requieren de un esfuerzo coordinado conjunto. La seguridad de los pequeños estados es uno de los temas medulares de la agenda del Caribe.

El Caribe enfrenta los retos de las tensiones sociales derivadas de la depresión económica, alienación política, desempleo, violencia y proble­mas sociales. La alienación política y falta de es­peranza son rasgos que se combinan con el des­gaste de los partidos políticos y la necesidad de cambio. La migración es una consecuencia y se produce un incremento de la misma, aunque con ritmos desiguales, dependiendo del país de que se trate; así, en el año 2000 se estimaba que un cuarto de millón de jamaiquinos habían emigrado al sur de Florida. En el caso de Haití, a partir de los obstáculos del llamado “ n ation building” se evidenciaba, una vez más, que el desarrollo es un elemento medular y, por otro lado, la disfuncionalidad de las políticas aplicadas hasta ahora.

En lo que se refiere al narcotráfico en el Cari­be, el Shiprider Agreement es el resultado de una perspectiva enfocada a la previsión por parte es­tadounidense, y también tiene que ver con la even­tual compactación y redistribución de tareas de seguridad en la Cuenca del Caribe. En este sen­tido, es relevante señalar que la lógica estado­unidense en el terreno de seguridad, en general, se orienta, además de la cooperación, a la dele­gación de tareas y al reforzamiento de las fuer­zas locales. Por parte del Caribe, el acuerdo es asumido puntualmente de acuerdo con la pers­pectiva específica e intereses y necesidades de cada uno de los países que lo integran.

Los efectos desastrosos del Huracán Mitch en 1998 ubicaba a los desastres naturales en el pri­mer plano de los problemas a enfrentar en la re­gión. En este sentido, se creaba en la AEC el Comité Especial de Desastres Naturales que rea­lizaba su primera reunión en Puerto España, Tri­nidad, como resultado de la importancia del tema; contaba con la participación de representantes de la Agencia para el Caribe de Respuesta ante Emergencias de Desastres (CDRA) y del Centro de Coordinación para la Prevención de Desas­tres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y delegaciones invitadas de Colombia, Cuba, Francia y México. Se creaba un grupo técnico destinado a priorizar y analizar los puntos fuertes y débiles de cada país caribeño, así como también a identificar los proyectos que dichos países estaban desarrollando y a identifi­car -con la ayuda del Fondo Especial de la AEC-las fuentes de financiamiento para desarrollar los proyectos incluidos dentro de las prioridades es­tablecidas.

Paralelamente, se planteaba la posibilidad de la creación de un centro de entrenamiento para el manejo de emergencias cuya ubicación podría ser Panamá. La propuesta parecía surgir a partir de un encuentro, en el que participaron 16 nacio­nes del Caribe, 6 de América Central, la Casa Blanca y la Federal Emergency Management Agency y expertos del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, auspiciado por el International Hurricane Center de Florida International University y el Center for Disaster Management and Humanitarian Assistance de la Universidad del sur de Florida. La iniciativa contaría con fon­dos del Banco Mundial y el apoyo de la Casa Blanca. A comienzos de agosto, se realizaba en Miami un encuentro en esta misma perspectiva con presencia de funcionarios de la Casa Blanca y agencias del gobierno estadounidense, el Co­mando Sur y representantes de la CDRA y del CEPREDENAC, que apuntaría a la concreción de una cooperación articulada en materia de de­sastres naturales en el área. La lógica de una amplia cooperación para el desarrollo debería caracterizar los esfuerzos de esta naturaleza, en la perspectiva de aplicar medidas de seguridad orientadas a la prevención y a enfrentar una es­cala de problemas generados por este tipo de al­teración atmosférica y su efecto en las ya preca­rias condiciones económicas, sociales y medio ambientales. En lo inmediato, el impacto de los mismos en América Central requería -y requiere-de un esfuerzo multilateral.

En términos comerciales, el Caribe, a través de la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Iniciative-GBI), obtenía el acuerdo final de tratamiento preferencial simi­lar al TLCAN. En el plano comercial, esta inicia­tiva ¡e proporcionaba al área preferencias adicio­nales a las ya obtenidas y, por otro lado, requería que los países elegibles instrumentasen “estric­tas y efectivas» salvaguardas aduaneras para evitar que las facilidades obtenidas fueran utiliza­das como trampolín de trasbordo a terceros paí­ses. Cabe destacar que las leyes de aduanas ya fueron enmendadas con el TLCAN, pero se hace necesaria una readecuación constante. Los países que quieran acogerse a los beneficios con­tenidos en esta ley deberán, no obstante, cumplir una serie de condiciones, entre ellas el respeto al medio ambiente, la protección de los derechos laborales, de la niñez y de los derechos huma­nos, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la observancia de la Ley de Propiedad Intelectual; así también, una serie de medidas que se inscriben en el marco de los temas vinculados a la seguridad (fronteras, aduanas, control antinarcóticos, etc.).

La realidad demográfica de la interrelación entre la Cuenca del Caribe y Estados Unidos es significativa en términos de inmigración. El grueso de los inmigrantes proviene de México, República Dominicana, Haití y Cuba. Los inmigrantes del Caribe y América Central proporcionan una fuente de ingreso significativa a sus países de origen por medio de las remesas de divisas, pero también aportan elementos que se insertan en la “agenda negativa”, como la criminalidad. Al mismo tiempo, la política y la cultura de los países de origen de los inmigrantes y de Estados Unidos están cada vez más vinculadas y el peso de los inmigrantes hispanos es cada vez más decisivo en el panorama electoral estadounidense.

Prioridades y agenda de seguridad
Los temas que van cobrando inmediatez para Estados Unidos en el hemisferio –y que son parte de la agenda global- en la perspectiva del incremento del comercio y eventualmente el Ärea de Libre Comercio para las Américas (ALCA), y que ya están presentes en la Cuenca del Caribe son: el contrabando, el tráfico de narcóticos, el tráfico de armas, la seguridad marítima, la seguridad de aeropuertos, el lavado de dinero, la seguridad de aduanas, la falsificación de documentos, el tráfico de inmigrantes, el tráfico de deshechos nucleares, los desastres naturales y los problemas relacionados con el medio ambiente. En el Caribe son especialmente relevantes por ser un área donde el turismo tiene un peso específico en la economía y donde confluyen las rutas marítimas para el comercio.

La falta de recursos, personal y tecnología, en el caso del Caribe, dificulta el enfrentamiento de algunos de los retos y amenazas que se presentan en este ámbito, de ahí que el enfoque multilateral sea un imperativo. Cuestiones como el intercambio de inteligencia son una necesidad, así como el control policial de puertos, la articulación entre aduanas, guardacostas, ejércitos y policías para enfrentar el problema de seguridad en cuanto al monitoreo de las exportaciones y del comercio. Cabe destacar que CARICOM ha fortalecido el intercambio de inteligencia con América Latina en esta dirección.

Por último, para Estados Unidos, el Caribe es una zona de trasbordo, de tránsito, en la cual aspiraba a desarrollar y fortalecer una dinámica de cooperación; sin embargo, desde el Caribe se percibía que el grueso del esfuerzo en esta dirección es básicamente caribeño. La cooperación se construye y la aplicación de la lógica de “compartir la carga” en términos tan desiguales no contribuye a una cooperación efectiva y equilibrada en temas sensibles para todas las partes.

A partir del impacto de los atentados terroristas en el WTC y el Pentágono, los desplazamientos militares y logísticos de Estados Unidos incrementan la sensibilidad de la Cuenca del Caribe dado que convergen en ella las vías marítimas de comunicación (SLOCS), los corredores aéreos, las bases e instalaciones de Estados Unidos en el área (Puerto Rico, Islas Vírgenes-USA, Antigua, Centroamérica, etc.), las diversas instalaciones militares y nucleares en la costa este y sur de Estados Unidos y los peligros que esto implica, entre otros. La situación bélica complica el escenario, afectando las rutas del turismo –rubro básico de las economías caribeñas-; a ello se agrega la amenaza de fuertes sanciones económicas a cualquier banco extranjero que no coopere con los investigadores estadounidenses, cuestión que afectará no sólo a las islas de Gran Caimán, sino a toda el área que cuenta con gran número de bancos offshore. Tanto el turismo como la banca offshore constituyen ejes fundamentales de las economías del Caribe.

En el terreno de la seguridad se planteaba que “la alternativa es hacer un llamado para combinar medidas adicionales de seguridad con una investigación cuidadosa y la detención de los responsables. Ello demanda la adhesión a los principios del derecho internacional y trabajar para alcanzar un genuino consenso internacional basado en el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas. Requiere también prestarle mayor atención a la acción de asegurar una resolución política a problemas presentes desde hace mucho tiempo en el escenario de conflictos a nivel mundial. La región debe considerar cuidadosamente qué tipo de acercamiento a esta problemática es el que mejor se adecua a sus intereses para lograr un ambiente internacional donde reinen la seguridad y la paz”. Cuba, por su parte, invocaba la necesidad de la paz y de la cooperación internacional y la reintegración de las funciones de la ONU en lo que refiere a ambas, y subrayaba que no apoyaba ni el terrorismo ni la guerra.

El paisaje multilateral
Un enfoque desde el ángulo del globalismo, la multimensionalidad, el incremento de la interdependencia y la forma en que hechos ocurridos en un área geográfica pueden influir en otra, incluye considerar los ejes multilaterales. En este sentido, son relevantes el sistema interamericano y su rearticulación, así como la Cumbre de las Américas (1994) en lo que se refiere al proceso de cumbres derivadas del mismo, como proceso paralelo. Un elemento ineludible a considerar es la hegemonía de Estados Unidos y la asimetría básica a partir de la cual se intenta conformar un nuevo sistema de seguridad. También son relevantes la diplomacia preventiva, la cooperación en temas de interés mutuo, el paradigma sentado en los Balcanes –especialmente en Kosovo- y las intervenciones humanitarias. A partir de los atentados terroristas en Nueva York y Washington se agrega el impacto de una doble amenaza en el plano internacional: el terrorismo y los efectos de la reacción de Estados Unidos.

La reformulación paulatina del sistema interamericano (OEA, JID, TIAR, etc.) había sido iniciada en la última década, con enfoques que giraban desde la defensa colectiva hacia la seguridad colectiva. El desgaste de las instancias asociadas al sistema requería de la revisión de las mismas y su sustitución, y es a partir del debate que se sucedieron diversas iniciativas que han dado –o darán- origen a nuevas instancias dentro del sistema, como CICAD y MEM, en relación con drogas y narcotráfico, y la Comisión de Seguridad Hemisférica, que deberá brindar una nueva definición de seguridad. Se dieron algunos pasos en este sentido, aunque no exentos de contradicciones con Estados Unidos, fundamentalmente derivadas de la asimetría que caracteriza las relaciones intrahemisféricas.

El tema de la seguridad humana, propuesto e impulsado por Canadá, tenía su espacio en el sistema interamericano e incluía la seguridad humana en las Américas y la reestructuración del sistema interamericano a la luz de las Cumbres de las Américas y el fortalecimiento y modernización de la OEA, como temas del diálogo entre jefes de delegación. Cabe considerar que el tema de la seguridad humana, como concepto emergente, despierta reacciones encontradas: Estados Unidos lo considera una forma de fortalecer la postura canadiense, mientras que algunos países perciben que se trata de un enfoque no del todo desarrollado y de compleja aplicación en el mundo subdesarrollado, donde podría articularse utilitariamente a la lógica de los postulados doctrinales asociados a la injerencia humanitaria en detrimento de la promoción de la cooperación multilateral.

A pesar de las divergencias en los enfoques sobre el tema, la “seguridad humana” era un tema relevante en la III Cumbre de las Américas celebrada en Québec, en abril de 2001. La lectura del concepto por parte de los delegados de Estados Unidos incluía: (a) la necesidad de fortalecer la seguridad hemisférica regional a través de la prevención y adecuada resolución de conflictos; (b) la necesidad de prevenir y actuar adecuadamente ante catástrofes naturales; c) el fortalecimiento de la democracia, considerando la consolidación del estado de derecho, los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; d) el combate a las drogas, el crimen organizado y la corrupción; e) la incorporación de la noción de “responsabilidad social” en las prácticas de las empresas que operan en las Américas. De acuerdo con Estados Unidos, la sociedad civil organizada tiene un papel central en la construcción de esta noción de seguridad humana tal como se demostró con la aprobación, por parte de la OEA, de la estrategia interamericana para la promoción de la participación ciudadana en temas de desarrollo sostenido.

La dinámica renovadora cobraba un nuevo impulso a partir de la III Cumbre de las Américas realizada en Québec, Canadá, donde la seguridad hemisférica tenía un espacio relativamente relevante. En este terreno, el Plan de Acción reconocía a la democracia como esencial para la paz, así como también la subordinación de las fuerzas armadas y de seguridad a las autorida­des legalmente constituidas. En la perspectiva del fortalecimiento de la confianza mutua se plantea­ba realizar una Conferencia Especial sobre Se­guridad en el 2004, para lo cual la Comisión de Seguridad concluiría la revisión de todos los te­mas relacionados con los enfoques de la seguri­dad internacional en el hemisferio, tal como ha­bían sido definidos en la Cumbre de Santiago. Se planteaba la continuación priorizada de activida­des de prevención de conflictos y la solución pa­cífica de disputas; las respuestas a preocupacio­nes de seguridad y defensa tradicionales y no tra­dicionales; el apoyo a medidas para mejorar la seguridad humana; apoyar los esfuerzos de las pequeñas islas-estados en desarrollo en cuanto a su seguridad, y reconocer que la seguridad es multidimensional e incluye componentes políticos, económicos, sociales y naturales, y que las pe­queñas islas-estados habían concluido que entre las amenazas a su seguridad están la vulnerabili­dad económica, particularmente relacionada con el comercio, la susceptibilidad a los desastres naturales y el transporte de deshechos nucleares y nuevas amenazas a la salud, incluyendo el SIDA y el incremento de los niveles de pobreza, ade­más del trafico de drogas, armas ilegales, aumen­to de los niveles de corrupción y vulnerabilidad medioambiental.

Se invocó también el apoyo a la Conferencia de la ONU sobre el tráfico ilícito de armas peque­ñas y armas livianas en todos sus aspectos, rea­lizada en julio de 2001 y que llamaba a una re­unión de expertos -que antecediera a la Confe­rencia especial de Seguridad- para dar seguimien­to a las conferencias de Santiago y San Salvador sobre medidas de confianza mutua. Se estable­ció promover el apoyo financiero al Fondo para la paz de la OEA para la solución pacífica de dispu­tas territoriales y apoyar el trabajo para la y Con­ferencia de Ministros de Defensa de las Américas que tendrá lugar en Chile en el curso del año 2002. En lo que se refiere al terrorismo, se acordó apoyar el trabajo iniciado por el Comité Interamericano sobre Terrorismo (CICTE) esta­blecido a partir del Compromiso de Mar del Plata de 1998 e impulsar la cooperación hemisférica en la prevención, combate y eliminación de todas las formas de terrorismo, considerando la apro­bación del Estatuto y Plan de Trabajo del CICTE. Por último, se planteó considerar la firma y ratifi­cación o acceso -cuanto antes y de acuerdo al caso- a aquellos acuerdos internacionales rela­cionados con la lucha contra el terrorismo de acuerdo con sus respectivas legislaciones entre otros.

La aprobación de la Carta Democrática, en Lima en septiembre de 2001, se realizaba tenien­do como telón de fondo un prolongado debate en el contexto interamericano, a lo cual se agregaba el impacto de los atentados terroristas en el World Trade Center y el Pentágono. El apoyo brindado por la región a Estados Unidos -en un primer momento- se matizaba y articulaba paulatinamen­te. Cabe considerar que la cooperación y la sumi­sión no son conceptos equivalentes ni global­mente ni en el contexto hemisférico y se hace necesario establecer una diferencia.

La invocación del TIAR -propuesta por Brasil y luego apoyada por México, país que semanas antes había planteado retirarse del mismo en un plazo de tres meses- y, por ende, su superviven­cia, fue una medida pragmática, en la lógica de que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, en una coyuntura extremadamente flui­da y sensible. El debate hemisférico y la redefinición en el marco del sistema inter-ameni­cano sobre temas de seguridad seguía siendo desplazado para el 2004.

América Latina temía, a partir del legado de desconfianza entre América Latina y Estados Uni­dos, que en la redefinición de la política exterior y el cambio de prioridades, los temas de la agenda interamericana en el terreno económico y comer­cial, especialmente las negociaciones del ALCA, se postergaran, sobre todo si consideramos que el Congreso estadounidense concentrará su aten­ción en los temas generados a partir de los aten­tados. Sin embargo, cabe señalar que Estados Unidos hacían algunos movimientos tranquiliza­dores con respecto a Brasil y Argentina, entre otros.

La tendencia en América Latina es la de forta­lecer las iniciativas integradoras, la solidaridad continental, la diplomacia, el intercambio y la co­operación y las medidas de confianza mutua en la perspectiva de crear un clima favorable a la reducción de tensiones en un continente que as­pira a eliminar los factores que generan inseguri­dad y favorecer la integración en términos del in­terés común. Sin embargo, la inestabilidad laten­te en el continente, producto de tensiones en el terreno económico, político y social, podría afec­tar considerablemente esta tendencia en detri­mento del desarrollo de una cooperación en el largo plazo. Asimismo, la inseguridad generada a partir del impacto tanto de los atentados terro­ristas en Estados Unidos como de la reacción estadounidense, hacían necesario el fortaleci­miento del entorno multilateral.

Reflexiones Puntuales

· La línea gruesa de la política de Estados Uni­dos hacia el hemisferio occidental fue delinea­da durante los dos períodos de la Administra­ción del Presidente W. Clinton y contó con dos ejes centrales: el mercado y la democracia, y el desarrollo de la cooperación intrahemisférica. Desde el punto de vista de la seguridad primó un enfoque que combina la lógica de las esfe­ras de influencia con la articulación geoeconó­mica global. El ejercicio de la política exterior combinó un ejercicio bilateral ad-hoc y elemen­tos del multilateralismo en el marco del pragmatismo y la flexibilidad en el manejo de crisis. En el terreno de la seguridad -en el caso de América Latina- el Plan Colombia, la diná­mica de la Cumbre de las Américas (ALCA, Conferencias Ministeriales de Defensa, etc.), y la reformulación del sistema interamericano marcan un hito.

· En lo que se refiere a la agenda de seguridad, sesgada por convergencias y contradicciones entre Estados Unidos y América Latina y el Ca­ribe, los temas son: terrorismo, drogas y narcotráfico, tráfico de armas pequeñas, corrup­ción, terrorismo, los problemas del medio am­biente y los desastres naturales, la migración, la no-proliferación de armamento avanzado, la seguridad nuclear, las medidas de confianza mutua, la gobernabilidad y la estabilidad. En el terreno militar, los temas principales se han relacionado con el papel y la modernización de las fuerzas armadas, las relaciones cívico-militares, la participación en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Inciden también proble­mas de antigua data y aquellos derivados de la integración (fronteras, aduanas, etcétera). La reestructuración y homologación de sistemas judiciales, intercambio y articulación entre apa­ratos policiales y militares, intercambio de inte­ligencia, etcétera, en la perspectiva de enfren­tar problemas que son de carácter transna­cional han sido parte importante de la coope­ración intrahemisférica establecida e impulsa­da por las sucesivas administraciones estado­unidenses en la ultima década.

· El contexto global generaba nuevas oportuni­dades para la cooperación bilateral y multilateral en el terreno económico, político, social y mili­tar, pero también nuevas amenazas y nuevos retos derivados de la globalización y de la in­serción en el marco internacional.

· La velocidad de retroalimentación entre Esta­dos Unidos y América Latina -cuestión que du­rante décadas no sucedió- y que sólo se hizo evidente en los últimos 25 años del siglo XX, incrementaba en algunos sectores la capaci­dad de comprensión sobre la región. Así, la política exterior estadounidense integraba, en los años 90, temas originados desde la agen­da latinoamericana: es el caso del tema de la «seguridad cooperativa», del ALCA, entre otros.

· Los Estados Unidos proponen, a mediados de la década del 90, que la cooperación sea el eje de su política hemisférica. El reconocimiento de la necesidad de cooperación está acompa­ñado de obstáculos. En el caso de Estados Unidos y América Latina y el Caribe un elemen­to fundamental es enfrentar con realismo el le­gado de desconfianza y fragmentación de los siglos XIX y XX, y fortalecer la confianza en 1 perspectiva de la estabilidad del continente. En este sentido, cabe considerar los encuentros desencuentros -entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe- en el marco del debaten torno a las definiciones de seguridad en u contexto asimétrico como es el contexto interamericano.

· La dinámicas de integración regional -y los procesos de apertura de fronteras comerciales impulsan la coordinación y cooperación en e terreno de la seguridad. Inciden los retos que se derivan de la eliminación de barreras comer dales (TLCAN, ALCA, MERCOSUR, CARICOM, AEC, entre otros) en cuanto a con­troles de fronteras, la función de las aduanas, las transacciones comerciales y el lavado de dinero, así como el incremento de la interre­lación e interdependencia en el nivel económi­co y financiero, entre otros. Inciden también el tránsito de fuerza de trabajo y los inmigrantes. En el hemisferio, la cooperación, la protección de los mares, del espacio, de los recursos na­turales, le otorgan al concepto de vecindad una perspectiva amplia. Los intereses comunes en torno a la protección medioambiental y las ne­cesidades compartidas de acceder al desarro­llo tecnológico, así como la voluntad política de complementarse, transforma el concepto de ve­cindad en una interrelación más compleja.

· La Cuenca del Caribe sigue siendo un área priorizada para Estados Unidos. En el caso de la subregión caribeña, se plantea que la coope­ración en el contexto del CARICOM debería cambiar, básicamente en la perspectiva de la inserción en el ALCAN, y se reiteran preocupa­ciones en torno a la seguridad de los peque­ños estados insulares, fundamentalmente re­lacionada con su viabilidad económica, cues­tión que incide en un incremento de la violen­cia como resultado de las tensiones económi­cas y sociales e inseguridad.

· En el terreno de las diferencias sobre los temas de seguridad se destacan las relacionadas con los roles y funciones de las fuerzas armadas y su compromiso directo en el combate al narcotráfico, al terrorismo o al crimen organiza­do. El papel básico de las fuerzas armadas si­gue siendo la defensa del territorio y de la sobe­ranía nacional. Por otra parte, la diferenciación entre las legítimas necesidades de defensa -y por tanto de modernización de las fuerzas ar­madas- y una carrera armamentista, es funda­mental en la perspectiva de la seguridad y la paz en el hemisferio, así como también la consi­deración de aspectos relacionados con el con­trol y la limitación del armamento.

· La tendencia en América Latina sería la de for­talecer las iniciativas integradoras, la solidari­dad continental, la diplomacia, el intercambio y la cooperación y las medidas de confianza en la perspectiva de crear un clima favorable a la reducción de tensiones en un continente que aspira a eliminar los factores que generan in­seguridad y favorecer la integración en térmi­nos de sus propios intereses. Un factor central en la perspectiva de desarrollar la cooperación es la voluntad política. Esto requiere de con­senso, convergencia de intereses y flexibilidad de todas las partes. Sin embargo, la inestabili­dad latente en el continente podría afectar con­siderablemente esta tendencia en detrimento del desarrollo de una cooperación en el largo plazo.

· La Administración de G. W. Bush pretendía dar continuidad a la política hemisférica estableci­da, con matices importantes y un enfoque se­lectivo. En este caso, el enfoque hacia la re­gión se iniciaba con un discurso y algunas ac­ciones que parecían indicar la prioridad de América Latina en la política exterior. La lógi­ca, sin embargo, ha sido selectiva: se destaca­ban el TLCAN y ALCA como proyecto geocomercial y Colombia como problema de seguridad nacional.

· El atentado al WTC y el Pentágono marca un punto de inflexión decisivo en el sistema inter­nacional y resulta en una recomposición de las alianzas en el ámbito global, donde lo que pri­mará serán los intereses particulares y especí­ficos de cada uno.

· Para Estados Unidos se trata de una guerra irregular prolongada, definición que requiere un cambio en la percepción de amenaza, el que ya se está produciendo y que va desde lo glo­bal a lo individual, y un cambio en la defini­ción del enemigo. A su vez, la lógica de la gue­rra irregular prolongada requiere de un replan­teamiento de las tareas y enfoques de las agen­cias de inteligencia y fuerzas especiales. En este sentido, los debates internos y la reestruc­turación de dichas agencias en la posguerra fría y la reciente demostración de que la tecno­logía no hace inexpugnable desembocará en una reorientación hacia las operaciones encu­biertas (covert aperatians), con el consecuen­te acento en la inteligencia humana (humint).

· La agenda de política exterior cambia de acen­to y de prioridades, y los temas relacionados con la seguridad pasan a un primer plano. En términos de seguridad, el eje será el terroris­mo, el cual se articulará con el narcotráfico, trá­fico de armas, fronteras, y otros temas de la agenda. En este contexto, algunos países van a caer en el área gris, en el «terreno de nadie».

· Los Estados Unidos articularán el apoyo en el hemisferio caso a caso, de acuerdo con las capacidades y posibilidades de cada uno en la «guerra irregular prolongada» contra el terro­rismo. Habrá que ver qué le toca a cada uno en la redistribución de tareas en el continente.

· América Latina teme, a partir del legado de desconfianza entre América Latina y Estados Unidos, que en la redefinición de la política ex­terior y el cambio de prioridades, los temas de la agenda interamericana en el terreno econó­mico y comercial, especialmente las negocia­ciones del ALCA, pasen a un segundo plano; sobre todo si consideramos que el Congreso estadounidense concentrará su atención en los temas generados a partir del atentado.

· La agenda de seguridad -la «agenda negati­va»- tiene grandes posibilidades de pasar a un primer plano con los consiguientes implícitos que esto conlleva. En cuanto a un posible in­cremento en el gasto militar y el desplazamiento de los temas vinculados a la economía y el de­sarrollo. El impacto afectará al comercio, mi­gración, economía y fronteras.

· Se mantendrá el Plan Colombia con los ajus­tes y acentuaciones adecuados a la situación contingente.


Notas

1. La interdependencia se refiere a situaciones carac­terizadas por efectos recíprocos entre países y en­tre actores en diferentes países. El glabalismo es un estado del mundo que implica redes de interdependencía a distancias multicontinentales, no solo regionales. Tanto la interdependencia como el globalismo son fenómenos multidimensionales. Ver Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr., “Globalization: What's New? What's Not (And So What?)”', Foreign Policy , Spring 2000, pp. 104-119.

2. Moisés Naím, “Las ansiedades de la globalización”, El País , España, 12 de marzo de 2000, p. 16.

3. En el terreno de la seguridad nacional, una comi­sión del alto nivel que examinó el tema concluía que la superioridad militar estadounidense no era ga­rantía de protección. Ver Moisés Naím, Ob. cit. Tam­bién M. Klare, “The New Geography of Conflict”, Foreign Affairs, May-June 2001, pp. 49; Winn Schwartau, «Asymmetrical Adversaries: Looming Security Threats», Orbis Spring 2000, pp. 197-205.

4. Ver Samuel Berger, “A Foreign Policy for the Glo­bal Age”, Foreign Affairs , Vol. 79, no. 6, November­T3~cember 2000, pp. 22-39 y para una perspectiva desde la administración de G. W. Bush, ver Condolezza Rice, «La promoción del interés nacio­nal», Foreign Affairs en español, Vol. 1, no. 1, prima­vera 2001, pp. 127-145 y «The US Strategic Posture Review: lssues forthe New Administration”, Strategic Forum , no. 77, INSS, NDU, Februrary 2001.

5. Halcones y palomas, con O. Rice (NSC) y Colin Powell (DOS) como figuras emblemáticas.

6. Ver el lúcido análisis de Moises Naím, editor de Foreign Affairs, en «El año que nos espera», www.elpais.es .

7. Ver pronunciamientos de la Administración de G. W. Bush, 27 de septiembre de 2001.

8. En el plano individual y en el plano económico, ver impacto de atentados en la industria turística, por ejemplo.

9. La disuasión y derrota del adversario en un contex­to de guerra asimétrica. Ver Quadrennial Defense Review Report , Department of Defense, September 3Oth, 2001.

10. La atención estadounidense se centra básicamen­te en Rusia, Chechenia (debido al oleoducto para llevar a occidente recursos del Mar Caspio y que pasará por Georgia, y Azerbaiján, hacia Turquía), el Medio Oriente, los Balcanes, China, el Este de Asia, India y Pakistán, Indonesia, Africa, dada su desconexión con casi todo el resto del mundo (en lo que se refiere a desarrollo). En Prepared Testimony George J. Tenet, Director CIA, Before Armed Services Committee. Subject: «The Worldwide Threat in 2000>', February 3rd. , 2000.

11. La Cuenca del Caribe ha sido tradicionalmente un área de interés para Estados Unidos. Ver R. A. Pas­tor, Whirpool , Princeton University Press, 1992.

12. Ver Rodolfo Cerdas Cruz, «United States Foreign relations and The Promotion of Democracy in Latin America”, en The United States and Latin America: The New Agenda , Victor Bulmer-Thomas and James Dunkerley, Eds. DRCLAS, Harvard University and lnstitute for Latin American Studies, University of London, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1999, pp. 123-140.

13. Básicamente, «el negocio del continente hoy son los negocios», Strateaic Assesment 1995 , US Security Challenges in Transition, INSS, NDU, p. 85.

14. La Primera Cumbre Ministerial tuvo lugar en Williamsburgh, Virginia, Estados Unidos entre el 25 y 26 de julio de 1995; la Segunda Ministerial se rea­lizó en Bariloche, Argentina, entre el 6 y 9 de octu­bre de 1996; y la tercera tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1998. La IV Ministerial de Defensa se realizó en Manaos, Brasil, en octubre de 2000.

15. En algunos casos, étnico-nacional: Ecuador, Méxi­co, Guatemala.

16. Eric Green, «Costa Rica, Nicaragua Holding Talks to Resolve Navigational Dispute (OAS Secretary General Gaviria mediating negotiations)» (470), Washington File StaffWriter, March 2Oth, 2000, Web site: usinfo.state.gov

17. Andrés Oppenheimer, en Conference: “Latin America: Sustaining Economic and Political Reform” . Council on Foreign Relations, May 18-19, 2000.

18. Los conceptos de seguridad -en este nuevo entor­no internacional caracterizado por la transición- es­tarán estrechamente ligados y vinculados a facto­res económicos y sociales. Con el argumento de la transnacionalización de los temas de seguridad se intenta desarrollar algunas políticas atentatorias a los legítimos intereses soberanos de los países, lo cual es un elemento creador de inseguridad.

19. En esta perspectiva se discutía la creación de un centro de entrenamiento en Panamá, que comen­zaría a operar en el 2001, orientado a la disminu­ción de los daños producto de los huracanes y otros desastres en la región La reunión se realizó en Flo­rida International University y fue auspiciada por el Center for Disaster Management and Humanitarian Assistance de esa universidad. Los asistentes in­cluyeron representates de 16 naciones del Caribe, 6 de América Central, la Casa Blanca y la Federal Emergency Management Agency y expertos del Comando Sur. Ver Martin Merzer, ((Talks Open to Create Center for Disaster Preparedness», in The Miami Herald, July 25th, 2000, p. B03.

20. Con respecto a este último aspecto, ver S. Flynn, ((Beyond Border Control», in Foreign Affairs, November-December 2000, pp. 57-68.

21. Los nombramientos no reflejaban un interés en América Latina. Era el caso de Otto Reich propues­to para la Secretaría de Asuntos Interamericanos.

22. Prepared Statement of J. Stapleton Roy Assitant Secretary of State for Intelligence and Research before the Senate Intelligence Committee, Subject ((Current and projected National Security Threats to the US», February 2nd., 2000.

23. Andrés Oppenheimer, «Neutral' U.S. Posture Inviting Dictatorships in Latin America», The Miami Herald, January 13th, 2000, p. A06.

24. En este sentido, la perspectiva cuenta con una do­ble lectura: la primera, orientada a enfocar el autori­tarismo como una variable para mejorar las condi­ciones económicas y reducir la criminalidad; y una segunda, no totalmente disociada de la primera, que la percibe como una amenaza a la democracia en el continente.

25. Prepared Statement of J. Stapleton Roy Assitant Secretary of State for Intelligence and Research before the Senate Intelligence Committee, Ob. cit.

26. Prepared Statement of Madeleine Albright Secretary of State Before The House International Relations Committee, Subject ((America and the World in the 21 s1. Century», February 16th, 2000.

27. Para una perspectiva en este sentido, Martin Fledstein, ((A Self-Help Guide for Emerging Markets», Foreign Affairs, Vol. 78, no.2, March-ApriI1999, pp. 93-109.

28. Ver Abraham F. Lowenthal, «Latin America at the Century's Turn: Putting Cuba 2000 in Regional Perspective», en DRCLAS NEWS, Harvard University, Winter 2000, pp. 17-19.

29. La encuesta de Latinobarómetro demostró que la satisfacción con la democracia es baja en dos de los países más importantes de la región: 35% en Brasil y 40% en México. Aunque el 60% de los lati­noamericanos respaldan la democracia, el 17% tie­ne poca confianza en ella. También se ha reducido el apoyo a las privatizaciones. La preocupación con la corrupción alcanza a un 82 % y el temor relacio­nado con la seguridad personal alcanza a un 74%. ln Conference «L.atin American: Sustaining Economic & Political Reform», CFR, May 18-19, 2000. También Michael Shifter, «The Fauit Line of Latin American Democracy”, The Washington Post . May28, 2000, p. BO1 y «Latín Democracy's Decay”, The Washington Post, June 3rd., 2000, p. A16 y Joseph S. Nye, Jr., «El déficit democrático de la globalización>', en Foreign Affairs en español , Vol. 1, no.3, pp. 74-78.

30. La caída del crecimiento de la región fue de un 2. 3% en 1998 y 1999 fue un año recesivo, según CEPAL. Ver Francisco Rojas Aravena, «América Latina: ¿Vuel­ta a un ciclo de Inestabilidad?”, en Mensaie , Santiago de Chile, julio 2000, pp. 46-49. La perspectiva para el crecimiento en el 2001, según CEPAL, es del 1%.

31. Alain Joxe, “Colombie: guerre a trois camps, processus de paix «en panne” et intervention américaine», Cahiers d'etudes stratéguioues , no. 26, Le débat Stratégique Euro-Américain 1998 , CIRPES, pp. 125-1 58. Desde otra perspectiva, Ra­fael Pardo, «Colombia's Twa Front War”, en Foreign Aifak~, Vol. 79. no. 4, July-August 2000, pp. 64-73.

32. Antes de la aprobación del Plan Colombia, los vue­los de los DH7 proporcionaban inteligencia al ejér­cito colombiano y suministros a instalaciones como la Central de Inteligencia de la Policía (CIP) en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Dichas instala­ciones contaron con US$ 2 millones aportados por la CIA y la OEA. Se orientan a “combatir la delin­cuencia” y “también la CIP desempeña un papel de trascendencia en el seguimiento de la actividad gue­rrillera, paramilitar y de todo tipo de grupos de de­lincuencia organizada”. En este sentido, ver Cambio , no. 317, 12-19 de julio de 1999, p. 22.

33. Ana Radelat, «Senate's Lott stalls Colombia's $1 .3 billion emergency aid package”, en The Miami Herald , March 22nd, 2000, pp. A09; Elizabeth Becker, «Lott Assures Colombian President on $1 .6 billon to Fight Drugs”, The New York Times , April l3th, 2000, pp. A12. Para la postura del gobierno, Asst. Secretary Beers Testimony on Regional Security in Colombia, (2720), February 29th, 2000 y “Beers Testimony on Situation in Colombia and Regional Security (Says situation in Colombia is critical')”, (2660), March 23rd, 2000.

34. Charles E. Whilhelm, “lllicit Drugs Erode Foundations of Democracy”, en The Miami Herald , April 2lst, 2000 y Thomas “Mack” McLarty, «Congress Must Delay No More on Colombia”, en The Miami Herald , April 2lst, 2000.

35. Prepared Statement of Madeleine Albright Secretary of State Before The House International Relations Committee. Ob. cit.

36. Ver «Un Laboratoire de paix européen dans le Mag­dalena Medio? Un deuxieme au Sud du Pays”?» Le Debat Strategic no. 56, CIRPES, Francia, Mai 2001.

37. La visita de la Secretaria de Estado se produjo dos semanas antes de la Cumbre Sudamericana que presidió Brasil como paso para la integración co­mercial y política de la región en la perspectiva del ALCA. Ver "Visita de Albright reconoce liderazgo brasileño», IPS, 5 de agosto de 2000.

38. Michael Shifter, Diálogo Interamericano.

39. La guerra en Centroamérica, y específicamente en El Salvador, eran un referente en este sentido, en lo que se refiere a "nivelar el campo de batalla».

40. "Andean regionallnitiative, A Policy Fated to Fail», en Foreign Policy INFOCUS, Vol. 6, no. 29, July 2001.

41. "Preferimos una Tumba en Colombia...» entrevista a Jorge Briceño, alias "Mono Jojoy", (FARC), en Cam­bio; no. 317, lugar, julio 12-19, 1999, pp. 24-27.

42. Ver "El concepto estratégico de la OTAN», en Fuer­zas Armadas y Sociedad, Año 14, no. 2, abril-junio de 1999, Flacso, Chile.

43. Situaciones fronterizas: Colombia: En 1891 fue fir­mado el laudo español al que siguió el tratado de apli­cación de 1898 y oto laudo en 1922, lo que falta por establecer es la demarcación y la colocación de los hitos. Queda por definir la delimitación de las aguas marinas y submarinas. Guyana: Está pendiente una reclamación territorial de 159.500 km2. La controver­sia surge a partir del Laudo de París de 1899. También falta delimitar las aguas marinas y submarinas. Brasil: En 1850 se limitaron las fronteras. Actualmen­te ambas naciones se dedican a demarcar y rectificar. República Dominicana: Firmado en 1979 y vigente desde 1982. Antillas Neerlandesas: .firmado y vigente desde 1978. Puerto Rico: firmado desde 1978 y vi­gente en 1980. Guadalupe: firmado en 1980 y vigente en 1983. Trinidad y Tobago: firmado y vigente desde 1978 y vigente en 1990. Pendientes: Montserrat, Do­minica, Santa Lucía, San Vicente, Granada. Por otro lado, el Polo Patriótico propuso en su proyecto espe­cificar además que el archipiélago de Los Monjes for­man parte del territorio. Ver: "Laudos y Pactos que lesionan soberanía serán desconocidos", en periódi­co El Universal, Caracas, 7 de agosto de 1999, pp. 1­2. Con respecto al Essequibo, ver Canute James, "Un Mediation Sought in Guyana Border Rift» , en Financial Times, October 10th, 1999.

44. Ver "Globalización: La enfermedad del nuevo , milenio», Entrevista con Hugo Chávez, presidente de Venezuela, en Foreign Affairs, Vol. 1, no. 3, Autumn-Winter 2001 , pp. 3-28.

45. Pocos resultados concretos y una contracción de la economía del 7,2 %en 1999.

46. Para una perspectiva de esa etapa, ver Heinz R. Sonntag, Thaís Maingón, Venezuela: 4-F 1992. Editorial Nueva Sociedad, 1992.

47. Para un enfoque en este sentido" It' s the Economy...Even in Oil and Rethoric Rich Venezue­la», enThe Miami Herald, August22nd, 2000, p. 806.

48. Ver Don Bohning, "Venezuela at Crossroads», -en The Miami Herald, August 14th, 2000, p. A05.

49. Cabe recordar que temas centrales como migra­ción, narcóticos y aplicación de la ley extraterri­torialmente se tratan a través de la Comisión Binacional y del Grupo de Contacto de Alto Nivel donde se dirimen estos asuntos y también la forma de incrementar el desarrollo económico mutuo.

50. Los resultados definitivos de los comicios realiza­dos el 2 de julio de 2000, indicaban que Fox obtuvo el 42,5% de los votos, mientras que su principal oponente, Francisco Labastida, del Partido Revolu­cionario Institucional (PRI), recibió el 36,1% de los sufragios, Monitor de Noticias Latinoamericanas, 18 de julio de 2000, IRELA, Madrid.

51. Chiapas había sido bastión del PRI en las últimas sie­te décadas. Ver E. Fullerton, "Chiapas es otro clavo para el PRI», en El Nuevo Herald, 23 de agosto de 2000, p. A06.

52. Aún cuando carecerá de la mayoría absoluta, el PRI será la primera minoría del. Congreso con 209 de los 500 escaños en la Cámara de Diputados, solo uno más de los obtenidos por el PAN (208) Y los 68 ganados por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRO) y sus aliados, Monitor de Noticias Latinoameri­canas, 18 de julio de 2000, IRELA, Madrid.

53. Ver Jorge C. Castañeda, "A Historic Vote for Change», in Newsweek, July 17th, 2000. p. 15.

54. Ver "Taking the Reins», en Newsweek, July 17th, 2000, pp.12-14.

55. La propuesta a Estados Unidos se orienta específicamente a la creación de empleos al sur de 'la frontera, Ver: Tom Cohen, "Canadá rechaza la visión de Fox para Norteamérica», en El Nuevo Herald, 23 de agosto de 2000, p. A02.

56. La figura del Canciller J. Castañeda aparecía en el vórtice de dicho debate.

57. Declaraciones V. Fox en la ONU, Nueva York, 5 de octubre de 2001 .

58. Ver "EU solicita a Panamá acuerdo de fuerzas visitantes», en El Nuevo Herald, 26 de julio de 2000.

59. Moises Naím, Ob. cit.

60. Sobre Cuba en este contexto, ver Isabel Jaramillo Edwards, "Cuba y el multilateralismo» en El Multilateralismo Latinoamericano, Francisco Rojas Aravena, Ed., Flacso-Chile, Nueva Sociedad, 2000; Jessica Byron, "Square Dance Diplomacy: Cuba and Cariforum, the European Union and the United States», European Review of Latin American and Caribbean Studies, no. 68, April 2000, pp. 23-45.

61. Ver Entrevista a Norman Girvan, Secretario General de la AEC, «Time to shift our trade west and south...we're coming amigos...», en Contact, Apri12000.

62. Con respecto al banano, ver Adam Levy, "The Ba­nana Wars», en Hemisphere, Vol. 9, no.2, Spring 2000, pp. 14-17. Como instancias subregionales se encuentran la Organización de Estados del Caribe Oriental (O ECO) y el terreno de la seguridad, el Regional Security System (RSS).

63. Haití y República Dominicana, principalmente.

64. Para un enfoque, ver Cumbre de las Américas, Quebec, 2001, punto 4 y también es un punto de reflexión en la OEA.

65. Se están produciendo drásticos recortes en el Ser vicio de Guardacostas de Estados Unidos, a partir de la "falta de recursos económicos». Esto resulta el 10% de las operaciones de los barcos, aviones y lan­chas de la dependencia federal. Se trata de barcos y aviones para detectar el tráfico de aviones para cui­dar las costas de drogas y el contrabando de ilega les, principalmente. Hernando Ramírez, «Menos bar­cos», El Nuevo Herald, 26 de marzo de 2000, p. A01.

66. 66. Ver Boletín de Información de la AEC, Vol. 4, no. 2, marzo 2000, Homepage: www.acs-aec.org .

67. En junio, funcionarios estadounidenses anunciaron la creación de un grupo federal y local que se asignaría a la Base Aérea de la Reserva de Homestead y desti­nada a dar asistencia aérea rápida a América Latina y el Caribe. Ver Martin Merzer, «Talks Open to Create Center for Disaster Preparedness», en The Miami Herald, July 25th 2000, p. B03.

68. Eric G re en, « Regional Officials Meet on Coordinating Disaster Preparedness, US, Central American, Caribbean officials discuss proposals», (620), August 3rd, 2000, http://unsinfo.state.gov .

69. Ver Text: Senate Committee Summary of Africa­Caribbean Trade Bill (Senate passed bill 77-19) (2800) Following is the text of the Senate Finance Committee press release summarizing the Africa­-Caribbean trade bil!, which the Senate passed 77­19 May 11 th, 2000; Clinton Signs Africa-Caribbean Trade Bill . (Measure aims to expand two-way trade, encourage reform) (730), http://usinfo.state.gov .

70. Sobre (transshipment), ver (Title 11).

71. Ver S. Flynn, Ob. cit.

72. Abraham F. Lowenthal, Ob. cit. p. 17.

73. En términos de votación, se destacan estados como California, IlIinois, La Florida y New Jersey.

74. 74. Cuba cuenta con acuerdos bilaterales relacionados con el tráfico de drogas con 29 países y hay interés por parte de las agencias pertinentes de Estados Uni­dos para establecer un acuerdo con la isla, con la cual existe una cooperación puntual sobre el tema. En esta lógica, otro aspecto a considerar con respecto a Cuba se relaciona con el lavado de dinero. Si consideramos la posibilidad del establecimiento de la relación de la banca estadounidense con la banca cubana, la posi­bilidad de nexos con el Caribbean Financial Actino Task Force estaría presente.

75. De diversas procedencias y principalmente de Estados Unidos.

76. La frontera con Canadá, frontera con México, Hai­tí, República Dominicana, los inmigrantes asiáticos, entre otros, que buscan entrar a Estados Unidos a través de diferentes rutas y puntos fronterizos.

77. Ver Norman Girvan, Secretario General de la Aso­ciación de Estados del Caribe, «Terrorismo, turis­mo y comercio», Esta Semana en el Gran Caribe , 20 de septiembre de 2001 en www.acs-aec.org .

78. Norman Girvan, Ob. cit.

79. Fidel Castro, «Discurso en la Tribuna Abierta celebrada en Ciego de Ávila», 29 de septiembre de 2001, en Tribuna de la Habana, La Habana, 30 de sep­tiembre de 2001, p. 5. También Discurso de Bruno Rodríguez, Embajador de Cuba en la ONU.

80. Ver Isabel Jaramillo Edwards, «Los Estados Uni­dos y las Naciones Unidas en los 90», en Temas, no. 18-19, julio, diciembre de 1999, pp. 57-67.

81. Es preciso señalar que la intervención humanitaria es un concepto en discusión tanto en círculos aca­démicos como políticos de la región aún con un alto grado de controversia (nota del editor).

82. Ver Paul Heinbecker, Assistant Deputy Minister Global and Security Policy, DFAIT, in Canadian Military Journal, Vol. 1, no. 1, Spring 2000, pp. 11­16. Para antecedentes de la concepción de seguri­dad humana: Astri Suhrke, «Human Security and the Interests of States», Security Dialogue, Vol. 30 (3), PRIO, 1999, pp. 265-276.

83. El tema fue incluído en el trigésimo período ordi­nario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizada en Windsor, Canadá, del 4 al 6 de junio de 2000.

84. Kenneth McKay, Informe Mensual Estados Unidos­-América Latina, 5 de junio de 2000, Flacso, Chile.

85. Ver Plan of Action, Third Summit of the Americas, Québec, Canada, April 20-22, 2001, No. 4. Hemispheric Security.

86. La Conferencia de Ministros de Defensa de las Amé­ricas no es un órgano resolutivo, sino que se instaura como órgano de consulta informal permanente en el área de la seguridad de los países del hemisferio; ha contribuido a crear un marco de intercambio y debate en torno a temas de interés común, al mismo tiempo que retroalimenta las iniciativas en cuanto a la reformulación del sistema interamericano.

87. Plan of Action, Ob. cit.

88. Ver «El Hemisferio Occidental», Strategic Assesment 1995, US Security Challenges in Transition, INSS, NDU, 1995, pp. 83-96.

89. Francisco Rojas Aravena, Director de FLACSO­ - Chile, ha desarrollado el tema de la vecindad.

90. Tanto Trinidad y Tobago como Jamaica han mani­festado su interés en esta dirección.

91. Fuera de otros factores, como la influencia de los medios. Ver Mayra Buvinic and Andrew R. Morrison, «Living in a More Violent World», Foreign Policy, Spring 2000, pp. 58-73.

92. Es el caso de Brasil.

93. Ver pronunciamientos de la Administración de G. W. Bush el 27 de septiembre de 2001.

94. En el plano individual y en el plano económico, ver im­pacto de atentados en la industria turística, por ejemplo.

95. La Cuenca del Caribe cobra especial relevancia así como los países de MERCOSUR y la llamada Triple Frontera.

EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS: DESCRIPCIÓN, ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Es difícil explicar por qué nuestra América se mueve de esta manera. Tal vez su historia es demasiado reciente: nuestras sociedades son hijas del Renacimiento y no experimentaron el lento proceso de amalgama civilizatoria que fue la Edad Media. Por eso, seguimos imbuidos del ímpetu de los conquistadores, abriendo horizontes en el Nuevo Mundo, más a fuerza de voluntad y energía que de maña y paciencia.

Aunque posiblemente la explicación está también en las enormes diferencias en tamaño y poder entre los países que la integran. En Europa el eje franco-alemán, formado por dos países de dimensiones comparables, fue decisivo para llevar adelante la experiencia en las primeras décadas. En América no hay ningún país que pueda contrapesar el enorme poderío económico y militar de los Estados Unidos. Esta circunstancia se refleja en el proceso de toma de decisiones políticas, y la integración es, esencialmente, una decisión política.

Finalmente, otra causa podría ser que recién en los años noventa terminó de configurarse el cuadro político multilateral en el continente, cuando Canadá y los países caribeños que aún no lo habían hecho ingresaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA), permitiéndoles jugar un rol principal en la escena internacional, y representar por vez primera al hemisferio en su conjunto.

Sean éstas u otras las causas del singular camino seguido por nuestros países, lo cierto es que llama la atención el hecho de que este enorme mercado no tenga padres identificables, como sí los tiene la Unión Europea en las personas de Robert Schuman y Jean Monnet, que la concibieron al término de la Segunda Guerra Mundial.

La integración en América no es sólo inaparente y tumultuosa, sino además muy reciente.

En efecto, si consideramos los 12 acuerdos de Unión Aduanera o de Libre Comercio actualmente vigentes entre países de la región, sólo dos se remontan a los años sesenta, uno a los sesenta, y todos los demás se firmaron y entraron en vigor en la década de los noventa o a inicios de este siglo.

Tardó nuestro continente en percibirse a sí mismo como entidad con perfil e intereses propios. En el plano retórico tal vez lo hizo, pero cuando se trató de pasar a los hechos, ya que en eso consiste crear un Mercado Común, una Unión Aduanera o una Zona de Libre Comercio, la cosa se tornó muy difícil, casi impracticable.

Nuestro continente tardó en percibirse como entidad con perfil e identidad propios.

Conocido es, por ejemplo, el rechazo que encontró en los círculos de gobierno y privados de los Estados Unidos la decisión de cinco países sudamericanos de constituir, en 1969, un espacio económico común, el Pacto Andino. Otro tanto puede decirse de la iniciativa de CECLA, que en esos mismos años dio lugar a un público desacuerdo entre Richard Nixon y los cancilleres latinoamericanos que llegaron a presentarle la iniciativa.

Recién con el término de la Guerra Fría se abrió el coloso del norte a la posibilidad de conformar acuerdos de integración. El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), del cual forman parte Estados Unidos, México y Canadá, nació el mismo año en que se colocó la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA9 en la agenda continental.

EL PROCESO DE CUMBRES, EL ALCA Y LA OEA

En la primera Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Miami en diciembre de 1994, los gobernantes de treinta y cuatro de las treinta y cinco naciones del hemisferio occidental (todas ellas salvo Cuba) acordaron lo siguiente:

“Nuestro progreso económico continuo depende de políticas económicas sólidas, del desarrollo sostenible y de un sector privado dinámico. Una clave para la prosperidad es el comercio sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y con un creciente flujo de inversiones productivas. La eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de los bienes y servicios entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico. Una economía mundial en crecimiento aumentará también nuestra prosperidad interna. El libre comercio y una mayor integración económica son factores clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y proteger mejor el medio ambiente. Por consiguiente, decidimos iniciar de inmediato el establecimiento del “Area de Libre Comercio de las Américas” en la que se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y la inversión. Asimismo, resolvemos concluir las negociaciones del “Area de Libre Comercio de las Américas” a más tardar en el año 2005, y convenimos en alcanzar avances concretos hacia el logro de este objetivo para el final de este siglo”.

En esa ocasión, los jefes de Estado y de Gobierno democráticamente elegidos del hemisferio occidental firmaron una declaración de principios titulada “Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad de las Américas” y un Plan de Acción.

Los objetivos de la alianza fueron definidos como:

· La preservación y el fortalecimiento de la comunidad de las democracias en las Américas.

· La promoción de la prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio.

· La erradicación de la pobreza y la discriminación en el hemisferio.

· La garantía de un desarrollo sostenible así como de la conservación del medio ambiente para las generaciones futuras.

Para el logro de estos cuatro objetivos básicos los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron un Plan de Acción que contiene 23 iniciativas, una de las cuales es la creación del ALCA.

El proceso de Cumbres Hemisféricas, de las que se han realizado tres (Miami 1994, Santiago 1998 y Québec 2001), es el origen y el motor de un vasto proceso de acercamiento entre los países de la región, impulsados no sólo por una lógica económica, sino también por necesidades estratégicas vinculadas a la seguridad colectiva.

Las cumbres hemisféricas obedecen a la lógica económica y a necesidades estratégicas vinculadas con la seguridad colectiva

De las 23 iniciativas antes mencionadas, el ALCA es la más importante.

Es interesante observar que la concep­ción inicial de este proceso no contemplaba un rol para la Organización de los Estados Americanos, el principal órgano político del hemisferio. La razón radicaba en la poca confianza que había en la Organización.

La OEA, fundada en 1948 en plena Guerra Fría, tuvo durante mucho tiempo fama de ser un instrumento al servicio de los Estados Unidos. Sólo a comienzos de los años noventa comenzó a recuperar prestigio y lustre, pero éste. era un desa­rrollo demasiado reciente como para que las Cumbres se apoyaran en ella de ma­nera más decidida en sus inicios.

Sin embargo, los ocho años transcurri­dos muestran una creciente convergencia entre el proceso de Cumbres y la OEA, al punto de que se ha resuelto que, a partir de 2002, la Asamblea General anual de la Organización sea también la ocasión en que los ministros de Relaciones Exteriores exa­minen el avance del proceso de Cumbres.


Hay creciente convergencia entre el proceso de Cumbres Hemisféricas y la OEA.

La OEA se ha convertido en la práctica en la Secretaría Técnica de las Cumbres y desempeña, como veremos, un activo rol de soporte de las negociaciones del ALCA.

Desarrollo del ALCA

Desde su inicio en 1994 se pueden observar varias fases en el desarrollo del ALCA.

a) Fase preparatoria:

Va desde diciembre de 1994 hasta abril de 1998, entre la Primera y la Segunda Cumbre Hemisférica de jefes de Estado y de Gobierno.

En esta fase, el ALCA ya tenía sus mecanismos de ejecución claramente definidos: las reuniones ministeriales, las reuniones vice ministeriales, los grupos de trabajo hemisféricos, el Comité Tripartito (integrado por la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe).

Tal como se instruye en el Plan de Acción, los ministros responsables de comercio definieron el programa de trabajo técnico a los efectos de preparar las negociaciones.

En la cuarta reunión ministerial, en San José de Costa Rica, en marzo de 1998, los 34 ministros convinieron en la Declaración de San José, en la que se definieron los objetivos y principios generales del ALCA, los objetivos específicos por áreas temáticas, así como la estructura, la organización y otros aspectos sustantivos y administrativos que iban a orientar las negociaciones. Los ministros acordaron también recomendar al os jefes de Estado y de Gobierno la iniciación de las negociaciones formales del ALCA en la Segunda Cumbre de las Américas, a celebrarse en Santiago de Chile en abril de 1998.

Esta recomendación se reflejó en la Declaración de la Segunda Cumbre de las Américas, en la que se pusieron en marcha formalmente las negociaciones.

b) Fase de negociaciones:

Esta se subdivide, a su vez, en dos primeras subfases ya cumplidas, de 18 meses de duración cada una: la primera se extendió desde la Cumbre ed Santiago a la Quinta Reunión Ministerial de Comercio celebrada en Toronto, Canadá, en noviembre de 1999, y la segunda desde esta fecha hasta la Sexta Reunión Ministerial de Comercio, celebrada el 7 de abril de 2001 en Buenos Aires, Argentina.

El resultado concreto de esta tarea ya cumplida es el borrador del acuerdo que mencionábamos al inicio, y la adopción por los países de 18 medidas específicas de facilitación de negocios que, sin ser parte del ALCA, tienen una gran incidencia en el menor costo y la fluidez del comercio transfronterizo.

Una tercera subfase de la negociación, actualmente en curso, va de abril 2001 a octubre 2002, mes en que se celebrará la Séptima Reunión Ministerial de Comercio en Ecuador. El resultado de este trabajo debería ser un segundo borrador del acuerdo del ALCA. La subfase final se extender á de esta fecha hasta diciembre de 2004 bajo la co-presidencia de Brasil y los Estados Unidos.

ESTRUCTURA DEL MECANISMO DE NEGOCIACION

La estructura acordada para las negociaciones consiste en la presidencia rotativa del proceso negociador; un calendario fijo de fechas y lugares para las reuniones ministeriales en todo el período que concluye el 31 de diciembre de 2004; un Comité de Negociaciones Comerciales a nivel de viceministros y nueve grupos de negociación.

También se ha acordado que las reuniones de los grupos de negociación tengan lugar en un único lugar que rota del modo siguiente: Miami (desde el 1 de mayo de 1998 al 28 de febrero de 2001), Ciudad de Panamá (1 de marzo de 2001 a 28 de febrero de 2003), y Ciudad de México (1 de marzo de 2003 a 31 de diciembre de 2004).

Se creó una secretaría administrativa encargada de proporcionar apoyo logístico y administrativo para las negociaciones, prestar servicios de traducción de documentos e interpretación, llevar la documentación oficial de las negociaciones y publicar y distribuir documentos. La secretaría administrativa está localizada en el mismo sitio en que se realizan las reuniones de los grupos de negociación.

El Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA cumple el papel central en su desarrollo

El Comité de Negociaciones Comerciales cumple el papel central en la gestión de las negociaciones del ALCA. Esto fue reafirmado por los ministros de Comercio en su Declaración de Toronto (noviembre de 1999), en la que se señala que el Comité debe orientar la labor de los grupos de negociación y de los otros tres grupos y comités creados por la Declaración de San José; así como asegurar la transparencia en las negociaciones; supervisar a la secretaría administrativa; supervisar la puesta en práctica de medidas de facilitación de negocios acordadas e identificar fuentes de financiamiento para su implementación; abordar asuntos que los grupos de negociación no hayan podido resolver y asegurar que se realizan avances en todas las áreas y grupo de negociación. El comité debe reunirse por lo menos tres veces entre reuniones ministeriales consecutivas, o con más frecuencia si es necesario.

Los nueve grupos de negociación son: acceso a mercados (que abarca medidas arancelarias y no arancelarias, procedimientos aduaneros, salvaguardias, reglas de origen y normas y barreras técnicas al comercio); inversión; servicios; compras del sector público; solución de controversias; agricultura, propiedad intelelectual; subsidios; antidumping y derechos compensatorios, y política de competencia. Se crearon asimismo tres Comités No Negociadores Especiales: un Grupo Consultivo sobre Economías Más Pequeñas; un Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil y un Comité Conjunto de Expertos del Sector Público y Privado en Comercio Electrónico.

Los tres Grupos y Comités Especiales No Negociadores reflejan las preocupaciones e intereses de muchos participantes en sus respectivas áreas del proceso ALCA. Tal como se especifica en la Declaración de San José, la función del Grupo Consultivo sobre Economías Más Pequeñas consiste en “seguir el proceso del ALCA, evaluando las inquietudes e intereses de las economías más pequeñas” y “elevar a la consideración del Comité de Negociaciones Comerciales los temas de interés para las economías más pequeñas y hacer las recomendaciones para abordar estos temas”.

Los Comités Especiales reflejan las preocupación de muchos participantes en el proceso del ALCA

Reconociendo los intereses u preocupaciones de diversos sectores de la sociedad en relación con el ALCA, los ministros establecieron el Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil y le solicitaron que recibiera los aportes de ella, que los analizara y que presentara la gama de opiniones para la consideración de los ministros. La misión del Comité Conjunto de Expertos del Sector Público y Privado en Comercio Electrónico consiste en examinar varios temas que guardan relación con ese comercio, incluido el examen del grado de preparación para Internet de los países que participan en el ALCA y la manera de tratar el comercio electrónico en el contexto de las negociaciones.

Al Comité Tripartito, formado por la OEA, el BID y la CEPAL, se le solicitó que contribuyera con apoyo técnico, analítico y logístico al proceso del ALCA, así como con asistencia técnica a los países participantes. En la práctica, este apoyo ha incluido ayudar a los gobiernos a compilar inventarios de leyes y reglamentos nacionales y regionales así como bases de datos sobre comercio y aranceles aduaneros, analizar normas y disposiciones regulagorias vigentes relacionadas con el comercio, y preparar estudios y documentos de antecedentes relativos a los ámbitos de negociación. Otras funciones del Comité Tripartito han consistido en dar respaldo a las presidencias de los diferentes grupos conforme a sus solicitudes; el trabajo con la secretaría administrativa en la labor e coordinar la traducción, las fechas de presentación y la distribución de documentos para las reuniones; la administración del sitio oficial del ALCA en la Internet en nombre de los países; el financiamiento de la secretaría administrativa, así como la realización de actividades de capacitación y educativas en beneficio de los países.

El trabajo del Comité Tripartito, que ha acompañado el proceso desde su inicio, es considerado un modelo de cooperación interagencias.

Así como la existencia de un amplio contingente de negociadores ha servido para crear una muy valiosa red de conocimientos técnicos y relaciones interpersonales que en definitiva contribuyen a acercar a los países entre sí, otro tanto ha ocurrido con la colaboración que han desarrollado en materia ALCA los tres organismos que conforman el Comité Tripartito.

LA MARCHA DE LAS NEGOCIACIONES

Los negociadores lograron avances importantes bajo la presidencia de Canadá en la primera fase de las negociaciones, es decir, en el período de 18 meses comprendido entre mayo de 1998 y noviembre de 1999, fecha de la Quinta Reunión Ministerial, celebrada en Toronto, Canadá. En esta reunión, los ministros evaluaron el progreso de las negociaciones durante la primera fase como “considerable”.

A partir de septiembre de 1998, cada uno de los nueve grupos de negociación se ha venido reuniendo regularmente. Como se dijo, cada ronda de reuniones de grupos de negociación congrega a más de 900 negociadores comerciales de los 34 países participantes y constituye un extraordinario esfuerzo de determinación política, capacidad técnica y posicionamiento estratégico de las naciones participantes. Del proceso han surgido bases de datos completas, compendios de leyes y regulaciones y otra información de antecedentes necesaria para las negociaciones. Este proceso ha mejorado enormemente la transparencia en cuanto a las reglas comerciales y de mercado vigentes en el hemisferio.

En Canadá el avance en las negociaciones fue evaluado como “considerable”

Finalmente, es importante señalar que varios subgrupos de países hablan con una sola voz en la mesa de negociaciones. Esto incluye a la Comunidad Andina, al MERCOSUR y a CARICOM. Cada uno de esos grupos subregionales presenta sus posiciones conjuntamente, lo que es precedido por intensas consultas entre sus miembros. Recientemente, la región del Caribe creó una nueva estructura para formular y dar a conocer las opiniones de los países de la CARICOM en materia de negociaciones comerciales internacionales, y este Mecanismo Negociador Regional del Caribe habla en el ALCA en nombre de sus miembros.

La Comunidad Andina, el MERCOSUR y el CARICOM participan con una sola voz en las negociaciones del ALCA. ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES

A medida que se aproxima el término del plazo, las negociaciones se vuelven más difíciles, porque se han concentrado en torno a los temas verdaderamente complicados.

Uno de ellos es cómo establecer las equivalencias entre las tarifas aduaneras. Otro es el de las compras de gobierno. También hay que resolver si los servicios serán objeto de listas positivas (enumeración de los que se pueden prestar) o negativas (de los que no se pueden prestar). Todas éstas son decisiones indispensables para definir las reglas de acceso al mercado.

El 15 de mayo se retomaron en Panamá las negociaciones que fueron suspendidas sin resultados, semanas antes, en Isla Margarita (Venezuela). El propósito es presentarles a los ministros un nuevo texto en su reunión de octubre próximo en Ecuador.

A las dificultades enunciadas se suma la aún incierta aprobación definitiva del TPA (Trade Promotion Authority) en el congreso norteamericano. Ello, porque el TPA también define parámetros para los negociadores de Estados Unidos.

Con todo, existe confianza en que de aquí a octubre habrá humo banco y en que las negociaciones de acceso al mercado se iniciarán como está previsto .

UN BALANCE PROVISIONAL DEL ALCA

Señalábamos al comienzo que el proceso de integración de las economías americanas es muy reciente. Data de términos de la Guerra Fría o, puesto en otros términos, de comienzos de la globalización.

Sin desconocer la importancia que han tenido un puñado de estadistas que, puestos a pensar en las futuras generaciones, optaron por enfrentar la inercia y crear un marco de relaciones dotado de nuevas instituciones y valores, puede afirmarse que el proceso ha sido más bien de carácter aluvional. El sucederse de los acontecimientos a nivel mundial y regional hizo que los factores se combinaran dando lugar a la irrupción de este nuevo elemento que es la integración.

Desde el punto de vista de la teoría del centro y la periferia, ello equivale a que una parte de la periferia ha sido invitada a integrarse al centro, previo establecimiento de reglas del juego y la adopción de políticas que implican profundas reformas estructurales.

En tal sentido, es sintomático el caso de Chile: ubicado, con relación a los Estados Unidos y Europa en la más apartada periferia, acaba de acordar con ésta última una asociación que le garantiza una relación política y de cooperación privilegiada y, a partir del 1 de enero de 2003, el acceso libre al mercado europeo (400 millones de personas en la actualidad) de una parte sustancial de sus exportaciones. Es probable que concluya también este año otro acuerdo semejante con los Estados Unidos.

Gracias a que oportunamente abrió su economía al mundo, y también a que a orden social presenta índices comparables con los del centro en materia de democracia, respeto a los derechos humanos, transparencia, probidad, regulación de la competencia, mercado de capitales y otros, nuestro país se adentra en el siglo que se inicia en calidad de socio de un centro de acceso limitado, que seguirá siendo el vórtice de donde proviene el dinamismo que mueve la economía del mundo.

Lo que vale para Chile hoy debería regir a partir de 2005 para todos los países de América que negocian los compromisos del ALCA.

Esto implica una revolución sin precedentes, tan nueva y tan súbita, que apenas comienza a ser analizada en sus aspectos positivos y negativos.

Para examinar estos aspectos es necesario hacer diferencias entre las distintas subregiones.

Los compromisos del ALCA implican una revolución cuyos aspectos recién comienzan a analizarse.

Centroamérica tiene un gran interés en obtener un acceso garantizado al mercado de los Estados Unidos, que es actualmente el destino principal de sus exportaciones. Esto vale en particular para sus productos agrícolas, textiles y para los procesos de maquila industrial. Es muy importante asegurarles a esos últimos el ingreso al mercado norteamericano antes de que China se abra paso con fuerza en el mercado internacional.

Desde el punto de vista de las inversiones, Centroamérica quiere recibir industrias de tecnología avanzada, como es el caso de Intel en Costa Rica, por lo cual tiene interés en el capítulo de Propiedad Industrial.

El Caribe concentra su atención en los servicios, entre los cuales el turismo y las comunicaciones son relevantes. Estas últimas, porque pueden dar lugar a una industria exportadora de procesamiento de datos, aprovechando la circunstancia de que se trata de países mayoritariamente anglófonos.

Los países andinos también son altamente dependientes de las exportaciones a los Estados Unidos, aunque éstas presentan una diversificación mayor. A la vez, tienen mucho interés en recibir inversiones de aquel país que les permitirían modernizar su infraestructura (transporte, telecomunicaciones, sanitarias).

El Mercosur es, tal vez, el menos entusiasta de los negociadores del ALCA. Comercia en alto grado con la Unión Europea, posee una gama muy variada de productos de exportación y compite con los Estados Unidos en una serie de rubros, especialmente agrícolas (azúcar, alcohol, jugo de naranja, leche, carne, fruta).

Tal vez por ello Brasil se aseguró la co-presidencia, junto con los Estados Unidos, en la fase final de la negociacióm.

Chile ya cruzó el umbral de estas dudas cuando en la Cumbre de Miami aceptó incorporarse al NAFTA como “el cuarto amigo”. Ello aún no se concreta, pero en los ocho años transcurridos ha profundizado su política de apertura a los mercados con éxitos tan notables como los acuerdos con México, Canadá, APEC y recientemente la Unión Europea.

México y Canadá, sobre todo el primero, son, en teoría, los países menos interesados en que el ALCA sea una pronta realidad. Ello, porque ya gozan de acceso libre al mercado norteamericano debido a su pertenencia al NAFTA.

Los Estados Unidos, por su aparte, proceden en la materia con el alma dividida; por un lado fueron ellos los que tomaron la iniciativa en la Primera Cumbre Hemisférica, y todos sus gobiernos desde entonces han mantenido en pie el ofrecimiento del libre comercio en las Américas. Por el otro lado, el gobierno, al otorgar subsidios y protección a sectores clave como la agricultura y el acero, y el Congreso, al negarle al presidente la facultad de negociar los acuerdos sin ulterior modificación por la rama legislativa, adoptan medidas totalmente contrarias a dicho propósito.

Independiente de los puntos de vista nacionales o regionales, un análisis objetivo indica que el ALCA indudablemente incidiría en una mejoría de las condiciones económicas en el hemisferio.

Una inversión más racional de los recursos promovería sistemas de producción más eficientes. La tecnología y el capital tendrían gran movilidad a través de las fronteras y las diferencias en el ingreso per cápita entre las naciones tenderían a disminuir, al igual que los precios finales de muchos bienes y servicios. Los consumidores se verían favorecidos en la medida en que sus salarios se elevarían, mientras el nivel de los precios se mantendría estable.

Pese a que tomaron la iniciativa, los Estados Unidos han adoptado medidas contrarias al libre comercio en las Américas.

Ello no quiere decir, por supuesto, que todos se beneficiarían, o que todos los países tendrían igual provecho del ALCA.

Algunos sectores en determinados países verían deteriorarse su posición, ya que las relaciones comerciales se desplazarían dramáticamente. Industrias ineficientes, desprovistas de protección, tenderían a desaparecer, mientras aquellas eficientes tenderían a crecer rápidamente, gracias al nuevo acceso a los mercados externos.

En los Estados Unidos, por ejemplo, sectores como el azúcar, los jugos de frutas, los textiles, y el acero disminuirían su tamaño. Simultáneamente, los sectores de computadores y de telecomunicaciones se expandirán.

En el resultado final, tanto los Estados Unidos como sus socios del ALCA llegarían a la conclusión de que se ha producido una ganancia neta de bienestar.


¿Qué pasó, Tío Sam?
Los Estados Unidos y América Latina después del 11 de septiembre


Por una de esas curiosas coincidencias de la historia, el 11 de septiembre de 2001 fue también el día en que se reunían en Lima los Cancilleres de las Américas para ratificar la Carta Democrática, formalizando el compromiso con esa forma de gobierno en la región, en un documento que daba seguimiento a la Declaración de Santiago de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1991. De más está decir que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, no pudo dedicar demasiado tiempo esa mañana a compartir con sus colegas del hemisferio, debiendo retornar de inmediato a Washington.

A las pocas semanas, los países latinoamericanos, invocando el hasta hace poco cuestionado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), le daba su pleno respaldo a los Estados Unidos en su acción contra el terrorismo global. Aun países tradicionalmente cautos en todo lo que pueda ser visto como un “alineamiento automático” con Washington, como Brasil, estuvieron a la vanguardia de esa iniciativa, plegándose a la “gran coalición” que los Estados Unidos conformaron en su lucha contra Al Qaeda y el gobierno talibán en Afganistán.

En esos momentos, muchos creyeron ver una gran “ventana de oportunidad” para América Latina en el escenario internacional. Si bien se podría esperar un impacto económico negativo inicial debido a la baja generalizada que afectaría a la economía mundial, y especialmente al turismo y a las líneas aéreas, en un cuadro dominado por la acción devastadora de un grupo fundamentalista islámico basado en Asia Central, financiado desde Arabia Saudita, entrenado en Europa y con acciones previas en Africa, América Latina aparecía como un verdadero “oasis de tranquilidad”, casi la única región del mundo no involucrada en las acciones de Al Qaeda, y, dada la ausencia de una población musulmana significativa con poco potencial para serlo en el futuro. En un mundo hostil, la región aparecía como un bastión de regímenes proclives a losa Estados Unidos, dispuestos a jugarse por la defensa de los valores de “Occidente”, en el “choque de civilizaciones” que se avecinaba.

Y más allá de la coyuntura internacional, las condiciones parecían estar dadas para un salto cualitativo en la situación de la región. Por vez primera en muchas décadas, la democracia imperaba en 34 de los 35 países del continente. Las distintas Cumbres de las Américas, por otra parte, anunciaban el compromiso con un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para el año 2005, algo ratificado personalmente por el presidente George W. Bush en el tercero de estos encuentros, realizado en Québec en abril del 2001. Tanto el imperativo democrático como el del libre comercio, tan propios de esta era de la globalización, aparecían a buen resguardo en el hemisferio, y apuntalando el inicio de una década de progreso, paz y prosperidad, bienes muy escasos en un mundo marcado por las “limpiezas étnicas”, los fanatismos religiosos y conflictos con raíces centenarias. Presumiblemente, los propios Estados Unidos serían los mayores interesados en promover la estabilidad política y económica en la región, algo que le permitiría enfrentar sin mayores distracciones los enormes desafios provenientes del Medio Oriente, Asia Central y del Sur.


El imperativo democrático aparecía a buen resguardo en el hemisferio

Nueve meses después de ese fatídico martes de septiembre, sin embargo, el panorama en América Latina no podría ser más distinto (ni más desalentador) que el que se podría haber esperado de esas optimistas proyecciones. Argentina, que a comienzos del siglo XX llegó a estar entre los diez países más ricos del mundo, ha entrado en cesación de pagos de sus compromisos internacionales, en lo que ha sido el inicio de una crisis sin parangón en el Cono Sur en muchas décadas, con la sociedad argentina, tan avanzada y sofisticada en tantos aspectos, batiéndose entre la anomia y la anarqupia. Venezuela, aplaudida por cuarenta años como un símbolo de la democracia en Sudamérica, ofrece el lamentable espectáculo de un presidente que aparece como derrocado un viernes, sólo para volver al poder al lunes siguiente.

Y el “arco de crisis” radicado en los países andinos, lejos de despejarse, se ha profundizado: la popularidad del candidato presidencial vencedor en las elecciones de mayo, Álvaro Uribe, se basa, entre otras cosas, en su promesa de movilizar a un millón de efectivos para enfrentar a la guerrilla y al narcotráfico, en un país en que diariamente 80 personas son víctimas fatales de la violencia política y/o criminal.. Alejandro Toledo, el nuevo presidente del Perú, ha tenido grandes dificultades para remontar los problemas heredados de la década de Alberto Fujimori, y antes de cumplir un año de gobierno, sus índices de popularidad apenas llegan al 26%; Ecuador y Paraguay continúan afectados por una enorme precariedad y fragilidad institucional, algo propio de países en que la mayoría de la población, gran parte de ella indígena, nunca se ha sentido integrada al sistema político, que sigue viendo como muy ajeno y distante de sus necesidades y prioridades.

En este cuadro, sólo cabía rescatar la solidez de las situaciones de Brasil (al terminar los dos cuatrienios de la presidencia de Fernando Enrique Cardoso, para muchos el mejor jefe de Estado de Brasil en medio siglo, pero ya afectada por el así llamado “efecto Lula”) y de Chile, así como la estabilidad (si bien sin mayores avances) de Bolivia y Uruguay. En todo caso, se trata de un panorama convulsionado, y respecto del cual el gobierno del presidente Bush, lejos de contribuir a estabilizarlo, ha hecho poco por aminorar la crisis de gobernabilidad que está comenzando a afectar la región y, al menos en algunos casos, ha contribuido a agravarla. ¿A qué se ha debido esta curiosa política, no digamos ya de “negligencia maligna”, como alguien ha señalado, sino que de tratar de “apagar los incendios con bencina”, como a ratos pareciera estar haciendo Washington? Por muy “patio trasero” que se considere a la región, ¿no está el peligro de que el siniestro termine afectando la casa principal?

El presidente Bush ha hecho poco por aminorar la crisis de gobernabilidad que comienza a afectar a la región.

El propósito de este artículo es tratar de responder a ésas y otras interrogantes, examinando algunos aspecto de lo que han sido los primeros dieciocho meses de la política exterior del gobierno del presidente George W. Bush. En primer lugar, se analizarán las distintas visiones planteadas respecto del papel de los Estados Unidos en la post-Guerra Fría; luego, ello se hará con lo que podría considerarse como la emergente política hemisférica de esta administración, o al menos la que podría colegirse del análisis de una serie de casos en que ella se ha manifestado; el artículo concluye con algunas consideraciones respecto de sus implicaciones para la región en los años venideros, así como para su inserción internacional.


REDEFINIENDO UNA POLÍTICA IMPERIAL

Trece años después de la caída del Muro de Berlín, la hegemonía de los Estados Unidos en el emergente sistema internacional post-Guerra Fría no sólo no se ve amagada por otras potencias, sino que ha pasado a ser abrumadora. Como han señalado distintos historiadores (entre ellos Paul Kennedy, de Yale, que en los ochenta había vaticinado el decaer de la hegemonía de los Estados Unidos), desde la época del Imperio Romano que no se daba una situación de desbalance tan marcado entre uno de los centros de poder el resto del mundo. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos, de unos US$350 mil millones de dólares, es superior al de la suma del de los nueve países que lo siguen en materia de gasto militar; y como si ello no fuese suficiente, apenas llega al 3% de su PIB. Ello significa que los Estados Unidos no sólo están en condiciones de equipar y movilizar una maquinaria militar como no ha desplegado país alguno hasta ahora, sino que puede hacerlo con un impacto presupuestario mínimo.

Con un 31% del producto del planeta, habiéndose constituido, para todos los efectos, en la locomotora que arrastra la economía mundial (algo que se hizo especialmente evidente en los noventa, testigos de la mayor fase expansiva del ciclo económico desde la postguerra) y ejerciendo una influencia enorme en la cultura popular de todo el planeta por medio de la música, el cine, la televisión y la moda, los Estados Unidos se encuentran en una posición privilegiada para marcar con su impronta el sistema internacional de inicios del siglo XXI. Sin embargo, unipolaridad no significa omnipotencia, y los atentados del 11 de septiembre fueron la mejor demostración de la vulnerabilidad de la única superpotencia remanente al terrorismo a escala global.


Unipolaridad no significa omnipotencia

Con una Europa que avanza con rapidez en su integración regional, pero que sigue siendo incapaz de proyectar su fuerza militar en forma independiente, tanto dentro como fuera del viejo continente, una Rusia transformada en un mero remedo de lo que fue alguna vez la Unión Soviética, un Japón sumido en un estancamiento económico al cual no se le ve salida (un chiste común en Tokio en estos días es: “¿Cuál es la diferencia entre Japón y Argentina?”. La respuesta: “Diez años”), y una China –tal vez la única potencia que le inspira algún grado de respeto a Washington – aún a varias décadas de poder asumir responsabilidades verdaderamente globales, la pregunta relevante pasa a ser cómo exactamente desempeñar este nuevo rol o, como ha señalado el columnista Charles Krauthammer, cómo dar el paso “del momento unipolar a la era unipolar”

Si hay algo que tuvo claro el gobierno del presidente Clinton fue que esta hegemonía sería ejercida en forma más efectiva en un orden global con reglas establecidas, en el cual todas las partes supiesen a qué atenerse. En un proceso de globalización liderado por la acelerada integración de los mercados, puso especial énfasis en la creación de entidades como la Organización Mundial de Comercio /y la posterior incorporación de China a ella), la Zona de Libre Comercio de Norteamérica, y las condiciones necesarias para que la industria de las telecomunicaciones y la de la informática pudiesen desarrollarse sin mayores obstáculos a nivel mundial (algo no desvinculado de la fase expansiva que se dio en el ciclo económico de los noventa).

Al mismo tiempo, y teniendo presente las incertidumbres y crisis que crean los “capitales golondrina” de cientos de miles de millones de dólares que se desplazan a diario de un país a otro a la presión de una tecla, su secretario del tesoro, Robert Rubin, estaba muy consciente de la necesidad de “ir al rescate” de países en situaciones límite. Fue ello lo que hicieron Estados Unidos, de la mano del Fondo Monetario Internacional, en México en 1994-95, en Rusia en 1997 y en Brasil en 1998, contribuyendo así a evitar lo que podría haber sido el colapso del sistema financiero internacional.

En otros ámbitos, avanzar hacia reglas que otorguen mayor protección al medio ambiente global –por medio del Tratado de Kyoto- y a los derechos humanos –por medio de la creación del Tribunal Penal Internacional (aunque, en definitiva, votaron en contra de su creación, tras dos años de deliberaciones en Roma al respecto)- fuero otras constantes de la política también exterior de los Estados Unidos en la era Clinton. Se trataba, en definitiva, de una concepción que entendía que el mayor interesado y beneficiario de un orden internacional estable y predecible era precisamente el hegemónico, y que por ende éste debía no sólo contribuir al desarrollo de las reglas y regímenes internacionales que facilitasen paz y prosperidad para todos, sino que en ocasiones debía asumir el costo de destrabar situaciones conflictivas. La política seguida en Haití, desde su ocupación en 1994 por tropas estadounidenses hasta el día de hoy continuando con la así llamada “intervención humanitaria” en Kosovo en 1999, y culminando con los permanentes esfuerzos por “abrochar” el proceso de paz del Medio Oriente (algo que consumió las energías del presidente Clinton hasta sus últimos días en la Casa Blanca), son un buen ejemplo de ello.


Para Clinton, el mayor beneficiario de un orden estable era precisamente el hegemónico

Y fueron precisamente estos esfuerzos por reconstruir países colapsados (nation-building, en la expresión en inglés) los que fueron objeto de especiales críticas del entonces candidato presidencial George W. Bush en la campaña del año 2000. Si para los demócratas como Bill Clinton y Al Core la unipolaridad significaba que los Estados Unidos debían asumir una responsabilidad clave en la creación y apoyo de las instituciones internacionales que facilitasen el ejercicio de la ya incuestionada hegemonía estadounidense, para los republicanos ella tenía una lectura muy distinta.

Para el ala neoconservadora al interior del Partido Republicano, tradicionalmente desconfiada de entidades como la Organización de las Naciones Unidas y compromisos internacionales que a su juicio no harían sino debilitar la voluntad y el poder de su país, de lo que se trata es de sacar las consecuencias lógicas de la posición de privilegio de los Estados Unidos en el mundo. De acuerdo a ello, más que de coordinar sus políticas con otros actores en el escenario global, lo que Washington debe hacer es imponer sus posiciones e intereses en forma unilateral. Si a otros esto no les parece, tanto peor para ellos –total no es mucho lo que pueden hacer al respecto-.

Lejos de rechazar, como hacían antes, las acusaciones sobre un supuesto o real “imperialismo yanqui”, hoy son cada vez más los estadounidenses, incluyendo ya no sólo ideólogos sino que incluso a prominentes y respetados académicos, los que anuncian urbi et orbi la formación de un imperio en las orillas, no ya del Tíber, sino que del Potomac. Desde las páginas del Weekly Standard, un pequeño semanario dirigido por una de las luminarias de los neoconservadores, William Kristol, a fines del año pasado, uno de los planteamientos iniciales de esta perspectiva fue muy claro: “.... el ataque del 11 de septiembre fue el resultado de insuficiente involucramiento y ambición de los Estados Unidos; la solución radica es en ser más expansiva en nuestras metas y más asertivos en su implementación”.


Destacados ideólogos y académicos estadounidenses anuncian la formación de un imperio a orillas del Potomac.

El diagnóstico de los neoconservadores es que los Estados Unidos deben fortalecer su aparato militar, intervenir más activamente en el escenario internacional en defensa de la democracia y los derechos humanos, ocupar (permanentemente, si así fuese necesario) países como Afganistán e Irak, y proclamar sin embargo su condición de nuevo imperio. Como ha señalado Robert D. Kaplan, otro de los prominentes ideólogos de la “escuela imperial” en un libro reciente: “Mientras más exitosa sea nuestra política exterior, mayor será el impacto y la influencia de los Estados Unidos en el mundo, y más probable será que los historiadores del futuro nos mirarán tanto como un imperio como una república, por distintos que seamos de Roma y de todo otro imperio en el curso de la historia”.

Una línea tajante entre los “buenos” y los “malos” (potencialmente, el resto del mundo), una preferencia decidida por la acción unilateral, de la mano de un fuerte activismo internacional son así los componentes clave de este enfoque, que ha encontrado un enorme eco en destacados personeros del gobierno del presidente Bush, incluyendo a su vicepresidente, Richard Cheney, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el subsecretario de éste, Paul Wolfowitz. Parte de esta visión implica el evitar a toda costa que otras potencias puedan llegar a amagar la supremacía estadounidense.

Sin embargo, esta óptica no es la única al interior del Partido Republicano. Ella coexiste con la vieja escuela realista, cuyo máximo exponente continúa siendo Henry Kissinger, y que se caracteriza por una mayor dosis de sobriedad y modestia en sus planteamientos respecto del rol de los Estados Unidos en el mundo. Este podrá ser la única superpotencia remanente, pero ello no significa, en esta perspectiva, que pueda ni deba actuar como un “llanero solitario”, las alianzas y coaliciones siguen siendo importantes y facilitan la efectividad de la política exterior de Washington. La noción de que los Estados Unidos pueden darse el lujo de enfrentar al resto del mundo sine die sería no sólo equivocada, sino peligrosa. Ello puede transformarse en una profecía autocumplida, en que el hubris de Washington termina provocando el antagonismo del mundo entero.


La noción de que los Estados pueden enfrentar indefinidamente al resto del mundo no sólo sería equivocada sino peligrosa

En parte, desde luego, la tensión entre ambas visiones se manifestó con posterioridad al 11-9,y continúa expresándose hasta el día de hoy en el debate en torno a irak y al conflicto del Medio Oriente. Mientras “halcones” como Wolfowitz y otros presionaban por un ataque inmediato en contra de Al Qaeda y el gobierno Talibán, Colin Powell y sus colaboradores como el subsecretario Richard Armitage en el Departamento de Estado, insistían en tener antes “todas las piezas en su lugar”; mientras los primeros clamaban por actuar unilateralmente, o sólo con algunos socios, los segundos insistían en forjar una coalición lo más amplia posible (“desde la OTAN hasta la OEA”) para asegurarse las espaldas a los Estados Unidos. Habiendo ganado la guerra en Afganistán (si bien sin haber logrado dar con su objetivo principal, esto es, Osama bin Laden), las diferencias se han trasladado a la política hacia Irak y el Medio Oriente, con los neoconservadores exigiendo, por una parte, la invasión y ocupación del primero y, por otra, el respaldo incondicional a Israel en su conflicto con los palestinos, mientras que los realistas son más cautos y moderados en ambas instancias.

El presidente Bush hasta ahora ha evitado alinearse con uno u otro campo, manteniendo un cuidadoso equilibrio entre ambos, algo que debería verse reforzado por los buenos resultados que ello le ha dado. En mayo del 2002, su popularidad se mantenía en un 75%, una cifra que ninguno de sus predecesores logró mantener por tan largo tiempo –ocho meses-.

¿Qué tiene que ver todo esto con la política hacia América Latina? Mucho, ya que esta última, como es obvio, no se hace en el vacío, sino que se enmarca dentro del contexto más amplio de los parámetros dentro de los cuales Estados Unidos define el tipo de vinculación que desea desarrollar con el resto del mundo.


LA POLÍTICA HEMISFÉRICA ENTRE LAS EXPECTATIVAS Y LAS REALIDADES

Frecuentemente, las deliberaciones en torno a la política latinoamericana de los Estados Unidos se plantean en términos del “grado de atención” que el país del norte prestaría al a América al sur del río Bravo, con el supuesto implícito de que “más atención” equivale a “mayores beneficios” para la región. Este supuesto es erróneo (algo sobre lo cual volveremos); de lo que se trata, naturalmente, no es de la “atención” en sí, sino del tipo de atención y el tipo de políticas que se aplican y de sus efectos en el desarrollo y las instituciones de América Latina.

En todo caso, y como quiera que ello fuese, si hay algo que no se puede decir es que el gobierno del presidente Bush no ha “prestado atención” a la América morena. De hecho, podría señalarse que pocos presidentes de los Estados Unidos han dado tantas manifestaciones de interés en la región como lo ha hecho el actual mandatario –sobre todo durante la primera mitad de sus primeros 18 meses de gobierno-, pero también, si bien en menor medida, después de ella.

Como alguien que fue gobernador de tejas y que habla español, George W. Bush está muy consciente de la creciente importancia del voto hispano en los Estados Unidos y no es casualidad que la primera visita de un jefe de Estado extranjero que recibiese una vez instalado en la Casa Blanca fuese la del presidente Vicente Fox, de México, ni que declarase que la relación más importante para los Estados Unidos era la que tenía con México.

Más allá de lo emblemático de la “conexión mexicana” –tanto a nivel anecdótico en términos de la así llamada “diplomacia entre rancheros”, dada la afición de ambos mandatarios a sus respectivas haciendas y a calzar botas de vaqueros, como por el significado de la presidencia de Vicente Fox, cuya victoria en las elecciones del año 2000 significó el fin de 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, el presidente Bush también dio señales de un fuerte compromiso con la agenda hemisférica a nivel multilateral.


Bush dio señales de compromiso con la agenda hemisférica a nivel multilateral

Un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) a los pocos meses de asumir el cargo, así como el que su primera visita al extranjero fuese a la Tercera Cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Québec, Canadá, a fines de abril de 2001, donde subrayó la necesidad de avanzar hacia un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), fueron parte de este programa, como lo fue el recibir una rápida sucesión de visitas de presidentes latinoamericanos, incluyendo a los de Argentina, Brasil, Colombia y Chile.. El continuar con las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile iniciadas durante la administración del presidente Clinton, así como el anuncio de iniciar algo similar con los integrantes del Mercado Común Centroamericano (MCC), y la eventual extensión y formalización de un conjunto de preferencias comerciales a los países integrantes de la Comunidad Andina deben insertarse en este promisorio cuadro.

Hasta aquí, podría decirse, y mientras se tratase de anuncios y expresión de buenas intenciones en relación a compromisos a ser adquiridos en un futuro relativamente indefinido, íbamos bien. Sin embargo, apenas comenzaron a golpear las duras realidades de situaciones críticas en la región, que requerían no ya de la manifestación de buenos deseos ni de palabras de buena crianza por parte de Washington, sino de opciones claras frente a urgencias muy inmediatas, o aun de un seguimiento efectivo a esos compromisos, este cuadro esperanzador comenzó a desmoronarse. Estos acontecimientos han ocurrido después del 11-9, dando pie a la explicación de que la importancia de la región en las prioridades de política exterior de Washington ha disminuido, y de que ello, de alguna manera, daría cuenta de la sucesión de embates que han sufrido distintos países por parte de los Estados Unidos en sus esfuerzos por remontar sus dificultades.

Esta explicación es insatisfactoria, por las razones que veremos a continuación. Lejos de reflejar “falta de atención”, las decisiones de política tomadas por el gobierno de los Estados Unidos hacia América Latina reflejan una cierta concepción del orden hemisférico que se aleja cada vez más del de la retórica del libre comercio y las instituciones democráticas a la que nos habían acostumbrado previamente la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y se aproximan crecientemente a la noción de “imperio sin ambages” proliferan al interior y en la periferia de la administración Bush. Una breve discusión de algunos de los casos en que ello se ha puesto de manifiesto con especial nitidez permitirá ilustrar esta aseveración.


Las decisiones de política de Estados Unidos hacia América Latina reflejan una concepción que se aparta cada vez más de la retórica del libre comercio.

1) Argentina: “Nadie los ha forzado a ser lo que son”

En principio, hay pocos países que han hecho más méritos para congraciarse con los Estados Unidos durante la última década que Argentina, cuarta mayor economía de la región, e histórico rival de Brasil en la disputa por el liderazgo geopolítico en Sudamérica. Si bien ha sido un país que tanto por razones comerciales como demográficas ha estado más cercano a Europa que a Norteamérica, y que en el curso del siglo XX tuvo muchas veces serias diferencias con Washington en torno a numerosos temas, bajo la presidencia de Carlos Saul Menem (1989-1999) ello cambió drásticamente. Como parte de ese proceso, Argentina se retiró del Movimiento de Países No Alineados en 1991, proclamando la muerte del Tercer Mundo (“existe un solo mundo, y en él está Argentina”); participó activamente junto a los Estados Unidos en la Guerra de Golfo ese mismo año con tropas y barcos de guerra; y solicitó y obtuvo la condición de “aliado especial de la OTAN” en 1994.

Simultáneamente, Argentina estableció la paridad de su moneda con el dólar, y aplicó un programa de ajuste radical, una “terapia de shock” que incluyó no sólo la desregulación y apertura de su economía, sino el programa más masivo de privatizaciones de la región, por el cual, se enajenó desde Aerolíneas Argentinas hasta el servicio de correos. Si hay alguien que se atuvo al pie de la letra al así llamado “Consenso de Washington” y a las recetas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para sanear la economía del país fue el gobierno del presidente Menem, bajo la férrea mano de su Ministro de Economía, Domingo Caballo (hoy preso).


El gobierno de Menen se atuvo al pie de la letra al llamado “Consenso de Washington”

Razones de tiempo y espacio impiden un análisis de las circunstancias que llevaron a la cesación de pagos de Argentina en diciembre de 2001 y a la subsiguiente renuncia del presidente Fernando de la Rúa y a la de tres de sus sucesores en el lapso de escasos días. Para nuestros efectos, lo relevante es la reacción de Washington ante estos acontecimientos. Si en ocasiones comparables (como la crisis del peso mexicano en 1994-1995, o la de Rusia en 1997 o Brasil en 1998) el gobierno de los Estados Unidos jugó un papel activo, incluso como prestador de última instancia, en ayudar a resolver el problema de pagos del país en cuestión, en el caso argentino ocurrió todo lo contrario. Sistemáticamente, los Estados Unidos se han negado a acudir al rescate de Argentina o a interponer sus buenos oficios ante el FMI para que éste lo haga, contribuyendo así a perpetuar y profundizar la crisis. En una frase memorable, el secretario del Tesoro estadounidense, Paul O´Neill, llegó a decir, al descartar llamados a ayudar a Argentina: “Nadie los ha forzado a ser como son”. Seis meses después de su cesación de pagos, Argentina continúa en una caída en espiral (se proyecta un crecimiento negativo de un 15% del PIB el año 2002) y los Estados Unidos siguen manifestando la misma indiferencia, que en ocasiones, y a juzgar por declaraciones como las del secretario O´Neill, se asemeja a una verdadera Schadenfreude – el pago después de trece años de aplicar las políticas más pro-norteamericanas jamás aplicadas por país latinoamericano alguno-.


2) Venezuela: “Lo de Chávez se veía venir”

Y si el caso argentino sentó el precedente de que Estados Unidos ya no estaría dispuesto a sacar de aprietos a economías emergentes en dificultades, al margen de su tamaño y de la cercanía de sus gobiernos a las posiciones de Washington, los confusos sucesos de Venezuela en abril e 2002 establecieron otro, aun más problemático: el compromiso con la democracia en las Américas (y, presumiblemente, con la Carta Democrática firmada por el secretario de Estado Colin Powell en Lima ese 11-9) del gobierno del presidente Bush tampoco es demasiado firme: el grado de apoyo a la institucionalidad democrática en un determinado país va a depender de la simpatía que le tengan al gobierno de turno en los círculos de poder en Washington.

Es cierto que lo ocurrido en Caracas entre el 12 y el 15 de abril del 2002 fue desconcertante, incluso para los patrones de la política venezolana. La renuncia sometida por el presidente Hugo Chávez al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Venezolanas, General Lucas Romero, el día 12; la proclamación de su sucesor, el dirigente empresarial Pedro Carmona; el cierre por parte de ese último del Congreso y su despido de las máximas autoridades del Poder Judicial; la subsiguiente renuncia de Carmona; y el retorno triunfal de Hugo Chávez 72 horas después de su salida se constituyeron en una verdadera vorágine de acontecimientos, difíciles de seguir y más aún de evaluar. Con todo, la reacción Washington, lejos de condenar lo que, para todos los efectos, era un golpe de estado, fue estudiadamente neutra, por decir lo menos.


La reacción de Washington a los hechos de Venezuela fue, cuanto menos, neutra.

En lo que sería la primera prueba de la Carta Democrática, el contraste entre la actitud de los gobiernos latinoamericanos (muchos de cuyos presidentes se encontraban en una reunión del Grupo de Río en San José en esos días) y la de los Estados Unidos no podría haber sido más grande: mientras los primeros condenaban unánimemente lo ocurrido (tanto en San José como en una reunión extraordinaria de la OEA convocada el sábado 13 de abril), el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, declaraba que la crisis había sido provocada por Chávez, que “se había instalado un gobierno de transición”, el que “habría prometido elecciones a la brevedad”. Mientras tanto, el secretario Auxiliar de Estado para Asuntos Interamericanos, Otto Reich, un ex – embajador de los Estados Unidos en Caracas y que debería conocer bien el acontecer venezolano, en una reunión de emergencia convocada con los embajadores latinoamericanos ante la Casa Blanca, decía que los Estados Unidos no aprobaban la realización de golpes de Estado y que no había promovido éste, pero que “lo de Chávez se veía venir”.

Trascendidos posteriores de reuniones realizadas por opositores a Chávez con autoridades del gobierno de los Estados Unidos en el período previo al golpe, y una investigación ordenada por el Pentágono con relación con contactos de oficiales estadounidenses con sus contrapartes venezolanas, le dan a todo el evento un carácter aún más oscuro. El punto a subrayar, sin embargo, es que “a la hora de la verdad”, el compromiso del gobierno del presidente Bush con el principio de la democracia en las Américas demostró no ser unívoco.


A la hora de la verdad, el compromiso del presidente Bush con el principio de la democracia en las Américas demostró no ser unívoco

3) Chile: “¿Si no hay TLC con Chile, con quién puede haberlo?”


Por otra parte, la sempitema espera de Chile a que llegue un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se ha transformado en una especie de cantinela permanente de todos los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, que lleva ya al menos doce años, algo que se inició en la Presidencia de George W. Bush (1989-1993) y aún se prolonga en la de su hijo. Y si bien el acuerdo de finalmente iniciar las negociaciones para un TLC se dio en las últimas semanas de la presidencia de Bill Clinton, algo que fue ratificado por la nueva administración, después de once rondas de negociación entre ambos países, aún no hay “humo blanco”, y se ha dado la curiosa paradoja de que la Unión Europea ha anunciado que ha llegado a un acuerdo en relación a un TLC con Chile antes que los propios Estados Unidos.

De más está decir que la noción de que se va a poder llegar a un Área de Libre Comercio en las Américas para el año 2005, si los Estados Unidos son incapaces de llegar a un acuerdo con Chile, país que “ha hecho todas sus tareas” en materia de reformas y ajustes económicos, aparece como crecientemente improbable. Y una carta que circulaba en el mes de abril e el Senado de los Estados Unidos, y que contó con la firma de 55 senadores, indicando su preocupación por las salvaguardias aplicadas en Chile a los productos agrícolas, y el grado el cual ellas constituyen un obstáculo a la firma de un TLC con Chile –tratándose de cifras infinitesimales comparadas con los programas de subsidios agrícolas de miles de millones de dólares que se aplican en los propios estados Unidos- indica el fuerte resurgimiento del proteccionismo en ese país, lo que nos lleva al próximo caso, el del acero y la industria brasileña.

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LAS MEDIDAS CONCRETAS DE WASHINGTON EN AMERICA LATINA - LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION BUSH EN LA CONSOLIDACIÓN DE SU INFLUENCIA POLÍTICA ECONOMICA Y MILITAR EN LA REGION.


A partir del año 2,001 se han experimentado dos importantes cambios en el contexto de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina.


Los cambios en EU post 2001


Primero, el presidente George W. Bush asume el poder con una histórica mayoría republicana en ambas cámaras del congreso. Aquello rompe con una tradición histórica de equilibrio de poderes.

El segundo hecho que marco la política exterior fue el atentado del 11 de septiembre de 2001 que fue también el día en que se reunían en Lima los Cancilleres de las Américas para ratificar la Carta Democrática, formalizando el compromiso con esa forma de gobierno en la región, en un documento que daba seguimiento a la Declaración de Santiago de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1991.

Tres elementos definieron la estrategia de la Administración de George W. Bush en materia de política exterior:

Re-jeraquización de prioridades, unilateralismo y consolidación de coaliciones flexibles y tercero la prevención de conflictos vía acciones preventivas particularmente ante estados que amenazan el sistema internacional.

La Re-jeraquización de prioridades se explicito con particular énfasis en el documento The National Security Strategy of the United States publicado en la Casa Blanca un año después del ataque terrorista . En este documento se da particular énfasis al fortalecimiento de alianzas regionales para eliminar el terrorismo global, la anticipación de conflictos vía acciones militares preventivas y el robustecimiento de las capacidades militares y de inteligencia nacional para hacer frente a las amenazas globales .

Un segundo elemento relevante en la política norteamericana es el cambio de acento en su política multilateral . La estrategia de la Administración de George W. Bus para alcanzar sus objetivos de seguridad es mediante la construcción de coaliciones flexibles, esto es, alianzas ad-hoc que le permita dar legitimidad y consolidar sus políticas internacionales en el corto plazo. Finalmente, se explicito una doctrina de ataque preventivo. Esta noción se funda en que no se debe permitir a los enemigos dar un primer golpe. La pregunta fundamental, aquí es cual es el nivel de certeza que tiene un país sobre las amenazas que se cierne sobre este es decir , cuan inminente es aquella amenaza. Mientras en la concepción clásica de legitima defensa se establece que esta debe ser visible, en la doctrina preventiva existe mayor distancia respecto a la inminencia de una amenaza. En efecto, en el documento, preparado por la Casa Blanca se indica que, en el nuevo escenario internacional el concepto de “inminente amenaza” se debe adaptar dado que las nuevas amenazas proveniente de terroristas y estados “rouge “ no son convencionales . Así, se postula que se requiere anticipar la acción de aquellos potenciales enemigos para prevenir mayores daños a la seguridad de dichos país.

En la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, América Latina no es una prioridad esencial. La región ocupa solo tres párrafos en el documento de seguridad nacional. En el primero, se destaca la formación de colaciones flexibles , con países que “comparten nuestras prioridades”, particularmente México, Brasil, Canadá , Chile y Colombia”.

Un segundo párrafo esta dedicado al tema de la drogas y el ultimo delicado a Colombia.


LA POLÍTICA HEMISFÉRICA ENTRE LAS EXPECTATIVAS Y LAS REALIDADES

Frecuentemente, las deliberaciones en torno a la política latinoamericana de los Estados Unidos se plantean en términos del “grado de atención” que el país del norte prestaría a la América al sur del río Bravo, con el supuesto implícito de que “más atención” equivale a “mayores beneficios” para la región. Este supuesto es erróneo; de lo que se trata, naturalmente, no es de la “atención” en sí, sino del tipo de atención y el tipo de políticas que se aplican y de sus efectos en el desarrollo y las instituciones de América Latina.

Un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) a los pocos meses de asumir el cargo, así como el que su primera visita al extranjero fuese a la Tercera Cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Québec, Canadá, a fines de abril de 2001, donde subrayó la necesidad de avanzar hacia un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), fueron parte de este programa, como lo fue el recibir una rápida sucesión de visitas de presidentes latinoamericanos, incluyendo a los de Argentina, Brasil, Colombia y Chile

Hasta aquí, podría decirse, y mientras se tratase de anuncios y expresión de buenas intenciones en relación a compromisos a ser adquiridos en un futuro relativamente indefinido, íbamos bien. Sin embargo, apenas comenzaron a golpear las duras realidades de situaciones críticas en la región, que requerían no ya de la manifestación de buenos deseos ni de palabras de buena crianza por parte de Washington, sino de opciones claras frente a urgencias muy inmediatas, o aun de un seguimiento efectivo a esos compromisos, este cuadro esperanzador comenzó a desmoronarse. Estos acontecimientos han ocurrido después del 11-9, dando pie a la explicación de que la importancia de la región en las prioridades de política exterior de Washington ha disminuido, y de que ello, de alguna manera, daría cuenta de la sucesión de embates que han sufrido distintos países por parte de los Estados Unidos en sus esfuerzos por remontar sus dificultades.

Lejos de reflejar “falta de atención”, las decisiones de política tomadas por el gobierno de los Estados Unidos hacia América Latina reflejan una cierta concepción del orden hemisférico que se aleja cada vez más del de la retórica del libre comercio y las instituciones democráticas a la que nos habían acostumbrado previamente la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y se aproximan crecientemente a la noción de “imperio sin ambages” proliferan al interior y en la periferia de la administración Bush


Nueva ideología estadounidense

Con una Europa que avanza con rapidez en su integración regional, pero que sigue siendo incapaz de proyectar su fuerza militar en forma independiente, tanto dentro como fuera del viejo continente, una Rusia transformada en lo que fue alguna vez la Unión Soviética, un Japón sumido en un estancamiento económico al cual no se le ve salida y una China –tal vez la única potencia que le inspira algún grado de respeto a Washington – aún a varias décadas de poder asumir responsabilidades verdaderamente globales, la pregunta relevante pasa a ser cómo exactamente desempeñar este nuevo rol o, cómo dar el paso “del momento unipolar a la era unipolar”

El presupuesto de defensa de los Estados Unidos, de unos US$350 mil millones de dólares, es superior al de la suma del de los nueve países que lo siguen en materia de gasto militar; y como si ello no fuese suficiente, apenas llega al 3% de su PIB. Ello significa que los Estados Unidos no sólo están en condiciones de equipar y movilizar una maquinaria militar como no ha desplegado país alguno hasta ahora, sino que puede hacerlo con un impacto presupuestario mínimo.

El diagnóstico de los neoconservadores es que los Estados Unidos deben fortalecer su aparato militar, intervenir más activamente en el escenario internacional en defensa de la democracia y los derechos humanos, ocupar (permanentemente, si así fuese necesario) países como Afganistán e Irak, y proclamar sin embargo su condición de nuevo imperio. Como ha señalado Robert D. Kaplan, otro de los prominentes ideólogos de la “escuela imperial” en un libro reciente: “Mientras más exitosa sea nuestra política exterior, mayor será el impacto y la influencia de los Estados Unidos en el mundo, y más probable será que los historiadores del futuro nos mirarán tanto como un imperio como una república, por distintos que seamos de Roma y de todo otro imperio en el curso de la historia”.

Una línea tajante entre los “buenos” y los “malos” (potencialmente, el resto del mundo), una preferencia decidida por la acción unilateral, de la mano de un fuerte activismo internacional son así los componentes clave de este enfoque, que ha encontro un enorme eco en destacados personeros del gobierno del presidente Bush, incluyendo a su vicepresidente, Richard Cheney, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el subsecretario de éste, Paul Wolfowitz. Parte de esta visión implica el evitar a toda costa que otras potencias puedan llegar a amagar la supremacía estadounidense.

Sin embargo, esta óptica no es la única al interior del Partido Republicano. Ella coexiste con la vieja escuela realista, cuyo máximo exponente continúa siendo Henry Kissinger, y que se caracteriza por una mayor dosis de sobriedad y modestia en sus planteamientos respecto del rol de los Estados Unidos en el mundo. Este podrá ser la única superpotencia remanente, pero ello no significa, en esta perspectiva, que pueda ni deba actuar como un “llanero solitario”, las alianzas y coaliciones siguen siendo importantes y facilitan la efectividad de la política exterior de Washington. La noción de que los Estados Unidos pueden darse el lujo de enfrentar al resto del mundo sine die sería no sólo equivocada, sino peligrosa. Ello puede transformarse en una profecía autocumplida, en que el hubris de Washington termina provocando el antagonismo del mundo entero.


La noción de que los Estados pueden enfrentar indefinidamente al resto del mundo no sólo sería equivocada sino peligrosa

En parte, desde luego, la tensión entre ambas visiones se manifestó con posterioridad al 11-9,y continúa expresándose hasta el día de hoy en el debate en torno a irak y al conflicto del Medio Oriente. Mientras “halcones” como Wolfowitz y otros presionaron por un ataque inmediato en contra de Al Qaeda y el gobierno Talibán, Colin Powell y sus colaboradores como el subsecretario Richard Armitage en el Departamento de Estado, insistían en tener antes “todas las piezas en su lugar”; mientras los primeros clamaban por actuar unilateralmente, o sólo con algunos socios, los segundos insistían en forjar una coalición lo más amplia posible (“desde la OTAN hasta la OEA”) para asegurarse las espaldas a los Estados Unidos. Habiendo ganado la guerra en Afganistán e Irak (si bien sin haber logrado dar con su objetivo principal, esto es, Osama bin Laden), las diferencias aun se mantienen.

Los neoconservadores exigen, por una parte, la radicalización en la invasión y ocupación del primero y, por otra, el respaldo incondicional a Israel en su conflicto con los palestinos, mientras que los realistas son más cautos y moderados en ambas instancias.

El presidente Bush adopto una línea ambigua que hasta ahora no le ha dado mayor resultado.

¿Qué tiene que ver todo esto con la política hacia América Latina? Mucho, ya que esta última, como es obvio, no se hace en el vacío, sino que se enmarca dentro del contexto más amplio de los parámetros dentro de los cuales Estados Unidos define el tipo de vinculación que desea desarrollar con el resto del mundo.

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LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS QUE LA PERÚ HA ADOPTADO PARA PREVENIR Y REPRIMIR LA FINANCIACIÓN DE LOS ACTOS TERRORISTAS Y LAVADO DE DINERO – LA EXPERIENCIA DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

El Perú a través de la Resolución Legislativa N° 24811 del 12 de mayo de 1988, aprobó la "Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional", adoptada el 2 de febrero de 1971 en la ciudad de Washington D.C. y suscrito por el Perú el 8 de noviembre de 1984.

Asimismo, esta figura delictiva estaba prevista en el Código Penal, la misma que fue modificada por la Ley 24651 del 19 de marzo de 1987 y otras posteriores, las cuales fueron objeto de nuevas modificaciones con la expedición del Decreto Legislativo N° 635, de abril de 1991, que aprobó el Código Penal.

Esta normatividad fue a su vez modificada al poco tiempo, por la expedición del Decreto Ley N° 25475, del 5 de mayo de 1992, que establece la "Penalidad para los Delitos de Terrorismo y los Procedimientos para la Investigación, la Instrucción y el Juicio", en el que, entre otros aspectos, se previene y reprime la financiación de los actos terroristas. El referido Decreto Ley se encuentra vigente.

Dicho Decreto Ley, en su artículo 4, referido a los " Actos de Colaboración ", señala:

"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años, el que de manera voluntaria obtiene, recaba, reúne o facilita cualquier tipo de bienes o medios, o realiza actos de colaboración de cualquier modo favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en este Decreto Ley o la realización de los fines de un grupo terrorista".

Del mismo modo, el citado artículo define como actos de colaboración, entre otros supuestos:

" ...cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas".

Este artículo es aplicable sólo a personas que no pertenecen al movimiento terrorista, debiendo entenderse que pasan a pertenecer al mismo cuando han prestado su colaboración de manera reiterada, en cuyo caso la penalidad es más severa.

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 084-2001-RE, publicado el 6 de noviembre de 2001, el gobierno del Perú ratificó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

Tal como se mencionó en el párrafo anterior, en el Perú "...cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 20 años".

Del mismo modo, a la fecha existe en nuestro Código Penal la tipificación que hace el Art. 296-B, modificado por ley 27225 del 17 de diciembre de 1999, que contempla el lavado de activos proveniente del narcoterrorismo; siendo la condena a imponerse la de cadena perpetua.


Legislación y qué procedimientos existen para congelar cuentas y activos en bancos e instituciones financieras.

En el Perú, a partir del 14 de septiembre de 2000, se fueron denunciando graves hechos de corrupción en los más altos niveles de los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas. A nivel del Congreso de la República, Ministerio Público y Poder Judicial, se iniciaron investigaciones que presentaban limitaciones legales para su desarrollo; consecuentemente, se promulgaron nuevas leyes para dar eficiencia a las actuaciones que buscaban esclarecer los hechos de corrupción, y entre las medidas adoptadas, algunas guardan relación con las interrogantes planteadas en este inciso. Así tenemos:

Ley N° 27379 "Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares" (que contempla el delito de terrorismo) promulgada el 20 de diciembre de 2000.

La referida Ley, en su Art. 1°, Ámbito de Aplicación, señala: "La presente Ley está circunscrita a las medidas que limitan los derechos en el curso de investigaciones preliminares, de carácter jurisdiccional. Las medidas limitativas previstas en la presente Ley, podrán dictarse en los siguientes casos: "... (inciso 3) entre los que se encuentran los Delitos de Terrorismo previstos en el Decreto Ley 25475...". Se incluye dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, aquellos (delitos) que son cometidos por una pluralidad de personas o por organizaciones criminales cuando en su realización se haya utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el conocimiento o aquiescencia de éstos. También alcanza a los Delitos Contra la Administración Pública; Delitos Agravados; Delitos Aduaneros; Delitos Tributarios; siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas o que el agente integre una organización criminal. Se incluyen además a los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas; Terrorismo Especial; Delitos Contra la Humanidad; Delitos Contra el Estado y la Defensa Nacional" .

Luego de definirse el ámbito de aplicación en este artículo 1°, se especifican las medidas limitativas de derechos, durante las investigaciones preliminares, de la manera como sigue:


" Artículo 2° -Medidas Limitativas de Derechos- El Fiscal Provincial, en casos de estricta necesidad y urgencia, podrá solicitar al Juez Penal una serie de medidas limitativas de derechos, entre las que se menciona:

El Levantamiento del Secreto Bancario y de la Reserva Tributaria. "El Fiscal Provincial si decide solicitar estas medidas al Juez Penal, explicará las razones que justifiquen la necesidad de su imposición. El Juez Penal las acordará si resultan necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación. En caso de levantamiento del secreto bancario, la orden comprenderá las cuentas vinculadas con el investigado, así no figuren o estén registradas a su nombre. El Fiscal podrá solicitar al Juez el bloqueo e inmovilización de las cuentas. Esta última medida no puede durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por quince días más, previo requerimiento del Fiscal Provincial y resolución motivada del Juez. En caso del levantamiento de la reserva tributaria, la orden podrá comprender las empresas o personas jurídicas que por cualquier razón están vinculadas al investigado y consistirá en la remisión al Fiscal de la información, documentos o declaraciones de carácter tributario."

Es menester, sin embargo, mencionar que la legislación vigente no contempla la posibilidad de congelar fondos y otros activos financieros dispuestos por organizaciones o entidades internacionales de los cuales el Perú forma parte, sin que exista un mandato judicial.

En ese sentido, el Gobierno peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Banca y Seguros, está promoviendo un proyecto de ley con miras a regular la forma en que deberían implementarse medidas de carácter preventivo sujetas a decisiones o resoluciones que sobre el particular emitan las entidades u organismos de carácter internacional como las Naciones Unidas, las mismas que serán entregadas a la brevedad al Congreso de la República.

Como se mencionó, el Decreto Ley No.25475, tipifica en su Art. 4 los actos de colaboración, mediante el siguiente texto: " Art. 4°. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años, el que de manera voluntaria obtiene, recaba, reúne o facilita cualquier tipo de bienes o medios, o realiza actos de colaboración de cualquier modo favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en este Decreto Ley o la realización de los fines de un grupo terrorista. Son actos de colaboración:

a- Suministrar documentos e informaciones sobre personas y patrimonios, instalaciones, edificios públicos y privados y cualquier otro que específicamente coadyuve o facilite las actividades de elementos o grupos terroristas.

b- La cesión o utilización de cualquier tipo de alojamiento o de otros medios susceptibles de ser destinados a ocultar personas o servir de depósito para armas, explosivos, propaganda, víveres, medicamentos y de otras pertenencias relacionadas con los grupos terroristas o con sus víctimas.

c- El traslado a sabiendas de personas pertenecientes a grupos terroristas o vinculadas con sus actividades delictuosas, así como la prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca la fuga de aquellos.

d- La organización de cursos o conducción de centros de adoctrinamiento e instrucción de grupos terroristas, que funcionen bajo cualquier cobertura.

e- La fabricación, adquisición, tenencia, sustracción, almacenamiento o suministro de armas, municiones, sustancias u objetos explosivos, asfixiantes, inflamables, tóxicos o cualquier otro que pudiera producir muertes o lesiones. Constituye circunstancia agravante la posesión, tenencia y ocultamiento de armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

f- Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas."

Es menester acotar que este artículo sólo es aplicable a los hechos cometidos en territorio peruano.


Legislación u otras figuras delictivas (El reclutamiento de miembros de grupos terroristas y el abastecimiento de armas a los terroristas)

En el Perú, la ley 25475 contiene los principales tipos penales que reprimen el delito de terrorismo. Dicha Ley en su art. 5° reprime al autor por el simple hecho de pertenecer a una agrupación terrorista y en el art. 7° condena la apología al terrorismo; estos dos artículos buscan evitar el reclutamiento de terroristas. Además, se cuenta con el Decreto Ley N° 25880 que reprime la apología al terrorismo por parte de docentes o profesores, con miras a evitar que éstos influyan en sus alumnos.

La Ley 25475 en su art. 4°, inciso e), contempla como acto de colaboración: el abastecimiento de armas, explosivos, etc. con fines terroristas. Este artículo también reprime otro tipo de actos de colaboración. Debe indicarse que se trata de hechos criminales que se efectúen en territorio peruano.

Además, dentro de nuestra legislación existen figuras delictivas como la tenencia ilegal de armas, prevista en el art. 279° del Código Penal, que reprime la fabricación y tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, cuya pena va de 6 a 15 años de privación de la libertad.

Además, el 20 de septiembre de 1996, se promulgó el Decreto Legislativo No.846 (que derogó al Decreto Ley N° 25643), mediante el que se prohíbe la libre importación y comercialización de nitrato de amonio, así como de los elementos que sirven para su elaboración, en cualquiera de sus fórmulas, presentaciones y denominaciones. La posesión no declarada o tenencia ilegal de nitrato de amonio, así como de los elementos que sirven para la elaboración de este producto y su utilización para actos de terrorismo, será pasible de denuncia penal y sancionado, según su gravedad, de conformidad con el Decreto Ley No. 25475. La Policía Nacional, con intervención del representante del Ministerio Público, adoptará las medidas preventivas para evitar o denunciar el ocultamiento de nitrato de amonio.

Del mismo modo, el 31 de agosto de 1992, se promulgó el Decreto Ley N°25707 (regulado por el Decreto Legislativo 846 de 1996) - Declarando en emergencia a nivel nacional, la utilización de explosivos de uso civil y conexos - como parte de la estrategia antisubversiva, con el fin de incrementar las medidas de control en la fabricación, comercialización, transporte, almacenes, uso y destrucción de artefactos explosivos de uso civil y de los insumos utilizables en su fabricación. Se le encargó a la Dirección General de Control de Servicios de seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, del Ministerio del Interior, establecer los mecanismos de control en coordinación con otras autoridades de otros Ministerios.

Así también, en septiembre de 1991, se aprobó el Decreto Legislativo 654 (Código de Ejecución Penal), en el que se establece que los internos por delitos de terrorismo o traición a la patria están exentos del beneficio de la reducción de la pena por trabajo o educación, lo que no implica que pierdan el acceso a los mismos.


La experiencia de la cooperación interinstitucional

Para efectos de aplicación de las medidas señaladas, la autoridad competente en el Perú es el Ministerio del Interior, que conforme lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 370, del 04 de febrero de 1986, es el organismo público rector de las actividades relacionadas con el Gobierno Interior, Seguridad Interna, Función Policial, Identificación, Movimiento Migratorio y Naturalización y cuenta en su estructura orgánica, con los siguientes órganos ejecutivos:

DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR, órgano rector para el manejo de las Autoridades Políticas a nivel nacional. En el cumplimiento de sus funciones obtiene informaciones que son trasmitidas a los órganos competentes para su manejo y explotación.

DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES y NATURALIZACION, que tiene bajo su responsabilidad el control migratorio y los procesos de naturalización. A ésta se recurre para la obtención de informaciones que son necesarias para las investigaciones de personas nacionales o extranjeras, a fin de establecer su calidad y movimiento migratorio.

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA, que es el órgano rector del Sistema de Inteligencia del Ministerio del Interior y representante del sector ante el Consejo Nacional de Inteligencia. Su finalidad es la de producir inteligencia estratégica para la Alta Dirección del Ministerio, dentro de la cual se incluye el manejo de informaciones por terrorismo.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU, cuya finalidad es garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas.

Cuenta con Órganos de Ejecución (las Regiones Policiales), que son los órganos desconcentrados que permiten la cobertura policial en todo el ámbito territorial; y, con Direcciones Especializadas, que son los órganos técnico-normativo - ejecutivos en asuntos específicos; entre ellas, se tiene a la Dirección Contra el Terrorismo, encargada de la prevención, combate, investigación y denuncia del delito de terrorismo, de conformidad a las normas legales vigentes.


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL, que es la entidad de más alto nivel del control de los Servicios de Seguridad, el control y expedición de licencia para uso de armas, municiones y explosivos de uso civil.

Medidas se están adoptando para prevenir la comisión de actos de terrorismo y los mecanismos de alerta temprana que existen que permitan el intercambio de información con otros Estados.

La Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (PNP), antes mencionada, es la Dirección Especializada que interviene de oficio o a requerimiento de las Jefaturas de Región, con conocimiento y autorización de la Dirección General de la Policía, en todo el territorio nacional para tomar acciones relacionadas con la prevención, la investigación, el combate y la denuncia del delito de terrorismo. En el cumplimiento de sus funciones mantiene permanente coordinación con las otras Jefaturas Especializadas que funcionan en los niveles Regional, Departamental y Provincial.

Para la atención de casos relacionados al terrorismo internacional existe dentro de su estructura orgánica, la División de Terrorismo Internacional La obtención de informaciones se difunde a nivel del Sistema de Inteligencia Policial, Sistema de Inteligencia del Ministerio del Interior y Sistema de Inteligencia Nacional.

Al tomarse conocimiento sobre informaciones que tienen relación con otros Estados, se llevan a cabo las coordinaciones del caso con las partes interesadas, realizándose previamente una evaluación para determinar si existen instrumentos jurídicos internacionales que aceleren los trámites respectivos, manteniéndose las gestiones pertinentes en calidad de reservadas.

Asimismo, en el Perú existe la Fiscalía Superior y Provincial para casos de terrorismo. A través de la Fiscalía Ad Hoc de Terrorismo se coordina, en forma permanente, con la Dirección Nacional contra el Terrorismo a efectos de investigar todos los hechos (tráfico de personas, falsificaciones de pasaportes, visas, tráfico de armas, municiones, explosivos, etc.) que pudieran tener alguna relación con actividades destinadas a apoyar a grupos terroristas. Luego del 11 de septiembre del año en curso se ha ampliado la labor de prevención también a posibles actos de terrorismo internacional; siendo necesaria, para realizar dicha labor ,la reforma de algunas leyes.


Legislación y procedimientos que existen para denegar refugio a los terroristas, como leyes para la exclusión o expulsión de los tipos de personas

En los puestos fronterizos y lugares de llegada y salida (Puertos y Aeropuertos) del Perú, existen oficinas de la Dirección General de Migraciones y Naturalización que ejercen el control de los nacionales y extranjeros que ingresan o salen del país. Esta información se coordina con las Sub unidades de la Dirección de Policía Judicial de la Policía Nacional del Perú, Dirección Especializada que, entre otras funciones, se encarga de dar cumplimiento a los Mandatos Judiciales, con la finalidad de detectar a aquellas personas que por una u otra razón se encuentran solicitadas para su captura o detención y ser puestas a disposición de las autoridades judiciales. También se lleva un registro de los solicitados por Interpol.

La situación de los extranjeros durante su permanencia en el interior del país; es controlada por otra Dirección Especializada de la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Seguridad del Estado, a través de la División de Extranjería. Si en caso se detecta la permanencia irregular de algún ciudadano extranjero, éste es intervenido y puesto a disposición para su expulsión de conformidad a la Ley de Extranjería (aprobada por Decreto Legislativo N" 703, del 14 de noviembre de 1991).

Estos mecanismos administrativo-operativos constituyen los procedimientos normales de control. Si la Dirección Contra el Terrorismo tuviera interés especial o sospechas sobre algún extranjero, coordina con las Direcciones y/o Unidades Especializadas competentes y se establecen operaciones conjuntas especiales para realizar las intervenciones a que hubiera lugar.

Así también tenemos que el art. 30 del Código Penal contempla, para los extranjeros, como una de las penas accesorias a la pena privativa de la libertad, la de expulsión del país. Esta norma es aplicable a sentencias a imponerse por delito de terrorismo.

Además, el Reglamento que ordena la situación jurídica de los Refugiados y Asilados Políticos en el Perú (Decreto Supremo N° 001-85-RE), en su artículo 21° dispone que: "...no se consideran Refugiados a los extranjeros respecto de quienes se tenga motivos fundados para considerar que en su país de origen, en el de su última residencia o en otro, han sido autores de grave delito común que debe ser perseguido internacionalmente, en forma especial los de terrorismo y narcotráfico."


Procedimientos y mecanismos existen para proporcionar asistencia a otros Estados.

En el ámbito internacional, el Perú ha suscrito una serie de acuerdos con algunos Estados para facilitar acciones de coordinación y de intercambio de informaciones. Sin embargo, aún cuando no exista acuerdo con el Estado involucrado, el Perú puede actuar basado en el principio de reciprocidad internacional.

Entre los Acuerdos existentes, podemos mencionar los siguientes:

- Con Colombia, el "Convenio sobre asistencia judicial en materia penal", suscrito en Lima el 12 de julio de 1994.

- Con Venezuela, el "Convenio sobre ejecución de sentencias penales", suscrito en Caracas el 12 de enero de 1996.

- Con los Estados Unidos, el "Tratado de extradición", suscrito en julio del 2001. Con Canadá el "Tratado de asistencia judicial en materia penal", suscrito el 27 octubre de 1998; también tenemos el "Tratado de extradición con Gran Bretaña", suscrito en 1904 y aplicable al Canadá como miembro de la Comunidad Británica de Naciones; pudiendo mencionarse también el "Tratado sobre ejecución de sentencias penales", suscrito en abril de 1980.

- Con Guatemala, el" Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal", suscrito el 16 de abril de 1998.

- Con El Salvador, el " Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal", suscrito el 13 de junio de 1996.

- Con Cuba, el " Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal", suscrito el 15 de febrero de 1999. "

En el Perú se han capturado a terroristas de otros países y se han coordinado acciones con las respectivas Embajadas, a nivel de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la ejecución de acciones de gobierno a gobierno.

Asimismo, miembros de la Policía Nacional del Perú han viajado al extranjero para coordinar aspectos operativos contra el terrorismo. Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en Bolivia, en 1995 con ocasión del secuestro del Ex Ministro de Industrias de ese país, en el que tuvieron participación elementos de la Organización Terrorista "MRTA", operativo que culminó con la captura del 80% de los responsables. Luego, en 1997, el intercambio de informaciones entre Perú y Bolivia, permitió la captura en ese país de Junzo Okudaira, integrante del Ejercito Rojo Japonés.

En la práctica, en el combate contra el terrorismo, se llevan a cabo frecuentes intercambios de información, a nivel internacional, por medio de la INTERPOL.


Formas que se impide la circulación de terroristas en los controles fronterizos del país y que medidas existen para evitar la falsificación de documentos de identidad y de viaje.

Existe en el Perú un sistema de control migratorio. En los grandes centros poblados se cuenta con una infraestructura relativamente adecuada, como la existente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

Estos controles se ejercen para impedir la circulación de terroristas en el ingreso y salida del Perú. Sin embargo, son un tanto limitados, pues en muchos casos se realizan por chequeo manual por parte de los Funcionarios de Migraciones. Asimismo, la Policía Nacional del Perú cuenta con un listado (en algunos lugares informatizado y en otros es un listado físico manual) sobre las personas que se encuentren solicitadas, con órdenes de captura o de detención por parte de las Autoridades Judiciales y por Interpol.

En el pasado se han descubierto organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes, que burlan los controles fronterizos, dan protección en el interior del territorio y hasta facilitan la formalización de documentos y/o dan facilidades para el traslado a otros países. Estas redes criminales son las que eventualmente podrían ser utilizadas por los terroristas para poder ingresar, permanecer y salir del Perú.

También se tiene conocimiento de que las organizaciones terroristas cuentan con "Centros de Documentación", donde se falsifican documentos que posibilitan el cambio de identidad, la condición migratoria, e incluso, llegan a utilizar esos documentos falsos para obtener, por medios legales, otros documentos expedidos oficialmente.

Otra modalidad utilizada por los terroristas es la obtención de documentos falsificados o adulterados. Recuérdese que en 1995, la terrorista del Ejército Rojo Japonés de apellido Akita, capturada en Rumanía, portaba un pasaporte peruano a nombre de María Yamamura, el cual había sido expedido oficialmente, pero fue posteriormente robado, en la ciudad de Lima -Perú.

Los pasaportes peruanos son fabricados contando con los elementos de seguridad aceptados internacionalmente, pero las limitaciones presupuestarias aún no permiten establecer un control sistematizado al 100%, lo cual hace que los controles puedan ser vulnerados.

Cabe señalar que actualmente, al igual que en otros lugares del mundo, en Sudamérica se encuentran en marcha varios procesos de integración que promueven la creación de Mercados Comunes con el consecuente libre tránsito de personas, medida que dificultaría un estricto control de los movimientos migratorios entre países vecinos, lo que obligará a tomar medidas conjuntas para evitar la circulación de elementos terroristas.


Resolución N° 1373, Párrafo Dispositivo N° 3

Incisos a), b) y c ): ¿ Qué medidas se han adoptado para intensificar y agilizar el intercambio de in- formación operacional en las esferas indicadas en estos incisos?

No se han adoptado medidas especificas en adición a las ya existentes. Además, el Perú reitera su disposición de cooperar con las Naciones Unidas en todo lo que esté a su alcance, tal como lo expresará el señor Presidente de la República en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que se ha concretado con la elección del coronel Benedicto Jiménez como miembro del Grupo de Expertos que asesorará al Comité de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad.

Asimismo, el Ministerio del Interior, a través de sus Direcciones Generales, específicamente de la Policía Nacional del Perú; de Migraciones y Naturalización, y de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, están en aptitud de proporcionar informaciones y prestar su cooperación, tanto en el ámbito administrativo como operativo, cuando así sea solicitado.

Inciso d) ¿ Cuál es la intención de su gobierno acerca de la firma y ratificación de los Convenios y Protocolos a que hace referencia en este inciso?

El Perú, con ocasión de la participación del señor Presidente de la República en el Debate General del 56° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha cumplido con depositar los instrumentos de ratificación de los siguientes instrumentos internacionales: "Convenio para la represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas" y "Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo", con cuyos depósitos, ha ratificado los 12 Convenios que, hasta la fecha, se han promovido en el seno de las Naciones Unidas.

Inciso e) Facilite cualquier información pertinente sobre la aplicación de los Convenios, Protocolos y resoluciones a que se hace referencia en este inciso

El gobierno peruano se encuentra promoviendo la legislación interna pertinente a efectos de dar cabal cumplimiento a todos los Convenios Internacionales y resoluciones del Consejo de Seguridad, en materia de terrorismo.

Inciso f) ¿Qué legislación, procedimientos y mecanismos existen para asegurarse de que los solicitantes de asilo no hayan participado en actividades terroristas antes de conceder el estatuto de refugiado?

Mediante la citada Ley de Extranjería (Decreto Legislativo N° 703), se establecen las normas para el ingreso, permanencia, residencia y control de extranjeros en el territorio de la República y se regula su situación jurídica en el mismo. En los artículos 29° y 30° de la mencionada Ley, se prohíbe el ingreso al país de los extranjeros prófugos de la justicia y que se encuentren procesados en el extranjero por delitos tipificados como comunes en la legislación peruana, que merezcan prisión o penas de mayor gravedad, como es el caso del delito de terrorismo.

Inciso g) ¿Qué procedimientos existen para evitar que los terroristas abusen del estatuto de refugiado?

La misma Ley de Extranjería regula en su artículo 44° que el Ministerio de Relaciones Exteriores, previa calificación y de conformidad con la Ley y con los convenios vigentes para la República, podrá otorgar la calidad de asilado político y refugiado a los extranjeros que la soliciten y determinará la pérdida de la misma. Asimismo, existe un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio del Interior en lo relativo a la Dirección General de Migraciones y Naturalización, en donde se detallan entre otros procedimientos, el de control migratorio de ingreso y salida de extranjeros.

Inciso c)
¿Se proyecta ampliar los alcances de la Ley N° 27379, referida al congelamiento de fondos y otros activos financieros durante las investigaciones judiciales preliminares, de manera que el congelamiento de fondos pueda decretarse también durante la etapa de investigación policial?

Respuesta:
Sobre el particular, no existe proyecto de ley alguno destinado a permitir que, en la etapa de investigación policial, pueda ordenarse el congelamiento de fondos y otros activos financieros depositados en empresas del sistema financiero.

Tal como se ha señalado en el primer Informe presentado por el Gobierno peruano, la legislación vigente requiere de una autorización judicial para inmovilizar o embargar fondos depositados en las empresas del sistema financiero, en razón a que dicha medida constituye una restricción al derecho de propiedad, el cual, a su vez, constituye un derecho fundamental garantizado por la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. En tal sentido, incluso la Ley N° 27379, Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares de carácter jurisdiccional, norma que se dio a raíz de la lucha anticorrupción involucrando en la misma los delitos de Terrorismo y TID; la misma que restringe determinados derechos para permitir una investigación prejudicial, exige que tales limitaciones de derechos, entre los que se encuentra el congelamiento de fondos, sean dispuestos por un juez.

Asimismo, se ha efectuado un gran avance al crearse la Ley Nro. 27693 que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera, norma que se encuentra enlazada Al Art.375-381 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros Ley Nro.26702.

Cabe indicar que en el Perú las investigaciones preliminares se encuentran a cargo del Ministerio Público, el cual trabaja en forma coordinada con la Policía Nacional, por lo que la responsabilidad de la inmovilización de recursos previa a un proceso, recae en este órgano constitucional, el cual, para medidas que requieren limitar los derechos de las personas, ha de solicitar la respectiva autorización del juez.


- El Comité desea conocer los progresos realizados con relación al proyecto de ley referido a la forma en que deberían implementarse medidas de carácter preventivo, tales como el congelamiento de fondos, dispuestas por entidades u organismos internacionales, como es el caso de las Naciones Unidas. Específicamente, el Comité solicita información respecto a: (i) si en dicho proyecto de ley se contempla la obligación de las instituciones financieras y otras personas y entidades de monitorear y reportar operaciones para prevenir transacciones económicas y financieras con fines terroristas o para la comisión de otros delitos; (ii) medidas para asegurar que fondos y otros recursos económicos captados para fines religiosos, culturales o de caridad no sean empleados para otros propósitos, particularmente para el financiamiento de terrorismo; y (iii) la regulación sobre sistemas alternativos de envío, incluyendo sistemas del tipo conocido como Hawala o similares.


Respuesta:
El referido proyecto se encuentra siendo objeto de una nueva revisión, para lo cual, se vienen sosteniendo reuniones intersectoriales y, una vez culminado este trabajo, se presentará como propuesta para formar parte del ya citado Texto Único Ordenado de Leyes Antiterroristas.

Sin perjuicio de ello, las solicitudes de congelamiento de fondos y otros activos financieros, enviadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el marco de lo establecido por las Resoluciones N° 1333 y 1373, han sido remitidas a las empresas del sistema financiero del país, con la finalidad de que informen si las personas y organizaciones incluidas en dichas listas mantienen fondos en el sistema financiero; asimismo, se ha requerido a tales empresas que comuniquen a las autoridades correspondientes cualquier transacción sospechosa que se realice con los referidos fondos, de conformidad con lo establecido por el artículo 378° de la Ley N° 26702, que más adelante se detalla.

Con relación a la información específica solicitada, debemos señalar que el mencionado proyecto de ley no contiene ninguno de los aspectos señalados por el Comité.


- Asimismo, en relación a si alguna de las materias anteriormente mencionadas son tratadas por las leyes vigentes.


Respuesta:
Al respecto, se hace de conocimiento del Comité que el artículo 378° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702, contempla la obligación de las empresas del sistema financiero de informar las transacciones sospechas de las que tome conocimiento y que puedan tener relación con alguna actividad ilícita. Específicamente, dicho artículo establece lo siguiente:

1) Las empresas del sistema financiero deben prestar especial atención a todas las transacciones, efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas, ya todos los patrones de transacciones no habituales ya las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente.

2) Al sospechar que las transacciones descritas en el numeral 1° de este artículo pudieran constituir o estar relacionadas con actividades ilícitas, las empresas del sistema financiero deben comunicarlo directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Adicionalmente, el 12 de abril del 2002 se ha publicado la Ley N° 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, una institución pública especializada en recibir información sobre transacciones sospechosas realizadas a través de empresas financieras, empresas de seguros, casinos, sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades agentes de bolsa, almacenes generales de depósito, agentes de aduanas, bolsas de valores, entre otras, con la finalidad de analizar dicha información y comunicar a las autoridades jurisdiccionales correspondientes aquellas operaciones que hagan suponer la existencia de lavado de dinero o de activos.

Asimismo, se hace referencia al segundo párrafo del artículo 3° de la Ley N° 27765, ya antes citado, el que agrega la siguiente precisión:

"La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o el narcoterrorismo."



Inciso g)
Por favor, describa el mecanismo para la coordinación interagencias, entre las autoridades responsables del control de narcóticos, investigación financiera y seguridad, en particular a lo relativo al control de fronteras.

En lo que respecta a la Dirección General de Migraciones y naturalización, es el Órgano de la Alta Dirección, que administra coordina y controla el movimiento migratorio de nacionales y extranjeros; expide pasaportes comunes y salvoconductos; y otorga cartas de naturalización de acuerdo con la Ley y Políticas del Gobierno, y tiene como función dirigir, coordinar y controlar el movimiento migratorio de nacionales y extranjeros, por los lugares autorizados de ingresos y salidas del país, estipulado por el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial N° 0829-95-IN-0103050000000 del 04JUL95.

- El informe menciona la existencia en el Perú de problemas prácticos de redes criminales relativas al tráfico de inmigrantes y actividades relacionadas, como la producción de documentos falsos. ¿ Qué se ha previsto para solucionar estos problemas?

¿Cómo viene solucionando la Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN), el problema de tráfico humano y la falsificación de documentos de viajes que pueden ser utilizados para actividades o fines terroristas?

La Dirección General de Migraciones y Naturalización a fin de solucionar el problema de tráfico humano y la falsificación de documentos de viaje que pueden ser utilizados para actividades o fines terroristas, viene realizando las siguientes acciones:

a) En coordinación con el Poder Ejecutivo, se impulsó la modificación del Código Penal (capítulo IV Art. 303 A del Código Penal, capítulo incorporado mediante Ley 27202, el 15NOV99), para reprimir penalmente a las persona dedicadas al tráfico de migrantes; esta norma permite a la DlGEMIN, colaborar con la Policía Nacional para el seguimiento, detección e investigación del caso de tráfico de migrantes, y también promueve la designación de un representante de la Fiscalía de la Nación (Fiscal Permanente) para casos de tráfico de personas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

b) Se viene capacitando y dictando cursos a todo el personal de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, en la Sede Central, Puerto Callao y las Jefaturas de Migraciones en Provincias sobre temas de "documentación Fraudulenta", con colaboración de Consulados acreditados en el Perú.

c) Se ha aprobado el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos 2002 (TUPA-2002-DIGEMIN), en el cual aplicando los principios administrativos de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se ha establecido requisitos esenciales y simple que toda persona puede cumplir con presentarlos y obtener y revalidar su pasaporte con toda facilidad, así como obtener una calidad migratoria y permanencia o residencia en el país por parte de ciudadanos extranjeros

d) Se ha suscrito Convenios Bilaterales con los países de Argentina y Bolivia a efectos que los extranjeros irregulares (nacionales de una de las partes) dentro del país puedan regularizar su situación migratoria y permanencia o residencia en el país por parte de ciudadanos extranjeros.

e) Con la aprobación de la "Convención de las Naciones Unidad Contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y sus dos protocolos adicionales "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños" y "Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire" por el Congreso de la República, la DIGEMIN, es una de las instituciones que viene colaborando con los fines que persigue dicha Convención, aunque esta aun no se encuentre en vigencia.

- Dando por sentado que esos problemas existen a pesar de que los pasaportes peruanos son “producidos utilizando los mecanismos de seguridad internacionalmente aceptados". ¿qué otras medidas están siendo tomadas o se han pro- puesto para prevenir la falsificación de, y la alteración, de pasaportes y otros documentos de identificación?.

Los mecanismos de seguridad que viene utilizando la Dirección General de Migraciones y Naturalización para prevenir la falsificación y la alteración de pasaporte y otros documentos de identificación.


- Verificación de la identidad del solicitante consultando sus datos con RENIEC.

- Verificación física o secundaria de documentos presumiblemente falso por la Unidad de Coordinación, Identificación y Seguridad DIGEMIN.
Verificación de documentos de identidad mediante el uso de la luz ultra violeta.

- El sistema informático permite la actualización y consulta de los pasaportes expedidos, revalidados y anulados a nivel nacional.
Medidas de Seguridad del Pasaporte:


° A Simple Vista:
a) En la página de datos (paginas 2) contiene una foto fantasma del titular.

b) Impresión en intaglio en la Contra Carátula y Contra Tapa e imagen latente.

c) Fibrillas de seguridad en colores azul y rojo en todas la páginas.

d) Hologramas del Escudo Nacional del Perú en la lámina de seguridad.

e) Doble costura de seguridad en el pasaporte (libro).

f) Marca de Agua de Seguridad en el pasaporte (libro ).


° Con Ayuda de Equipo Especial:


a) Frase "República del Perú", sensible a la luz ultravioleta impresa en todas las páginas, inclusive en la contra carátula y contra tapa.

b) El color del número del pasaporte que está en la primera página cambia de color cuando se somete a la luz ultravioleta.

c) La numeración de la páginas es visible a la luz ultravioleta.

d) Micro impresión en la Contra Carátula y Contra Tapa.

e) Micro textos en la lámina de seguridad.

f) Hilo de costura cambia de color con la luz ultravioleta.


¿Cómo asegura el Perú sus fronteras contra las penetraciones no autorizadas, particularmente en las áreas donde el territorio podría ser usado como un santuario para grupos activos en países vecinos?

El Perú asegura sus fronteras contra la penetración no autorizada, a través de la Institución de la Policía Nacional del Perú, Institución que tiene por finalidad fundamental de conformidad al Art. 166 de la Constitución Política del Perú, entre otras vigilar y controlar las fronteras. Asimismo la Ley 27238 (Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú) Art. 7 numeral 8 establece. como funciones de la Policía Nacional del Perú, vigilar y controlar las fronteras, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el control migratorio de nacionales y extranjeros. Por otro lado el Artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, dispone en el numeral 9.1, como funciones de la PNP, vigilar y controlar las fronteras del territorio nacional, actuando además como agente de integración y desarrollo.

Párrafo dispositivo 3

Incisos a), b) y c)


¿Existe un mecanismo institucional para la implementación de los incisos a), b) y c) de el párrafo 3 de la Resolución?

Respuesta:

En relación al párrafo a), se ha dado un primer paso en materia de coordinación con la Comisión Intersectorial encargada de la evaluación del tema terrorismo, a fin de dar mayores alcances para las modificaciones pertinentes a la legislación nacional sobre dicho tema.

Respecto al párrafo b ), cabe mencionar que debido a los pocos convenios existentes sobre esta materia, se utiliza más la reciprocidad internacional, la que varía en la práctica, de acuerdo a cada caso.

En relación al inciso c), cabe destacarse que en las reuniones de los Órganos de Consulta de la Organización de Estados Americanos (O EA), el Perú promovió que dicho organismo apruebe una nueva Convención Interamericana contra el Terrorismo, cuyo texto fue adoptado y suscrito por los Estados miembros de dicho organismo, el 3 de junio pasado durante la XXXII Asamblea General de la o EA realizada en Barbados; en el Perú, dicho Convenio se encuentra en proceso de ratificación.

Respecto a los listados de los Convenios peruanos, por favor ver anexos 1 y 2


Inciso d)
- El Comité observa que el Perú ha ratificado los 12 convenciones y protocolos internacional relevantes relacionados con el terrorismo. El Comité apreciaría un informe sobre el progreso del Perú respecto a la promulgación de legislación, y otros cambios necesarios, a fin de implementar esos instrumentos internacionales.


Respuesta:
A la fecha el Perú tiene amplia experiencia de combate al terrorismo, siendo su normatividad descriptiva de dicho ilícito lo suficientemente clara y abierta, describiéndose en forma precisa sus elementos constitutivos y la finalidad de! mismo, siendo abierta su redacción, en tal sentido diversas actividades delictivas pueden ser comparadas con tal definición, no existiendo temor a confusión con otras figuras delictivas como el Robo, Daños al Patrimonio u otros.

Asimismo a la fecha no se ha implementado la normatividad punitiva interna de conformidad a los Convenios suscritos, en razón de no haberse presentado en territorio peruano los hechos regulados en el Convenio de Montreal, Convenio de la Haya, Convenio sobre actos cometidos a bordo de aeronaves, Contra la Seguridad de Plataformas, Aviación Comercial Internacional, Protección de Materiales Nucleares, Seguridad Naves Marítimas, siendo menester señalar que de cometerse dichos ilícitos se encontrarían a la fecha previstas en la Legislación vigente, por ser clara y abierta, no siendo necesario emitir leyes casuísticas, sin embargo a la fecha el Estado Peruano se encuentra en proceso de implementación de las mismas, habiéndose efectuado avances significativos esencialmente sobre Financiamiento de Actos de Terrorismo, lo cual también es materia de Convenio.

Empero, es innegable que la delincuencia criminal avanza y se tecnifica, tanto así que adopta nuevos métodos y formas en su ejecución, inclusive utiliza nuevos instrumentos y medios para cometer el delito, con la finalidad de lograr su objetivo y fines; e! terrorismo, no es ajeno a ello, los actos perpetrados mundialmente con fines terroristas, hoy en día constituyen la utilización de métodos y medios de gran efecto destructivo, que pueden poner en riesgo inclusive la existencia humana, tanto es así que algunas organizaciones terroristas pueden estar fabricando armas de destrucción masiva (armas químicas, biológicas, nucleares, entre otras), por ello se considera que el Estado Peruano, debe protegerse de esta amenaza mundial, y propiciar la promulgación de normas legales que enfrenten estas amenazas, en ese sentido, se encuentra siendo evaluado y discutido por el Congreso de la República el proyecto de Texto Único Ordenado de legislación antiterrorista antes mencionado, a efectos de prescribir taxativamente todas las obligaciones del Estado peruano.


Inciso e)
¿Los crímenes señalados en las convenciones y protocolos internacionales han sido incluidos como delitos extraditables en tratados internacionales de los cuales el Perú es parte?


Respuesta:
Los tratados que sobre la materia tiene el Perú son de dos clases:

1. Cerrados.- Como el que tenemos con Estados Unidos. En este caso hay un listado de delitos, y su enunciado se aplica sólo a dichos delitos.

2. Abiertos.- Como el que tenemos con Ecuador. Está abierto a toda clase de delitos, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos generales: que el delito no sea de naturaleza política, que merezca una pena de más de un año de prisión, que la acción penal no haya prescrito, etc.

Respecto a los tratados de carácter cerrado, podemos decir que no pueden incluir delitos que no tenían originariamente en sus listas y, hasta el momento, no han habido intentos de modificar estos tratados para adaptarlos a las Resoluciones del Consejo de Seguridad.

En relación a los tratados de carácter abierto, éstos no necesitan modificación alguna, ya que su apertura misma permite la inclusión del delito de terrorismo o delitos conexos en las solicitudes de extradición correspondientes. El único problema es el principio de doble incriminación: si ambos países no prevén dentro de sus normas las figuras delictivas correspondientes, entonces no podría concederse el pedido.


VI

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL PERÚ EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA COOPERAR EN LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS

PREÁMBULO


Reconociendo la necesidad de adoptar medidas estrictas y rigurosas para prevenir y eliminar el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas:

Teniendo en cuenta que el lavado de dinero proveniente del tráfico estupefacientes y sustancias sicotrópicas, constituye un problema a a las comunidades de ambos países:

El gobierno del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América, delante se denominarán las «Partes», desean erradicar el lavado mediante una cooperación mutua y adecuada, considerando la convención de las naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, del 20 de diciembre de 1988, y de la ión de Cartagena, del 15 de febrero de 1990, han acordado lo siguiente:


ARTÍCULO I: DEFINICIONES

1. Por «moneda» se entiende todo dinero en moneda y papel moneda que aya designado como moneda de curso legal y que circule y se use y acepte ordinariamente como medio de intercambio en el país de emisión. La moneda comprende los certificados de plata de los Estados Unidos, los billetes de banco de los Estados Unidos y los billetes de curso legal del Perú, así como los billetes oficiales de banco de otros países que se usen y acepten ordinariamente como medio de intercambio en el país de emisión.

2. Por «transacción monetaria» se entiende toda operación «con moneda» que se efectúa en, y por medio de una institución financiera, que exceda de 10,000 dólares estadounidense o su equivalente en moneda extranjera.

3. Por «información sobre una transacción monetaria» se entiende los datos registrados y los informes elaborados por una institución financiera, concerniente a una «transacción monetaria» que exceda de 10,000 dólares estadounidenses o su equivalente en moneda extranjera. Esa información deberá comprender por lo menos:

a) La identidad de la persona o personas que realicen la transacción, incluyendo el nombre y la dirección, comprobados mediante la presentación de documentos de identidad fidedignos, la empresa o profesión, y cualquier otro dato que sirva de identificación;

b) Si quien o quienes realizan la transacción lo hacen en nombre de otra persona natural o jurídica, se debe adoptar medidas razonables para conocer la identidad de esas otras personas, incluidos nombre y dirección, empresa o profesión, y cualquier otro dato que sirva de identificación;

c) La cantidad, fecha y clase de la transacción;

d) La cuenta o cuentas afectadas por la transacción;

e) El nombre, la dirección, la clase de institución financiera donde se ha realizado la transacción y los respectivos números de identificación tributaria.


4. Por «Institución Financiera» se entiende todo agente, agencia, sucursal u oficina, ubicados en el territorio nacional de las Partes, y toda entidad bajo la jurisdicción de: para el caso del Perú la Superintendencia ,de Banca y Seguros y de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores; y para el caso de los Estados Unidos del Departamento del Tesoro.

5. Por «Persona» se entiende todas las personas naturales y entidades legalmente reconocidas y todas las organizaciones y grupos económicos no constituidos.

6. Las entidades ejecutoras. del presente Acuerdo son: por Superintendencia de Banca y Seguros; y, por los Estados Unidos de América el Departamento del Tesoro.



ARTICULO II: ASUNTOS MATERIA DEL PRESENTE ACUERDO

1. Las Partes asegurarán que las instituciones financieras bajo la jurisdicción de los organismos operativos y las instituciones financieras sujetas a sus leyes nacionales lleven la información pertinente de cada transacción monetaria y la conserven por un plazo no menor de cinco (5) años.

2. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes o sus representantes designados se facilitarán, en toda su plenitud, la cooperación mutua que precisen para el intercambio de información sobre transacciones monetarias, con el fin de que dicha información sea empleada en el curso de las respectivas investigaciones, procesos o enjuiciamiento penales, civiles o administrativos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el lavado de dinero conexo, así como con otras actividades ilícitas conexas.

3. Al realizar entre las Partes el intercambio de registros sobre transacciones monetarias con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú se asegurará que los registros y demás documentación, salvo los registros oficiales, sean autenticados por la atestación de quien tenga competencia para ello, según el Formulario I adjunto al presente Acuerdo.

4. De conformidad con sus leyes nacionales, las Partes emplearán todas las medidas razonables y ejercerán toda la autoridad que les confieren las leyes pertinentes con el fin de facilitar la cooperación descrita en el presente Acuerdo.


ARTICULO III: SOLICITUDES DE COOPERACION

1. Las Solicitudes de Cooperación deberán hacerse por escrito y en un idioma aceptable por la Parte requerida;

a) Para los Estados Unidos, el idioma aceptable es el inglés,

b) Para la República del Perú el idioma aceptable es el castellano (español)


2. Cada solicitud de cooperación deberá:

a) Presentar un breve resumen de la materia que se examina, investiga o enjuicia o del proceso penal, civil o administrativo que haya sido entablado por una de las Partes o cualquiera de sus respectivas autoridades, para las cuales se busca la información solicitada;

b) Declarar el propósito concreto y el uso que se propone dar a la información solicitada, incluida la identidad de las autoridades de las Partes que tendrá acceso a dicha información;

c) Estar firmada por, en el caso de los Estados Unidos, el Subsecretario para el Cumplimiento de la Ley, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y en el caso del Perú, por el Superintendente de Banca y Seguros o sus representantes designados;

d) Señalar las leyes que se sospecha han sido contravenidas por la persona o personas objeto de la investigación o del enjuiciamiento o contra quienes se haya entablado un proceso penal, civil o administrativo vinculado a las materias del presente Acuerdo y facilitar un resumen del texto de dichas leyes;

e) Declarar el nombre de la persona o personas acerca de la cual se solicita la información, y facilitar todos los datos disponibles que la identifiquen, y

f) Facilitar toda la información disponible relativa a las transacciones monetarias que constituyen el objeto de la solicitud de cooperación, tales como el número de la cuenta(s), el nombre del titular(es) de la cuenta(s), el nombre de la institución financiera(s) participante(s) en la transacción(s), la ubicación de la institución financiera participante y la fecha(s) de la transacción(s).


Las solicitudes de cooperación en virtud de este Acuerdo deberán presentarse a:

a) Para los Estados Unidos:
The Assistant Secretary (Enforcement)
U.S. Department of the Treasury
1,500 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20220;


Y, donde proceda, podrán presentarse a:
Embajada de los Estados U nidos de América;
Lima, Perú
(Para su transmisión al Subsecretario);


b) Para el Perú:
Superintendente de Banca y Seguros
Jr. Huancavelica N° 240
Lima 1 -Perú

Y, donde proceda, podrán presentarse a
Embajada del Perú
1700 Masachusetts Avenue, N.W
Washington, D.C. 20036
Estados Unidos de América
(Para su transmisión al Superintendente) ,


4. En casos de urgencia, las solicitudes de cooperación podrán

hacerse por teléfono, télex, facsímil u otro medio de comunicación. Ellas deberá confirmarse por escrito, las cuales deberán presentarse tan pronto como sea posible pero no más tarde de 14 días útiles después de la solicitud. La solicitud por cualquiera de esas vías deberá hacerse a:

a) Para los Estados Unidos:
Embajada de los Estados Unidos de América
Lima-Perú


b) Para el Perú:
Embajada del Perú en Washington
1700 Masachusetts Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20036
Estados Unidos de América



ARTÍCULO IV: CONDICIONES DE LA COOPERACION

1. Toda la información obtenida en virtud del presente Acuerdo se usará solamente de conformidad con el propósito declarado en la solicitud de cooperación.

2. La información facilitada de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo no se divulgará, revelará o transmitirá en forma distinta de la declarada en la solicitud de cooperación original sin la aprobación previa y por escrito de la Parte requerida o de su representante designado.

3. La solicitud de cooperación en virtud del presente Acuerdo podrá denegarse si es probable que el cumplimiento de la misma perjudique la seguridad, el orden público u otro interés esencial de la Parte requerida. La notificación y las razones de la denegatoria se presentarán oportunamente. La denegación de la solicitud por las razones mencionadas anteriormente no se considerará un incumplimiento del presente Acuerdo.

4. Una Parte podrá aplazar el cumplimiento de una solicitud de cooperación si es posible que ese cumplimiento interfiera con una investigación, un enjuiciamiento u otro proceso penal, civil o administrativo entablado por una de las partes o sus respectivas autoridades. Ese aplazamiento deberá notificarse oportunamente.

Los costos ordinarios incurridos en el cumplimiento de una solicitud deberán ser sufragados por la Parte requerida, salvo que las Partes acuerdan lo contrario.


ARTICULO V: LIMITACIONES
El presente Acuerdo se propone definir la relación entre las partes y establece un mecanismo para la cooperación. El presente Acuerdo no se propone generar conferir nuevos derechos, privilegios o beneficios a alguna persona, tercera parte u otra entidad que no sean las Partes en presente Acuerdo y sus respectivas entidades ejecutoras.


ARTICULO VI: VIGENCIA
El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su suscripción.

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Acuerdo en cualquIer momento después de su entrada en Vigencia, sIempre que la otra Parte reciba el aviso de denuncia al menos con tres meses de antelación.

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